De acuerdo a los términos de la denuncia, el intendente incurrió en el delito de "lesión de confianza" al haber depositado en bancos de plaza la suma de 1.000 millones de guaraníes, percibidos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en concepto de cobro por afectaciones sufridas por la ciudad como consecuencia de la construcción de la presa hidroeléctrica.

Esta operación se efectuó en diciembre de 2002, sin que la Junta Municipal haya tenido conocimiento y mientras estaba en receso.

Posteriormente, en marzo del 2003, con votos de una mayoría de ocho contra cuatro, el intendente logró que la Junta apruebe la creación de un rubro, conocido como "Rubro 600" de Inversión Financiera, con lo cual regularizó la inversión de los 1.000 millones de guaraníes efectuados entre diciembre del año pasado y enero de este año.

Los montos invertidos son de 400 millones, depositados en la financiera Itacuá SAECA; 300 millones en el Banco Regional SA, y 400 millones en el Banco Sudameris.

Para concretar estas operaciones, el intendente "no solo creó el rubro de inversión financiera en forma ilegal, sino que realizó inversiones financieras por decisión unipersonal, contrariando todo precepto jurídico al respecto", indican los denunciantes.

Mientras la Comuna recibe un interés del 26 por ciento anual por su inversión financiera, está pagando 350 millones de guaraníes anuales en concepto de intereses por deudas anteriores, a una tasa de 35 por ciento anual. "Por sentido común, si el ejecutivo hubiera aplicado los 1.000 millones al pago de las deudas bancarias por el mismo importe, el municipio se hubiera ahorrado 90 millones de guaraníes", señalan los concejales.

Pago indebido de honorarios

ENCARNACION. La denuncia que presentarán los concejales refiere también que el intendente Rogelio Benítez incurrió en malversación de fondos con el pago indebido de honorarios profesionales al abogado Pedro Llanes, quien siendo funcionario municipal fue beneficiado con un contrato de servicios profesionales, prohibido por la Ley 1294 Orgánica Municipal.

Otro caso es el del ex funcionario Gustavo Miranda, quien cobró la suma de 160 millones de guaraníes en concepto de indemnización por despido, pese a que esto no estaba previsto en el rubro correspondiente para el ejercicio 2002 ni 2003.

La presentación de la denuncia se hará esta mañana, ante el Ministerio Público y posteriormente se remitirá al Poder Ejecutivo el pedido de intervención de la administración comunal, al que se agregará el escrito presentado ante fiscalía. La denuncia es impulsada por los concejales José Marcial Caballero, María Teresa del Puerto, Romeo Otazú y Ricardo Cabrera, ‘‘en carácter de concejales municipales y de ciudadanos’’, según explicaron.