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La moral de ningún pueblo se puede mantener indemne más allá de ciertos límites de cansancio y desilusión. Desde que asumió el poder a la muerte de Hugo Chávez el 6 de marzo de 2013, Nicolás Maduro se ha visto obligado a caminar sobre una fina línea, simulando democracia para controlar a la opinión pública. Valiéndose de las instituciones democráticas consagradas en la Constitución bolivariana establecida por el autoritario desaparecido, el Poder Electoral venezolano, dominado por la nomenclatura chavista, a su vez títere de los hermanos Castro de Cuba, convocó a elecciones para elegir a un nuevo presidente, reteniendo como candidato oficialista al presidente designado por Chávez antes de morir, Nicolás Maduro. La mayoría democrática del pueblo venezolano acreditó en la honestidad política del régimen chavista en cuanto a que las elecciones serían limpias y transparentes y eligió a Enrique Capriles como candidato, sin sospechar que un “equipo electoral” denominado “Frente Francisco de Miranda”, comandado por el experto cubano en fraudes electorales, Raciel García Ceballos, se aprestaba a organizar un tremendo fraude electoral a fin de volcar el resultado a favor de Nicolás Maduro.
En efecto, desde una base de datos establecida en la ciudad cubana de Pinar del Río, el Gobierno venezolano reasignó a opositores residentes en bastiones chavistas a colegios electorales muy alejados de sus hogares. Como lo denunció en su oportunidad el candidato opositor Enrique Capriles, denuncia corroborada por el ex secretario de Estado de los Estados Unidos Roger Noriega, el fraude perpetrado por el sistema informatizado cubano afectó a 1,2 millones de votantes y fue decisivo para la tramposa victoria electoral de Nicolás Maduro en las elecciones del 14 de abril del año pasado. En esta ocasión, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela –en manos del chavismo– admitió solo un margen de 225.000 sufragios a favor de Maduro.
Obviamente, en un país con tradición democrática como Venezuela, la mayoría del pueblo venezolano, encabezada por el candidato opositor Enrique Capriles, reaccionó airado ante unas elecciones tan flagrantemente vergonzosas, denunció el fraude y demandó su anulación. Aunque el Consejo Nacional Electoral rechazó las demandas de la oposición que anhelaba una democracia real, la legitimidad política de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela quedó definitivamente en entredicho, con lo que, en vez de disminuir, más bien se acrecentaron los problemas políticos para el régimen chavista sin Chávez, encabezado por él.
El hastío y la desilusión de la mayoría del pueblo venezolano debido a la carencia de alimentos y otros artículos de primera necesidad, a una inflación galopante del 56 por ciento el último año y un déficit fiscal del 16 por ciento del PIB, y la persecución política contra los opositores, los medios de comunicación y la libre empresa, han llevado a la explosión de protestas populares masivas, con desórdenes y muertes de manifestantes debido a la dura represión desatada por las fuerzas de seguridad del Estado, incluidos los grupos paramilitares creados por Chávez para defender su revolución bolivariana, como la “Guardia Territorial” y las patotas de los “Movimientos Bolivarianos Revolucionarios”. La represión del Gobierno, lejos de calmar los ánimos de la ciudadanía, los ha enardecido aún más, a tal punto que el régimen chavista está viendo a su propia gente unirse a la oposición.
No es de extrañar, entonces, que la OEA decidiera por mayoría de votos que la sesión en la que se tratará el caso venezolano sea secreta, sin acceso de la prensa, pues a los representantes de los países bolivarianos y sus acólitos no les gustará nada que se ventilen estas barbaridades y escándalos perpetrados por el régimen de Maduro.
A nadie debe sorprender también que en días recientes el mentor político de la primera hora de Hugo Chávez, Luis Miquilena, de 94 años, haya llamado a los estudiantes a seguir con sus protestas, y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a no defender al gobierno de Nicolás Maduro, al que calificó como “un régimen ilegítimo, usurpador y totalitario que está subordinado a Cuba”. Este veterano político venezolano, exguerrillero comunista durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez en la década de 1950, se unió en 1994 al proyecto político de Hugo Chávez y presidió la Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar la actual Constitución venezolana en 1999. Durante el primer gobierno de Chávez, fue ministro del Interior y de Justicia por dos veces, hasta que unos años después se alejó de su discípulo, disconforme con el rumbo que iba tomando su gobierno, sobre todo por su cada vez más estrecha alianza con el régimen castrista de Cuba.
“Ustedes están obligados a defender nuestra soberanía que hoy está amenazada por la injerencia cubana. No se presten a defender un régimen ilegítimo, usurpador y totalitario que está subordinado a Cuba. Venezuela hoy es un país prácticamente ocupado por los esbirros de dos criminales del mundo, los hermanos (Raúl y Fidel) Castro en Cuba. Ellos han introducido a Venezuela un verdadero ejército de ocupación. Los cubanos manejan los puertos, aeropuertos, las comunicaciones, las cuestiones más esenciales en Venezuela, y nosotros estamos en manos de un país extranjero”, señaló Miquilena en abierta alusión a los más de 25.000 médicos, ingenieros y militares cubanos que trabajan al servicio del Gobierno y de los programas sociales establecidos por Chávez y mantenidos por Maduro, a cambio de 100.000 barriles diarios de petróleo proveídos por Venezuela a la isla caribeña.
El prominente exmentor de Hugo Chávez se suma así a altos jefes militares en situación de retiro que en su momento respaldaron incondicionalmente a Chávez para consolidarse en el poder, como el general de paracaidistas Raúl Isaías Baduel, quien repuso a Chávez en su cargo tras el fallido golpe de Estado de abril de 2002, cuando el nuevo gobierno lo tenía preso y listo para exiliarlo a Cuba. Con posterioridad, Chávez lo nombró ministro de la Defensa Nacional, pero, como Miquilena, el general se alejó de él, disconforme por su sometimiento al régimen cubano de los hermanos Castro.
Así las cosas, y pese a la solidaridad cómplice de los Gobiernos chavistas de la región, encabezada por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff; seguida por Cristina Fernández de Kirchner, de Argentina; José “Pepe” Mujica, de Uruguay; Evo Morales, de Bolivia, y Rafael Correa, de Ecuador; con la disimulada indiferencia de los demás gobernantes de Unasur, incluido nuestro presidente, Horacio Cartes, todo induce a creer que, de continuar las protestas populares y la sangrienta represión del Gobierno, más temprano que tarde, inevitablemente, las fuerzas armadas de Venezuela van a tomar partido a favor de la mayoría del pueblo venezolano, defenestrando al dictador Maduro de la misma forma en que lo hicieron las de Egipto con el dictador Mubarak.
Definitivamente, pronto el chavismo sin Chávez será una triste, dolorosa y perjudicial historia en Venezuela, y el pueblo venezolano recuperará la libertad de decidir su propio destino, sin injerencias extrañas.