La fiscala ignoró el informe de contraloría que constató una serie de irregularidades, como pagos indebidos, mala utilización de rubros y uso discrecional de los fondos de la municipalidad en contravención a las leyes.

La fiscala Aquino presentó el pasado miércoles al juzgado de Fabriciano Villalba la conclusión de sus "investigaciones, recomendando el sobreseimiento provisional para el intendente y los funcionarios, y el sobreseimiento definitivo para los concejales. Aquino dijo que no hablaría con la prensa hasta el sábado (por hoy) o el lunes.

Según los antecedentes el 9 de junio del 2003, el fiscal Juan Claudio Gaona había presentado la imputación en contra del intendente Germán Villalba, los funcionarios municipales Nelson Peralta, Carlos Patiño Genes, Arsenio Riveros, Juan Carlos Gómez, Mirian Giménez de Torres y Santiago Díaz Díaz. Asimismo, contra los concejales comunales colorados, Juan Ramón Ibarra (cuñado del influyente diputado y candidato a presidente del legislativo, Oscar "Cachito" Salomón), Petrona Arrúa de Presentado, Rubén Duarte, Patrocinio Alonso y Albino Ferrer.

El fiscal Gaona había empezado a investigar a los citados sobre la base de una denuncia presentada por el ex secretario general de la municipalidad, abogado Juan Ramón Villalba, y al cual se sumó el Comité 1 del PLRA con denuncias adhesivas. Así, el Ministerio Público, tras su investigación pertinente, imputó a los funcionarios citados por los delitos de lesión de confianza, estafa, apropiación, producción de documentos no auténticos, exacción y enriquecimiento ilícito.

Además de documentos arrimados por el ex secretario general, que prueban varias de las denuncias realizadas por el mismo, la Contraloría emitió un examen especial practicado al ejercicio fiscal 2002 de la administración municipal, donde se ha comprobado una serie de irregularidades por más de G. 7 mil millones, que inclusive comprometen ingresos futuros de la comuna. Sin embargo, la fiscala no tuvo en cuenta el informe de la Contraloría.

Ahora, el juez penal de garantías, Fabriciano Villalba, debe resolver si confirma o no la conclusión a la que llegó la fiscala. También tiene la opción de pasar el caso al fiscal general, abogado Oscar Latorre, para que él decida si el caso será designado a otro fiscal, a fin de que la investigación pueda proseguir y el caso no quede impune, de comprobarse la defraudación del monto mencionado.

En una entrevista realizada el lunes 5 a la fiscal del caso, Blanca Rosa Aquino, la misma había reconocido que seguía solicitando informes de "urgencia" a la Contraloría, a escasos días para que expire el plazo que tenía para acusar (viernes 9), teniendo en cuenta que el informe final del ente contralor ya había estado en diciembre del 2003.