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La ministra de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), Soledad Núñez, dijo que las invasiones de casas sociales se acrecientan en momentos en que hay “tensiones políticas”, durante una entrevista a ABC Cardinal.
Mencionó que el caso de las 150 unidades habitaciones del Km 10 Acaray no es el único de ocupación ilegal y aseguró que la asesoría jurídica de la entidad accionó como corresponde, así como lo hizo en las más de 3.500 situaciones similares.
En todos casos se sigue la línea de defender el patrimonio público en el marco de la ley, sostuvo Núñez.
En 2012 la Senavitat inició la construcción de 150 casas en un inmueble de Joaquín Idalín Paiva, en el Km 10 Acaray de Ciudad del Este. Las obras quedaron paralizadas por falta de pago al dueño del terreno, quien luego falleció y el predio entró en juicio de sucesión.
Entre la noche del viernes 16 y la madrugada del sábado 17 de setiembre presuntos adherentes del “Clan Zacarías” ingresaron a las casas. Supuestamente fueron alentados por la asesora adjunta de la Municipalidad esteña, Aída Molinas.
La Comuna es administrada por la intendenta Sandra McLeod de Zacarías, esposa del asesor del presidente Horacio Cartes y líder del grupo político familiar, Javier Zacarías Irún.
Molinas es exempleada doméstica del matrimonio McLeod-Zacarías. Además de asesora de la Comuna, es presidenta de la seccional colorada 14 y precandidata a diputada suplente de Justo Zacarías Irún, hermano de Javier y actual gobernador de Alto Paraná.
El abogado Mauro Barreto, en representación de los herederos de Paiva, denunció por invasión a Molinas, McLeod de Zacarías y Zacarías Irún en la unidad del fiscal Julio Yegros.
La ministra fue consultada si buscó reunirse con Zacarías Irún y Cartes para tratar una solución rápida de la invasión de las 150 casas. Núñez respondió: “Te aseguro que el Presidente no avala y no está apoyando ningún tipo de invasión”.
También dijo que no existe certeza de que el “Clan Zacarías” esté alentando la invasión, sino sólo versiones publicadas por la prensa. Insistió en que la asesoría jurídica de la Senavitat está tomando todos los recaudos y que ningún ocupante ilegal será adjudicado.