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SAN BERNARDINO, Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). El fiscal José Luis Casaccia imputó a nueve de las 26 empresas que tenía en un listado de infractores por contaminar el lago Ypacaraí con efluentes industriales sin tratamiento. Ayer identificaron a siete firmas más y ya suman 32.
Casaccia mencionó que más empresas serían identificadas y los responsables imputados esta semana.
La cantidad superaría 150 firmas, señaló. Agregó que diariamente reciben informes y actas de intervenciones de funcionarios de la Secretaría del Ambiente (Seam).
Casaccia lamentó la falta de conciencia de los propietarios de las industrias, cuyos desechos contaminan los arroyos que desembocan en el lago. Aseguró que serán implacables a la hora de sancionar a los infractores “sean quienes sean”.
Los imputados se exponen como primera medida a la clausura del local, multas de 50 a 1.500 jornales mínimos y hasta cinco años de pena privativa de libertad. Casaccia indicó, además, que la contaminación del lago Ypacaraí se debe un 20% a las industrias y en un 80% a las miles de viviendas de los 21 municipios que están en la cuenca del espejo de agua.
Desde las casas arrojan residuos cloacales en los afluentes a los recursos hídricos e incluso directamente al lago, explicó.
“Ningún municipio cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario, a excepción de San Bernardino, que tiene un 40% de las viviendas con red cloacal”, refirió Casaccia.
Mencionó que es de suma urgencia que las autoridades comunales inicien de una vez las obras de alcantarillado sanitario. Reconoció que tanto la Seam como la Fiscalía de Medio Ambiente bajaron la guardia en los controles en los últimos tiempos. “Quizás por eso se llegó a esta situación”, dijo.
El fiscal señaló que por todo lo que van encontrando, tienen trabajo para un año. En ese lapso esperan lograr que los responsables de establecimientos se adecuen a las leyes ambientales.
Apertura de canal
El fiscal Casaccia expresó su preocupación por la información de que supuestamente se habría abierto un canal de unos dos metros en la desembocadura del río Salado. Dijo que ordenó que policías y la Prefectura Naval realicen una verificación en la zona.
Ministro, a la Corte
El ministro de Salud, Antonio Arbo, pidió a la Corte Suprema de Justicia tomar medidas contra los jueces que permiten que industrias sin licencia ambiental funcionen con amparos judiciales, contribuyendo a la contaminación del lago.
“En muchos casos, las industrias que vierten sus desechos no cuentan con licencia ambiental de la Secretaría del Ambiente, pero por disposición de jueces se les conceden medidas de amparo, que les permiten seguir desechando efluentes altamente contaminantes”, sostuvo el ministro.