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La dueña de la empresa Santo Domingo, Alison Anisimof, anunció huelga de hambre si es que el presidente de la República, Horacio Cartes no le llama por teléfono para hablar sobre el problema.
Los miembros de la Asociación de Empresarios del Transporte Público de Pasajeros de Ciudad del Este (Asetrapace) marcharon ayer junto con familiares, choferes, dirigentes de la Federación de Taxistas y del Consejo de Trabajadores de la Vía Pública que apoyan el paro, para hacer el mencionado reclamo.
Caminaron sobre la avenida Pioneros del Este, pasaron frente a la Municipalidad y fueron hasta la rotonda Oasis, en el Kilómetro 1 de la Ruta VII “Gaspar Rodríguez de Francia”, donde realizaron una sentada durante cinco minutos.
Los manifestantes pidieron que se intervenga la administración municipal, solicitud que ya fue realizada antes por la Junta Municipal al Ministerio del Interior, y demandaron que cese la persecución y les dejen trabajar.
El presidente de Asetrapace, Nelson Rojas, dijo que los empresarios necesitan que la intendenta firme contratos de concesión de itinerarios de entre 8 y 10 años, para que ellos puedan utilizar ese documento como garantía y puedan negociar la adquisición de nuevos ómnibus para renovar sus flotas de vehículos.
Rojas afirmó que la intendenta declaró desierto el último llamado a licitación para la concesión de itinerarios porque tiene intención de “digitar” a los beneficiarios, de tal modo que la empresa “Alto Paraná”, que legalmente responde al nombre de Vimax, se quede con los mejores recorridos. Esto atendiendo que, según los empresarios de Asetrapace, los dueños de Vimax serían prestanombres de la intendenta y de su marido, el político colorado Javier Zacarías Irún.
Además, según Rojas, la jefa comunal y su esposo –como supuestos dueños de Vimax– pretenderían acceder a los 30.000 dólares que el Gobierno central piensa ofrecer a las empresas de transporte público locales por cada unidad vieja, a fin de que puedan comprar nuevas unidades.
Nelson Rojas refirió que el paro de transporte, que comenzó el jueves, seguirá por tiempo indefinido, incluso cuando les cuesta unos G. 800.000 por día de pérdidas por cada uno de los alrededor de 160 buses que no están circulando.
Aunque según la Asetrapace el paro es total, la empresa “Alto Paraná” –que no es integrante de esa asociación– estaba operando ayer. Además, estaban en servicio interurbano las compañías Tres Fronteras, Matiauda, Trans Paraná y Cedrales Tour, junto con aquellas que llegan desde Minga Guazú y Hernandarias.
La intendenta, a través de un comunicado, dijo que el paro es ilegal y que el objetivo de los empresarios solo es chantajear para que se firmen los contratos sin llamado a licitación, para seguir operando buses chatarra. Manifestó que no accederá a las demandas.
Ya el jueves McLeod había informado que, de ser necesario, se concederá a otros los itinerarios de aquellas líneas que están en paro, “para que no salgan perjudicados los usuarios”.