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ITAUGUÁ (Antonia Delvalle C., corresponsal). Los denunciantes indicaron que el juez Manuel Saifildin extrañamente admitió una nueva mensura judicial de unas 8 hectáreas, que abarca casi todo el barrio 6 de Enero, con el fin de anular transferencias y títulos de propiedades para incorporarlas a la sucesión de un tercero. Afirmaron que se trata de una maniobra con la intención de apropiarse de un predio comunal de casi una hectárea y media, destinado a parque ecológico.
El inmueble “es el pulmón verde” del radio urbano. Se encuentra sobre la avenida Japón y Jóvenes por la Democracia, a una cuadra de la ruta Mcal. Estigarribia, en el Km 30,5.
Comentaron que una persona identificada como Mercedes Idoyaga tenía la posesión del terreno, que es un excedente municipal. Cuando falleció en el 2000 y en vista a que no tenía herederos, su exempleada Dominga Rodríguez Aranda inició una acción para retener la propiedad, alegando que residía en el lugar, pero perdió en todas las instancias. La propia Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió a favor de la Municipalidad, confirmando los fallos anteriores.
Tras una mensura judicial previa, la Municipalidad pudo titular y anotar el inmueble en la Dirección General de los Registros Públicos. Incluso la Junta departamental de Central declaró de interés departamental en 2005 con el fin de convertirlo en un parque ecológico.
Un vecino del lugar, Arnaldo Molinas, señaló que una familia, los Agüero, se presentaron el día de la mensura con un supuesto título de la propiedad, con fincas 4515 y 3559, pero fue rechazado por el Juzgado. Señaló que, sin embargo, llamativamente el juez Manuel Saifildin accedió a que se practique una nueva mensura para lo cual creen se está haciendo un título matriz, de laboratorio, con número de padrón de un terreno situado en la compañía Potrero.
Por otra parte, el juez explicó que se trata de la sucesión de Juan Ramón Agüero, y que su heredero, Juan Ramón Agüero Ortega, pidió una nueva mensura de la propiedad y que el Juzgado no puede negarle ese derecho. Señaló que actuó conforme al marco jurídico y que si la Municipalidad se sintió agraviada debió manifestarse en tiempo y forma, pero que no lo hizo y que ahora se vale de los vecinos para que hagan una denuncia mediática.
El intendente Miguel Meza (PLRA) señaló que el magistrado dice medias verdades. Añadió que le llama la atención que haya admitido la mensura, teniendo en cuenta que la familia Agüero reclama con base en un título del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
“Jamás el Indert pudo haber dado la propiedad, porque se encuentra en un radio urbano. Además, nunca esta familia ocupó el predio y por ende no utilizaron en forma productiva, que es un requisito de la institución”, concluyó.
Otro caso polémico
El juez Saifildin está involucrado en un sonado caso en el que Enrique “Kike” Sarubbi denunció a mediados de 2013 a su suegro que había fallecido en junio de 2000. El magistrado declaró “rebelde” al muerto por no presentarse en su despacho ante sucesivas notificaciones para responder la acusación.