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CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). Se trata del Lote 05, manzana 3, del barrio Ciudad Nueva, con una superficie de 527,70 metros cuadrados e inscripto en el Registro General de la Propiedad como finca 551. El 22 de diciembre del 2011, por Resolución 603/11 de la Junta Municipal, este organismo autorizó su escritura definitiva a nombre de Miguel Zacarías Benítez Reyes, estableciendo el importe de la fracción en 345 jornales mínimos, esto es, unos G. 12 millones.
Esa resolución fue firmada por el entonces presidente de la corporación legislativa, Alberto Rodríguez, y por el secretario Blas Darío Domínguez, quien sigue ocupando el cargo hasta hoy.
Del mismo día, 22 de diciembre del 2011, es la homologación de la resolución municipal por parte de la intendenta Sandra McLeod de Zacarías. El documento, que fue legalizado por el escribano Juan Gilberto Orella, tiene la rúbrica de la jefa comunal y de su secretario general, Oscar Ocampos.
Con dicha resolución aprobada, Miguel Zacarías obtuvo en la Municipalidad una cuenta catastral con la cual estuvo pagando el impuesto inmobiliario correspondiente por el terreno todos estos años.
El presidente de la Junta Municipal actual y miembro de la bancada opositora “G 7”, Juan Carlos Barreto, expresó que dicha venta del terreno fue irregular porque estaba siendo utilizado por la Municipalidad de Ciudad del Este como vivero e incluso se hizo allí un pozo artesiano del cual se abastecen de agua varios vecinos del populoso barrio mencionado.
Además, según Barreto, “esta propiedad fue vendida por un valor cercano a los G. 12 millones en cuanto que vale 300.000 dólares. Y el señor Miguel Zacarías me contó que fueron más de G. 300 millones los que él pagó por abajo (de la mesa), como arreglo, aunque a las arcas municipales solamente llegaron G. 12 millones. El señor tiene un supermercado al lado de ese terreno, por eso lo compró”.
Luego de constatar la situación in situ, los concejales municipales opositores denunciaron el caso en la sesión de la Junta Municipal el martes. La intendenta, Sandra McLeod de Zacarías, al tener conocimiento del hecho remitió a la corporación legislativa una nota pidiendo “la suspensión de los efectos de la Resolución 603/2011 J.M” y alega que “a simple vista se observa que la firma estampada en la promulgación de la mencionada resolución no pertenece al ejecutivo municipal”.
McLeod asevera en la nota que “en el año 2011, año de la supuesta promulgación de la resolución de referencia, varios funcionarios fueron destituidos por falsificación de documentos municipales, por ello, ínterin se proceda a una pericia caligráfica del documento, solicitamos que sean suspendidos sus efectos”.
Las dudas siguen
La explicación no satisface a los concejales opositores. “Nosotros esperamos mucho más. Si ella dice que se falsificó su firma, inmediatamente los dos secretarios, tanto de la Junta Municipal como su secretario general deberían estar afuera, con un sumario y una denuncia judicial. No puede ser que tu secretario te haga firmar semejante barbaridad. Es delicado el tema, no es que se piden disculpas, se suspenden los efectos y ya está”, dijo Juan Carlos Barreto.
El presidente de la Junta Municipal consideró que “esto se hizo con mucha finura, con piolita” y refirió que tras conocerse esta denuncia muchas personas están acudiendo diariamente a la Junta Municipal a corroborar la legitimidad de las resoluciones por las cuales se adjudicaron terrenos municipales, temerosas de que la firma de la intendenta no sea original.
El legislador comunal adelantó que se presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público una vez que se tenga el resultado de la pericia de los documentos, que esperan realice la jefa comunal.
Este medio fue hasta Comercial San Miguel, de Miguel Zacarías, para obtener su versión, pero ahí dijeron que él no se encontraba. En el terreno colindante, cuya venta se cuestiona, se observa una pequeña casa de material y un estacionamiento recientemente construidos.