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La firma habría recaudado más de G. 800 millones en solamente 4 meses de operación.ÑEMBY (Cirilo Ibarra, corresponsal). Desde abril de este año funcionan las cámaras filmadoras instaladas en los semáforos de esta ciudad, sobre la ruta Acceso Sur, para controlar y penar las infracciones de los conductores. Con el argumento de lograr en el menor tiempo eficiencia y seguridad en el tránsito vehicular y peatonal, la municipalidad local creó una ordenanza y firmó un convenio con una empresa privada para esa tarea.
Transgredió en primer lugar la ley de creación de la Policía Caminera, única institución de control de las rutas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). No existe ningún convenio firmado entre la Comuna y la mencionada secretaría de Estado. El Acceso Sur fue construido por el MOPC y, por lo tanto, es propiedad del Estado.
Asimismo, la Comuna no respeta la Ley de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, al contratar un servicio sin licitación ni invitación a empresas para presentar ofertas. Completa su acción de total falta de respeto al Estado utilizando la infraestructura de los semáforos para la colocación de las cámaras.
Con estas violaciones e irregularidades, comienza lo que los conductores llaman "estafa" con las multas establecidas. Los montos oscilan entre G. 722.000 y G. 1.033.000. Las cámaras están en el cruce de la ruta Acceso Sur, en la intersección con el desvío a San Antonio y en el centro de la ciudad, en la calle Manuel Ortiz Guerrero, que va hacia San Lorenzo.
Por ahora, el control es del cruce de la luz roja y el estacionamiento sobre la "cebra" peatonal. Más adelante se incluirán las infracciones de adelantamientos indebidos y exceso de velocidad.
Hasta ahora, las recaudaciones habrían ascendido a G. 800 millones, de los cuales, según el convenio, el 20 % corresponde a la Municipalidad y 80 % restante a la empresa Servicio de Transporte (Sertran SA). La firma, se habría quedado con alrededor de G. 640 millones en tan solo 4 meses.
Registro del automotor
Con el objetivo de llegar a los infractores, se obtiene también el servicio del Registro del Automotor, otra entidad del Estado, porque a través de los números de chapa se consiguen las direcciones de los propietarios de los vehículos. Por correo se envían las informaciones de las violaciones de las leyes de tránsito, como lugar, día y hora, así como el monto de la multa.
El infractor tiene un tiempo de 10 días para abonar con importante descuento, G. 722.000. Pasado el plazo mencionado, debe pagar G. 1.033.000.
Para implementar este sistema de control, la Intendencia y la Junta Municipal asistieron a un encuentro realizado el año pasado en la Argentina, sobre mecanismos para combatir las violaciones a las reglas del tránsito.
Justamente, la sede central de la empresa Servicio de Tránsito SA (Sertran) está en Buenos Aires, que, según el informe que se tiene en la Comuna, es especialista en software, equipos informáticos y tecnología para la seguridad vial. Supuestamente, tiene realizados trabajos en varios municipios y provincias argentinas.
Transgredió en primer lugar la ley de creación de la Policía Caminera, única institución de control de las rutas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). No existe ningún convenio firmado entre la Comuna y la mencionada secretaría de Estado. El Acceso Sur fue construido por el MOPC y, por lo tanto, es propiedad del Estado.
Asimismo, la Comuna no respeta la Ley de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, al contratar un servicio sin licitación ni invitación a empresas para presentar ofertas. Completa su acción de total falta de respeto al Estado utilizando la infraestructura de los semáforos para la colocación de las cámaras.
Con estas violaciones e irregularidades, comienza lo que los conductores llaman "estafa" con las multas establecidas. Los montos oscilan entre G. 722.000 y G. 1.033.000. Las cámaras están en el cruce de la ruta Acceso Sur, en la intersección con el desvío a San Antonio y en el centro de la ciudad, en la calle Manuel Ortiz Guerrero, que va hacia San Lorenzo.
Por ahora, el control es del cruce de la luz roja y el estacionamiento sobre la "cebra" peatonal. Más adelante se incluirán las infracciones de adelantamientos indebidos y exceso de velocidad.
Hasta ahora, las recaudaciones habrían ascendido a G. 800 millones, de los cuales, según el convenio, el 20 % corresponde a la Municipalidad y 80 % restante a la empresa Servicio de Transporte (Sertran SA). La firma, se habría quedado con alrededor de G. 640 millones en tan solo 4 meses.
Registro del automotor
Con el objetivo de llegar a los infractores, se obtiene también el servicio del Registro del Automotor, otra entidad del Estado, porque a través de los números de chapa se consiguen las direcciones de los propietarios de los vehículos. Por correo se envían las informaciones de las violaciones de las leyes de tránsito, como lugar, día y hora, así como el monto de la multa.
El infractor tiene un tiempo de 10 días para abonar con importante descuento, G. 722.000. Pasado el plazo mencionado, debe pagar G. 1.033.000.
Para implementar este sistema de control, la Intendencia y la Junta Municipal asistieron a un encuentro realizado el año pasado en la Argentina, sobre mecanismos para combatir las violaciones a las reglas del tránsito.
Justamente, la sede central de la empresa Servicio de Tránsito SA (Sertran) está en Buenos Aires, que, según el informe que se tiene en la Comuna, es especialista en software, equipos informáticos y tecnología para la seguridad vial. Supuestamente, tiene realizados trabajos en varios municipios y provincias argentinas.