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La empresa utiliza los elementos del Estado, se lleva el 80% de las recaudaciones y solo el 20 queda al municipio. El contrato fenece recién en 2013.ÑEMBY (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). La empresa Sertran SA fue creada por Petronio Muñoz y Raúl Meza, amigos del Presidente de la República, Fernando Lugo. Instaló sus cámaras en este municipio, en Ypacaraí, Hernadarias y Coronel Oviedo.
En todos los casos, los dueños de la firma se embolsan el 80% de las multimillonarias recaudaciones y solo el 20% ingresa en las municipalidades. El cobro de las multas se tramita a través de las comunas, es decir, la empresa utiliza recursos materiales y humanos pagados con dinero público.
En casi tres años de implementación del sistema de control sobre el Acceso Sur, las denuncias de los supuestos infractores son constantes y muchos esperan que la justicia defina la situación legal de los operativos.
Los conductores de diferentes vehículos que ya fueron multados, ya sea por pasar la luz roja del semáforo o por no respetar la velocidad máxima de 60 km/h, controlada por radar, dicen que el operativo es una estafa.
Las víctimas consideran ilegales las multas millonarias aplicadas. Aseguran que las famosas "fotomultas" carecen de validez, ya que son fácilmente vulnerables para inventar las infracciones.
La Policía Caminera, durante la gestión de Eduardo Petta San Martín, calificó de "ilegal" el control que realiza la empresa sobre el Acceso Sur y otras rutas nacionales e internacionales. Sin embargo, la actividad continúa.
También el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), del que depende la Policía Caminera, cuestionó en reiteradas ocasiones a la empresa privada por utilizar recursos del Estado, como las columnas de los semáforos para la instalación de cámaras y las propias rutas nacionales para lucrar.
Además, las recaudaciones no son destinadas a la reparación de las rutas. Ante la inacción de la Municipalidad y los reiterados reclamos de los automovilistas, el MOPC recientemente bacheó todo el Acceso Sur.
En varias ocasiones los concejales de la comuna local intentaron en vano modificar el convenio para dejar mayor ganancia a la Municipalidad. No pudieron lograr por falta de apoyo de la mayoría de los ediles, según comentó el propio intendente, Héctor Lesme (PLRA).
"Se buscó modificar en varias ocasiones en la Junta el convenio, pero no se pudo porque no se tiene la mayoría. Vamos a esperar que venza el contrato en el 2013 para reconsiderar este punto del 20% que le corresponde a la Municipalidad", expresó.
En cuanto a las inversiones de las recaudaciones, el titular de la Comuna comentó que una parte se destina a gastos corrientes y otra a la señalización del Acceso Sur y el casco urbano. Lesme defendió los controles alegando que se redujo la cantidad de accidentes durante los horarios de control.
En todos los casos, los dueños de la firma se embolsan el 80% de las multimillonarias recaudaciones y solo el 20% ingresa en las municipalidades. El cobro de las multas se tramita a través de las comunas, es decir, la empresa utiliza recursos materiales y humanos pagados con dinero público.
En casi tres años de implementación del sistema de control sobre el Acceso Sur, las denuncias de los supuestos infractores son constantes y muchos esperan que la justicia defina la situación legal de los operativos.
Los conductores de diferentes vehículos que ya fueron multados, ya sea por pasar la luz roja del semáforo o por no respetar la velocidad máxima de 60 km/h, controlada por radar, dicen que el operativo es una estafa.
Las víctimas consideran ilegales las multas millonarias aplicadas. Aseguran que las famosas "fotomultas" carecen de validez, ya que son fácilmente vulnerables para inventar las infracciones.
La Policía Caminera, durante la gestión de Eduardo Petta San Martín, calificó de "ilegal" el control que realiza la empresa sobre el Acceso Sur y otras rutas nacionales e internacionales. Sin embargo, la actividad continúa.
También el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), del que depende la Policía Caminera, cuestionó en reiteradas ocasiones a la empresa privada por utilizar recursos del Estado, como las columnas de los semáforos para la instalación de cámaras y las propias rutas nacionales para lucrar.
Además, las recaudaciones no son destinadas a la reparación de las rutas. Ante la inacción de la Municipalidad y los reiterados reclamos de los automovilistas, el MOPC recientemente bacheó todo el Acceso Sur.
En varias ocasiones los concejales de la comuna local intentaron en vano modificar el convenio para dejar mayor ganancia a la Municipalidad. No pudieron lograr por falta de apoyo de la mayoría de los ediles, según comentó el propio intendente, Héctor Lesme (PLRA).
"Se buscó modificar en varias ocasiones en la Junta el convenio, pero no se pudo porque no se tiene la mayoría. Vamos a esperar que venza el contrato en el 2013 para reconsiderar este punto del 20% que le corresponde a la Municipalidad", expresó.
En cuanto a las inversiones de las recaudaciones, el titular de la Comuna comentó que una parte se destina a gastos corrientes y otra a la señalización del Acceso Sur y el casco urbano. Lesme defendió los controles alegando que se redujo la cantidad de accidentes durante los horarios de control.