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Lejos de defender la “autonomía” municipal, la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) solo usa a las comunas para recaudar y obtener beneficios económicos para financiarse.
Además, de esquilmar a los contribuyentes con los G. 10.000 por la expedición y renovación de licencias de conducir, la ONG se encarga de recibir los impuestos por las operaciones de transferencias de inmuebles y operaciones de hipotecas de las 250 municipalidades de nuestro país.
Estas operaciones se fundamentan en un simple acuerdo con el Colegio de Escribanos del Paraguay. Sin embargo, la Opaci no forma parte de ninguna estructura del Estado.
El acuerdo se fundamentó en la “comodidad” a la hora de realizar las operaciones.
Según el compromiso, los montos transferidos por los escribanos deben ser entregados en forma inmediata a las comunas, pero, la Opaci maneja estos recursos como propio.
Incluso, en su balance del año 2015, unos G. 17.000 millones en este concepto, figura como crédito interno.
La Opaci, estuvo manejada por el “clan Núñez”, integrada por los hermanos colorados Basilio (asesor político del presidente Horacio Cartes), Óscar (diputado) y Ricardo (último presidente de la entidad), por casi una década.
Los Núñez “renunciaron” en febrero último a la ONG ante las innumerables críticas. Actualmente, la intendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez (ANR) es la presidenta de la organización con “superpoderes”.
Millonarios montos
De acuerdo a los datos, en los últimos años los departamentos con más movimientos por ventas de inmuebles fueron Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa, Chaco y Central.
En la mayoría de los casos los montos por la venta de propiedades fueron millonarios. Según un documento al que accedió nuestro diario, sobre una propiedad en Alto Paraná se pagó unos 3.500.000 dólares por la venta. El 0,20 por ciento en concepto de impuesto por la transferencia de inmuebles, unos 7.016 dólares, terminó en manos de la Opaci (ver facsímil).
Según algunos intendentes, en muchos casos no están ni enterados de estas transacciones y los montos recaudados en nombre de sus municipios. Incluso, dicen que se enteran de las ventas recién cuando los nuevos propietarios acuden para la actualización de los datos.
La Opaci bajo el ropaje de asociación de municipalidades aprovecha para manejar los recursos municipales a su antojo sin ningún control de la Contraloría General de la República (CGR).
Diputados apoyan a ONG
La Cámara de Diputados rechazó el 14 de setiembre último las modificaciones a la Ley 5016/2014 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”. Los cambios propuestos por los Senadores pretendía eliminar algunas atribuciones de la ONG, impuestas en una ley.
Sin embargo, la mayoría de los legisladores decidió ratificarse en la versión original y delegar funciones de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) a la Opaci.
Entre los más fervientes defensores de la ONG estuvieron los colorados Éver Rivas y Dany Durand.
juan.jara@abc.com.py