Cargando...
Devolvió 900 hectáreas al Estado, pero a la fecha aún cuenta con 1.500 hectáreas, por las que no ha pagado. El obispo Mons. Claudio Giménez solo alega la prescripción de la obligación pecuniaria.En 1988, en plena dictadura de Alfredo Stroessner y siendo obispo de Caacupé Mons. Demetrio Aquino, el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), administrado en esa época por Juan Manuel "Papacito" Frutos, adjudicó a la diócesis de Caacupé unas 2.400 hectáreas de tierras, en la jurisdicción de Mbocayaty. De aquellas 2.400 hectáreas, la Iglesia devolvió al Estado paraguayo unas 900 hectáreas, quedándose con unas 1.500 hectáreas de tierra, que hasta ahora son conocidas como "Tupãsy Estancia".
El inmueble en cuestión es individualizado como Lote Fiscal, en la zona denominada Tupãsy Estancia, en el lugar conocido como Riacho Kaaguy, en el distrito de Mbocayaty del Yhaguy, ubicado en el departamento de Cordillera, con Título N° 139.790, Finca N° 271, Padrón N° 313, con una superficie de 1.500 Ha. 7.200 m², cuya adjudicación definitiva fue autorizada por Resolución N° 734 del Consejo, en aquel entonces del IBR, del 28 de abril de 1988.
Sin ser beneficiaria de la reforma agraria, la Iglesia Católica recibió una extensa propiedad y por la cual hasta se le llegó a confeccionar un título de propiedad.
La diócesis debía pagar al Estado la insignificante suma de 15.000 guaraníes por cada hectárea.
Sin embargo, la Iglesia nunca pagó ni un guaraní por las tierras que le fueron adjudicadas, hasta la fecha.
Actualmente, la deuda asciende a la suma de 3.474.236.659 guaraníes.
En defensa de la institución católica, el actual obispo de la diócesis, Mons. Claudio Giménez, alega que la obligación pecuniaria ya ha prescripto, sosteniendo de esta manera que la Diócesis no posee cuenta alguna con el Indert.
Pero en este caso surge la duda, entonces la Diócesis se ha quedado con 1.500 hectáreas de tierras que pertenecen al Estado paraguayo, violando la ley de reforma agraria y sin haber pagado un solo guaraní por el inmueble.
Se entiende, pues, que si la Diócesis fue adjudicada de una cantidad considerable de hectáreas por parte del IBR, hoy Indert, y esta no cumplió con su obligación de deudora, como la misma cuenta con Título de Propiedad N° 139790, tal como indica el artículo citado, entonces se debe proceder a recuperar el terreno adjudicado, al pago total de la deuda o a judicializar el caso, si las circunstancias así lo ameritan.
Actualmente, las autoridades del Indert mediante el estudio jurídico del abogado Héctor Sosa Gennaro está tratando de cobrarle a la Iglesia el monto adeudado. Hasta el momento, el caso está llevándose vía negociaciones para evitar llegar a judicializar.
Las autoridades de Indert se muestran aún muy indecisas al momento de emitir comentarios u opiniones respecto al caso, pues consideran que se debe realizar un análisis profundo y detallado de todos los antecedentes, archivos y documentos que hacen al expediente de la Diócesis. "Vamos a aplicar la ley, pero no puedo preopinar", indicó el presidente del Indert, Eugenio Alonso, cuando fue consultado sobre este caso.
Por su parte, el abogado Pedro López Ibieta, de la asesoría jurídica del Indert, afirmó que se debe analizar primero todo detalladamente, para poder sacar las conclusiones pertinentes.
Lo que dice la ley
El Art. 96 de la Ley 862 (Estatuto Agrario vigente en la época de la adjudicación) dice: "El adjudicatario de un lote o fracción que no estuviere racionalmente explotado y dejare de cumplir con el pago de dos cuotas consecutivas, salvo causa de fuerza mayor, será pasible de sanción en la siguiente forma: b- Si se le hubiere expedido título de propiedad, deberá transferirlo nuevamente al Instituto de Bienestar Rural, y si se negare a ello, se procederá judicialmente".
El obispo de la diócesis, Mons. Claudio Giménez, reconoció que la Iglesia no utiliza el inmueble y que actualmente está siendo arrendada a un ganadero de Caacupé que tiene en el lugar una explotación con unas 500 cabezas de ganado vacuno.
