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Por resolución N° 576, del 21 de mayo, la Cámara de Diputados resolvió conformar una comisión especial que estudiará el pedido del Ejecutivo -Mensaje número 93/14- por el cual solicita acuerdo constitucional para la intervención del municipio de Gral. Delgado. De acuerdo al reglamento de la Cámara de Diputados (Art. 166), la comisión deberá estar integrada por diputados de las diferentes nucleaciones, designados en sus respectivas bancadas.
Uno de los argumentos planteados por los concejales que solicitan la intervención es la falta de conocimiento del destino de unos G. 2.155 millones provenientes del Fonacide, desde el 2012 hasta abril de 2014.
De acuerdo a un informe remitido por la directora general de gabinete del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Eva Fleitas de Virgili, al presidente de la Junta Municipal de General Delgado, Natividad Mereles Vega, el 9 de mayo de 2014, en la Dirección de Infraestructura del MEC no existen antecedentes de obras ejecutadas o pedidos de aprobación de proyectos de infraestructura y equipamiento por parte del intendente Benítez.
Niega irregularidades
Por su parte el intendente Florentín rechaza las acusaciones de irregularidades y atribuye las denuncias a una mera cuestión de persecución política.
“No es cierto que esta administración no rinda cuentas. Regularmente se presenta la ejecución a la Junta Municipal, y respecto del destino del dinero, todo está en obras y eso se puede comprobar en el terreno”, dijo.
En otro momento rechazó la legitimidad de la Junta presidida por Mereles Vega (ANR). Dijo que la Junta legal está presidida por Iris Milena Flores de Ayala (PLRA), y que regularmente remite los informes a este cuerpo colegiado.
De acuerdo al edil Dionisio Ibáñez (PLRA), uno de los denunciantes, los problemas con el intendente comenzaron en 2012, cuando la Junta Municipal, de nueve miembros, rechazó por mayoría la ejecución presupuestaria de ese año.
Como consecuencia de esto, cuatro de los nueve concejales, incondicionales al intendente, forzaron el local de la Junta, se llevaron la computadora, biblioratos y muebles y mudaron la sede del cuerpo colegiado a la Municipalidad. No se llevaron el acta de sesiones original, que quedó en nuestro poder, y compraron otro, que es ilegal, así como mudar la sede de la Junta sin una resolución para el efecto, dijo Ibáñez.
Agregó que estos concejales convocaron a los suplentes e instalaron una Junta paralela, todo con el apoyo del intendente.
Desde entonces existen dos Juntas, una la que es legal y otra que es de hecho, pero que tiene la aprobación y el reconocimiento por parte del intendente, indicó.