Cargando...
La mayoría de los concejales municipales de Mariano Roque Alonso decidió ayer aprobar la derogación de la resolución N° 134/2010 en la cual se reconoce a la Urbanización Surubi’i como un club de campo. La decisión afecta directamente al sitio creado en el año 1978, hace más de 40 años, y es uno de los primeros en el país de ese tipo.
Según nuestras fuentes, la postura de los ediles comunales sería parte de una maniobra orquestada por el arquitecto Juan María Fadul Niella con el supuesto propósito de desarrollar un proyecto inmobiliario urbano de inclusión social. Sin embargo, no sería más que un populismo para conseguir millonarios fondos de organizaciones no gubernamentales, afirman.
Fadul, que dentro de la urbanización cuenta con tres propiedades y en todas desarrolló sin éxito proyectos inmobiliarios como “SuTuMiNue madre”, “Che la Reina” y otros se alió con el concejal Juan Walberto Zárate (ANR), exintendente destituido en el año 2009 por mal desempeño en sus funciones, para concretar la artimaña.
Afirman que tanto Fadul como Zárate, bajo la excusa de conseguir la apertura de calles y transferencia de espacios públicos a la Comuna, comenzaron una campaña para lograr la anulación de la normativa. El plan incluyó una especie de soborno con la “donación” de lotes, sin cumplir con la superficie mínima establecida en el reglamento del Club de Campo, para los ediles, hurreros e incluso periodistas a fin de conseguir el respaldo necesario (ver cuadro).
Algunos de los “beneficiarios”, cuyos trámites se encuentran muy avanzados en el Servicio Nacional de Catastro (SNC), son Emilio Camacho, candidato para ocupar el cargo vacante que dejó el exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Sindulfo Blanco, y concejales de Mariano Roque Alonso: Félix Arrúa (PLRA), Felipe Brítez (PPC), Cristian Jorgge (PLRA), Rodney “Otto” Orué (PSD), Julián Vega (ANR), Emanuel Verón (ANR) y Juan Walberto Zárate (ANR).
Cosa juzgada
Los ediles, para respaldar su postura de sacar la categoría de Club de Campo, usaron el dictamen del asesor jurídico de la Junta, Meneleo Insfrán. En el documento se menciona que cualquier acción legal que pretenda la Municipalidad para recuperar plazas y espacios públicos no prosperaría por ser extemporánea y existe una sentencia judicial del año 2008. Sin embargo, el asesor afirma que la resolución N°134/2010 del 23 de junio de 2010 se amparó bajo la derogada ley 1294/87 “Orgánica Municipal”. En ese entonces ya estaba vigente la ley 3966/2010 “Orgánica Municipal”, dice.
El concejal Walberto Zárate (ANR) fue el principal defensor de la derogación y habló de una “mala praxis” que ahora se corregía para el buen funcionamiento y “transparencia” de la Junta. Apoyaron los colorados Jorge Candia, Julián Vega, Emanuel Verón; Felipe Brítez y Andrés Caballero, ambos del PPC, y Rodney “Otto” Orué (PSD).
Se abstuvieron los liberales Félix Arrúa, Cristian Jorgge, Delio Saldívar y Rafael Gómez. Además de Santacruz Garay (ANR).