Cargando...
LUQUE, (Gladys Villalba, corresponsal). La contribuyente Venancia Cáceres denunció que el 11 de octubre último pagó en la Comuna luqueña G. 50 millones, en concepto de impuesto inmobiliario por una propiedad de casi dos hectáreas ubicada en la compañía Tarumandy de esta ciudad. Sin embargo, según la denunciante, le dieron un recibo solo por G. 5.256.532.
Cáceres añadió que fue atendida por una funcionaria identificada como Natalia Insfrán, que le había dicho que como era demasiado dinero lo que tenía en su poder iba a contarlo en una habitación contigua al área de cajas para luego proceder al cobro. De acuerdo a los datos proveídos “la oficina” era del jefe de Impuestos Inmobiliarios de la Dirección de Administración y Finanzas, César Benegas Paredes.
Finalmente y luego de varios días, el intendente Carlos Echeverría (colorado cartista) decidió apartar a los funcionarios César Benegas y Natalia Insfrán de sus respectivos puestos, mientras dure “la investigación y el sumario”, según indicó el jefe de Desarrollo Humano, Arnaldo Baeza. Indicó que este tipo de decisiones tomadas desde la intendencia son normales para evitar “tergiversar la situación”.
Baeza señaló que César Benegas está a disposición de Desarrollo Humano hasta definir a qué dependencia será remitido según el perfil que reúna. Por su parte, Natalia Insfrán que sería la que recibió el dinero de la contribuyente se encuentra en el Juzgado de Faltas en carácter de asistente del cuarto turno, comentó.
La contribuyente relató que regresó a la Municipalidad luqueña para intentar hablar con el intendente Carlos Echeverría, pero no la atendió, mencionó.
Por su parte, el jefe comunal señaló a través de ABC Cardinal luego de conocerse el caso, que es una práctica normal en muchos municipios, “pero sería importante aclarar la situación y llegar a los culpables”, expresó en ese entonces.
Consultado si con eso admite que existen despojos en los municipios, argumentó que si lo hacen es porque muchas personas desconocen que tienen ciertos derechos, como la prescripción de la deuda a los seis años de no pagar el impuesto inmobiliario, lejos de aclarar la denuncia.