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Con esta disposición se ratifica una vez más que los municipios no tienen autoridad para hacer controles y aplicar multas en las rutas, lo que podría invalidar los controles de Sertran.El Decreto Nº 6704, firmado el 6 del mes en curso por el presidente de la República, Fernando Lugo, en su artículo 1º dice: "Establécese el procedimiento en materia de faltas y contravenciones de los Juzgados de Faltas y Contravenciones de la Dirección de Control y Seguridad de Tránsito Terrestre (Policía Caminera) para la aplicación de las penas establecidas en el reglamento de general de tránsito caminero y demás disposiciones legales complementarias".
En el artículo 2º destaca que se entenderá por falta o contravención toda acción u omisión calificada como tal por el Reglamento General de Tránsito Caminero y demás disposiciones complementarias cuya aplicación corresponden a la Policía Caminera".
De todo esto se desprende que la única autoridad que tiene jurisdicción en las rutas del país es la Policía Caminera.
Igualmente, menciona que el jefe del departamento del Juzgado de Faltas y Contravenciones Central ejercerá la superintendencia de los juzgados regionales, dentro del límite de su competencia con poder disciplinario sobre los jueces y funcionarios que componen cada juzgado y circunscripciones del interior.
Destaca que el director de la Policía Caminera entenderá en la contienda de competencia que se suscitare entre los juzgados regionales.
Indica que el juez de Faltas y Contravenciones entenderá en el juzgamiento de las transgresiones legales dictadas por las autoridades administrativas. "El procedimiento será breve y actuado teniendo como antecedente el informe remitido por la Policía Caminera y/o la Policía Nacional", dice.
Actualmente, los juzgados de Faltas de los municipios de Ypacaraí, administrados por Raúl Fernando Negrete; de Ñemby, por Héctor Lucio Lesme; de Hernandarias, por Mario Castillo González, los tres del Partido Liberal, y de Coronel Oviedo, cuyo titular es el colorado Edgar Gustavo Olmedo, solo utilizan las cámaras de la empresa Sertran para impartir elevadas multas a los supuestos infractores.
En su artículo 13 el decreto establece que el funcionario de la Policía Caminera que constate uno o varios hechos que pudieran constituir faltas o contravenciones labrará un acta en el lugar del hecho o donde reciba la denuncia que contendrá las siguientes informaciones: lugar, fecha y hora del hecho o de la constatación del hecho. También datos personales, domicilio real o laboral y el número de teléfono del presunto infractor o de los testigos, si pudieran ser identificados, entre otros datos.
Actualmente, la empresa Sertran y los cuatro municipios donde se realizan los controles de tránsito solamente utilizan la fotografía del vehículo del supuesto infractor y establecen multas que superan los G. 1.000.000. La boleta de contravención lleva solo la firma de un inspector de tránsito, que ni siquiera estuvo en el lugar del hecho.
La empresa Sertran, que se dedica a verificar las supuestas infracciones de tránsito con sus cámaras en las rutas del MOPC, fue creada pocos días después de que en agosto del 2008 asumiera la presidencia Fernando Lugo. El principal mentor de la firma fue Petronio Muñoz, quien luego consiguió el apoyo de Raúl Meza, ex tesorero de la Alianza Patriótica para el Cambio, que llevó a la presidencia al ex obispo.
Llamativamente, las ciudades en donde Sertran tiene instaladas sus cámaras en los semáforos y sus radares en las rutas son administradas por intendentes liberales. La mayoría responde a la línea política del actual ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Efraín Alegre, quien pretende ser candidato a presidente de la República para el 2013.
En el artículo 2º destaca que se entenderá por falta o contravención toda acción u omisión calificada como tal por el Reglamento General de Tránsito Caminero y demás disposiciones complementarias cuya aplicación corresponden a la Policía Caminera".
De todo esto se desprende que la única autoridad que tiene jurisdicción en las rutas del país es la Policía Caminera.
Igualmente, menciona que el jefe del departamento del Juzgado de Faltas y Contravenciones Central ejercerá la superintendencia de los juzgados regionales, dentro del límite de su competencia con poder disciplinario sobre los jueces y funcionarios que componen cada juzgado y circunscripciones del interior.
Destaca que el director de la Policía Caminera entenderá en la contienda de competencia que se suscitare entre los juzgados regionales.
Indica que el juez de Faltas y Contravenciones entenderá en el juzgamiento de las transgresiones legales dictadas por las autoridades administrativas. "El procedimiento será breve y actuado teniendo como antecedente el informe remitido por la Policía Caminera y/o la Policía Nacional", dice.
Actualmente, los juzgados de Faltas de los municipios de Ypacaraí, administrados por Raúl Fernando Negrete; de Ñemby, por Héctor Lucio Lesme; de Hernandarias, por Mario Castillo González, los tres del Partido Liberal, y de Coronel Oviedo, cuyo titular es el colorado Edgar Gustavo Olmedo, solo utilizan las cámaras de la empresa Sertran para impartir elevadas multas a los supuestos infractores.
En su artículo 13 el decreto establece que el funcionario de la Policía Caminera que constate uno o varios hechos que pudieran constituir faltas o contravenciones labrará un acta en el lugar del hecho o donde reciba la denuncia que contendrá las siguientes informaciones: lugar, fecha y hora del hecho o de la constatación del hecho. También datos personales, domicilio real o laboral y el número de teléfono del presunto infractor o de los testigos, si pudieran ser identificados, entre otros datos.
Actualmente, la empresa Sertran y los cuatro municipios donde se realizan los controles de tránsito solamente utilizan la fotografía del vehículo del supuesto infractor y establecen multas que superan los G. 1.000.000. La boleta de contravención lleva solo la firma de un inspector de tránsito, que ni siquiera estuvo en el lugar del hecho.
La empresa Sertran, que se dedica a verificar las supuestas infracciones de tránsito con sus cámaras en las rutas del MOPC, fue creada pocos días después de que en agosto del 2008 asumiera la presidencia Fernando Lugo. El principal mentor de la firma fue Petronio Muñoz, quien luego consiguió el apoyo de Raúl Meza, ex tesorero de la Alianza Patriótica para el Cambio, que llevó a la presidencia al ex obispo.
Llamativamente, las ciudades en donde Sertran tiene instaladas sus cámaras en los semáforos y sus radares en las rutas son administradas por intendentes liberales. La mayoría responde a la línea política del actual ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Efraín Alegre, quien pretende ser candidato a presidente de la República para el 2013.