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IRUÑA, Alto Paraná (Silvia Sosa, de nuestra redacción regional). El juez Hugolino Bogado resolvió, mediante el auto interlocutorio (AI) Nº 83 del 11 de mayo de 2012, ordenar el cambio de carátula de la causa de “hecho punible de abuso sexual en niños, coacción y violación” por “abuso sexual en niños”.
El primer agravante citado tiene una expectativa de pena de 10 años de cárcel, sin admitir una medida alternativa a la prisión, mientras el segundo tiene una sanción máxima de tres años de cárcel.
Además, el juez extinguió el estado de rebeldía de López, con lo cual deja sin efecto la orden de captura y, como si fuera poco, otorgó “medidas alternativas a la prisión” bajo algunas condiciones, como no ausentarse del país o no cambiar de domicilio.
El abogado del procesado, José Gill López, dijo que su defendido se presentó en el juzgado de Iruña el 11 de mayo pasado. Sin embargo, María del Carmen Meza, fiscala de la causa, aseguró que “todo fue montado” por Hugolino Bogado y Gill López. “Las partes deben ser notificadas para oponerse o allanarse al pedido, pero nunca recibí una notificación, por lo que para mí todo sigue como antes”, argumentó.
Destacó que el juez no pudo haber resuelto nada, teniendo en cuenta que está suspendido por la Corte Suprema de Justicia, pero “él alega que no fue notificado por la máxima instancia”. Esa notificación se realizó recién ayer.
Victoriano López está procesado por abuso sexual a una niña de 12 años, hija de una carpera de Ñacunday. La orden de captura contra él fue dictada el 23 de febrero pasado. Desde entonces, el caso fue manejado exclusivamente por el abogado José Gill López.
Sin embargo, hay otra orden de captura contra López, la del juez Cleto Quintana, por invasión de propiedad. Según los datos, ahora estarían buscando la forma de levantar esa medida para que el dirigente de los “carperos” del distrito Ñacunday pueda regresar y retomar el liderazgo del grupo para invadir las tierras del empresario sojero Tranquilo Favero.
Suspendido en el cargo
El juez de Iruña, Hugolino Bogado, fue enjuiciado y suspendido “con goce de sueldo” por la Corte Suprema de Justicia en abril pasado, por haber impedido a la Policía Nacional realizar procedimientos en la búsqueda del prófugo Victoriano López en el campamento de “sintierras” instalado en el inmueble de Tranquilo Favero, en Ñacunday. Llamativamente, la máxima instancia judicial recién ayer le notificó su separación del cargo, por lo que el A.I. con el que benefició a López tiene validez.
Cuando emitió la orden de no ingresar al campamento, Bogado argumentó que se tenía que proteger de hechos violentos a miles de niños instalados en el campamento.