"Es una estancia que nosotros hemos alquilado. Nosotros en este momento no estamos manejando de forma directa esa estancia, que se había conseguido para solventar los gastos del seminario en aquella época, a través del obispo (Mons. Ismael) Rolón, por un lado, y después se hizo cargo para llevar la compra, Mons. (Demetrio) Aquino", señaló el obispo Giménez.
El inmueble en cuestión es individualizado como Lote Fiscal, en la zona denominada Tupãsy Estancia, en el lugar conocido como Riacho Kaaguy, en el distrito de Mbocayaty del Yhaguy, ubicado en el departamento de Cordillera, con Título N° 139.790, Finca N° 271, Padrón N° 313, con una superficie de 1.500 Ha. 7.200 m², cuya adjudicación definitiva fue autorizada por Resolución N° 734 del Consejo, en aquel entonces del IBR, del 28 de abril de 1988.
Sin ser beneficiaria de la reforma agraria, la Iglesia Católica recibió una extensa propiedad y por la cual hasta se le llegó a confeccionar un título de propiedad.
La diócesis debía pagar al Estado la insignificante suma de 15.000 guaraníes por cada hectárea.
Sin embargo, la Iglesia nunca pagó ni un guaraní por las tierras que le fueron adjudicadas, hasta la fecha.
Actualmente, la deuda asciende a la suma de 3.474.236.659 guaraníes.
En defensa de la institución católica, el actual obispo de la diócesis, Mons. Claudio Giménez, alega que la obligación pecuniaria ya ha prescripto, sosteniendo de esta manera que la Diócesis no posee cuenta alguna con el Indert.
Pero en este caso surge la duda, entonces la Diócesis se ha quedado con 1.500 hectáreas de tierras que pertenecen al Estado paraguayo, violando la ley de reforma agraria y sin haber pagado un solo guaraní por el inmueble.
Se entiende, pues, que si la Diócesis fue adjudicada de una cantidad considerable de hectáreas por parte del IBR, hoy Indert, y esta no cumplió con su obligación de deudora, como la misma cuenta con Título de Propiedad N° 139790, tal como indica el artículo citado, entonces se debe proceder a recuperar el terreno adjudicado, al pago total de la deuda o a judicializar el caso, si las circunstancias así lo ameritan.
Actualmente, las autoridades del Indert mediante el estudio jurídico del abogado Héctor Sosa Gennaro está tratando de cobrarle a la Iglesia el monto adeudado. Hasta el momento, el caso está llevándose vía negociaciones para evitar llegar a judicializar.
Las autoridades de Indert se muestran aún muy indecisas al momento de emitir comentarios u opiniones respecto al caso, pues consideran que se debe realizar un análisis profundo y detallado de todos los antecedentes, archivos y documentos que hacen al expediente de la Diócesis. "Vamos a aplicar la ley, pero no puedo preopinar", indicó el presidente del Indert, Eugenio Alonso, cuando fue consultado sobre este caso.
Por su parte, el abogado Pedro López Ibieta, de la asesoría jurídica del Indert, afirmó que se debe analizar primero todo detalladamente, para poder sacar las conclusiones pertinentes.
Lo que dice la ley
El Art. 96 de la Ley 862 (Estatuto Agrario vigente en la época de la adjudicación) dice: "El adjudicatario de un lote o fracción que no estuviere racionalmente explotado y dejare de cumplir con el pago de dos cuotas consecutivas, salvo causa de fuerza mayor, será pasible de sanción en la siguiente forma: b- Si se le hubiere expedido título de propiedad, deberá transferirlo nuevamente al Instituto de Bienestar Rural, y si se negare a ello, se procederá judicialmente".
El obispo de la diócesis, Mons. Claudio Giménez, reconoció que la Iglesia no utiliza el inmueble y que actualmente está siendo arrendada a un ganadero de Caacupé que tiene en el lugar una explotación con unas 500 cabezas de ganado vacuno.
"Es una estancia que nosotros hemos alquilado. Nosotros en este momento no estamos manejando de forma directa esa estancia, que se había conseguido para solventar los gastos del seminario en aquella época, a través del obispo (Mons. Ismael) Rolón, por un lado, y después se hizo cargo para llevar la compra, Mons. (Demetrio) Aquino", señaló el obispo Giménez.