Cargando...
La opinión pública resultó ingratamente sorprendida en los últimos días al ver que el presidente Mario Abdo Benítez, “Marito”, continúa rifando los cargos públicos, especialmente en las entidades binacionales, para ubicar en ellos a gente averiada, y evidentemente para pagar así favores políticos. De lo contrario, no se explican tan desacertadas decisiones que lo presentan como una simple marioneta en manos de los cuestionables capitostes políticos que le rodean.
Ya en su oportunidad nos ocupamos en un editorial del Gabinete que presentó, que está lejos de la excelencia. También nos referimos a las desacertadas designaciones de dos “escombros” como directores paraguayos en Itaipú y Yacyretá, José Alberto Alderete y Nicanor Duarte Frutos, respectivamente, confirmando que esas entidades binacionales continúan siendo el botín preferido de los políticos. Es innecesario volver a ocuparse de sus pésimos antecedentes, pues ya son bien conocidos por la ciudadanía. Quizá valga la pena apuntar, empero, que en ambos casos hubo una retribución de servicios políticos: Alderete fue el jefe de la campaña electoral del Presidente de la República, y Duarte Frutos tuvo a bien desistir de su ilegítima pretensión de ser senador con voz y voto.
Entre las recientes designaciones más cuestionadas del Presidente de la República, según puede apreciarse en las opiniones emitidas en las radios y en las redes sociales, figura en primer lugar la de Antonio Ibáñez, padre del repudiado exdiputado y ladrón confeso José María Ibáñez, quien se vio obligado a renunciar a su banca ante la indignación popular que generó su caso de los “caseros de oro”. El primero fue destituido en 2005 como ministro de Agricultura y Ganadería tras un escándalo en que habría estado involucrado, referente a la provisión de carne a precio sobrefacturado a la Policía Nacional. A ello se agrega que la Contraloría General de la República detectó en dicha cartera, bajo su dirección, nada menos que 38 graves irregularidades cometidas en los años 2004 y 2005, sobre todo en la ejecución de la zafra algodonera. Pese a tales corruptelas, ahora “Marito” resucita a este “escombro” para premiarle nada menos que con un “cargo de confianza” en Itaipú, del que disfruta de un fabuloso salario.
Entre los rescatados por “Marito” también figura el abogado Alberto Aquino, quien ejerció ilegalmente su profesión para defender al senador Juan Carlos Galaverna (ANR), cuando era funcionario de Itaipú, con un sueldo de 27 millones de guaraníes mensuales. Ahora vuelve a la entidad binacional, tan codiciada por sus altos sueldos, junto a 43 nuevos incorporados.
No es menos llamativa la designación de Odila Antonia López, evidentemente indemnizada por su derrota como candidata a diputada por “Añetete”, sin siquiera estar enterada de lo que deberá hacer: “Probablemente me vaya en lo social”, afirmó, para justificar su salario de 37 millones de guaraníes. La cuestión es justificar el “zoquete”.
El rescate de impresentables continúa con Eladio Martínez Britos, un pariente político del director José Alberto Alderete, quien en 2007 fue apartado del cargo de director de Bienes y Suministros del MOPC debido a la desaparición de unos 20 vehículos, incluido el que él mismo usaba. En las mismas condiciones está Hugo Enrique Cañiza, quien en 2009 renunció como director de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Asunción tras haber sido imputado, junto con dos funcionarios, por un delito de estafa que le causó a dicha institución un perjuicio de 1.700 millones de guaraníes. Y sigue con Amado Ocampos Ferreira, exgirador del departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, quien fue imputado por un faltante de más de 804 millones de guaraníes en lo recaudado en 2005 por la expedición de cédulas de identidad, pasaportes y antecedentes policiales.
Los mencionados son los “nenes de pecho” que recalaron en Itaipú de la mano del nuevo Gobierno, pero el otro apetecido botín que encabeza ahora el “Mariscal de la derrota” Duarte Frutos, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), también tiene verdaderas “joyas” dignas de mención. Allí están Luis Fretes Escario, nuevo director administrativo, y Carlos María Santacruz, nuevo miembro del Consejo de Administración, con oscuros antecedentes en sus anteriores funciones en la EBY y en la Justicia Electoral, respectivamente. A ellos cabe sumar el nuevo asesor jurídico Juan Carlos Duarte, acusado en 2004 de haber pedido coimas a dueños de casas de cambio de Ciudad del Este, siendo superintendente fiscal en dicho lugar y fiscal adjunto el actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
Hay más, pero los casos referidos bastan para ilustrar que, como era de temer, los desempeños de Alderete y de Duarte Frutos no se distinguirán por la honestidad y la eficiencia, considerando no solo su triste historial en la función pública, sino también la índole de sus colaboradores. Por supuesto, la culpa final la tiene quien cometió el grave error de nombrarlos, el presidente Mario Abdo Benítez, sin olvidar la responsabilidad de los senadores que prestaron su acuerdo.
El Presidente de la República parece ignorar que los cargos públicos no son una moneda de cambio, por lo que ahora solo falta que también el exjuez Cleto Quintana, destituido en 2013 por haber liberado a diez narcotraficantes, ingrese en Itaipú Binacional si su hijo, el diputado colorado “añetete” Ulises Quintana, abandona su banca o termina en la cárcel.
“Marito” no debe darle las espaldas a la creciente indignación de los ciudadanos y las ciudadanas. Si continúa jugando con tanta desfachatez con los cargos del Estado para pagar favores políticos, no debe descartar que los “escraches” apunten pronto hacia el Palacio de López.