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ATYRÁ, Dpto. de Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). Los funcionarios de la Contraloría también descubrieron anomalías en la construcción de aulas y sanitarios, que no cumplen las especificaciones técnicas y de seguridad requeridas.
El trabajo de los técnicos de la institución de control revela que existen sobrefacturaciones por más de G. 57 millones, pagados por equipos y obras con los recursos del Fonacide, a diferentes firmas en forma directa por la administración del exintendente Martín Muñoz (PLRA).
En la Escuela José Eduvigis Díaz de la compañía Mbururu se colocaron ventiladores que según la factura tienen un costo de G. 3.500.000 cada uno. Más caros incluso que un equipo de aire acondicionado que tiene un costo, en algunos casos, menor a los ventiladores mencionados.
La obra ejecutada en el lugar es la de terminación de un aula e instalación eléctrica, por G. 40.500.000, cuyo responsable es Ignacio Rivas Construcciones y fiscalizada por el Ing. Dionisio Martínez, según consta en las documentaciones.
Asimismo, en lo que se refiere a reparaciones de fisuras y mantenimientos realizados en el Colegio Bernardino Caballero, los peritos detectaron una sobrefacturación de 10.749.000 guaraníes, obra realizada por el Arq. Rubén González, con un costo total de G. 59 millones.
Se pudo verificar que hubo malversación en los recursos de Fonacide en la construcción de 300 metros de empedrado de una calle en la zona urbana, que no es un acceso a ninguna institución educativa, contrario a lo estipulado en la Ley 4758/12. En este caso el monto pagado a Ignacio Rivas Construcciones es de G. 139.500.000, por el cual según las verificaciones técnicas se pagaron G. 39 millones de más. La calle construida es el acceso principal a un salón de eventos privado, pagado con el Fonacide.
Alto riesgo
En el informe entregado por la CGR a los concejales, se especifica que la Comuna no cuenta con técnicos ni profesionales para el control de las obras ejecutadas en las instituciones, por lo que el índice de riesgo de seguridad es muy alto. Según los directores de las instituciones, ninguna de las aulas construidas o reparadas fueron verificadas por técnicos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
Asimismo, se pudo comprobar que la verificación realizada por el Ing. Dionisio Martínez, a quien se le pagaron altos honorarios, fue deficiente y no coinciden con la realidad de lo ejecutado.
Por su parte, el exintendente Martín Muñoz, quien se encuentra en plena campaña para una eventual reelección, ante la consulta sobre las sobrefacturaciones en los costos detectadas por la CGR culpó del hecho a los contratistas.