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Figura en el orden del día para la sesión de hoy de la Cámara de Senadores el estudio del proyecto de ley que modifica la Ley N° 216/93 “De Organización General de las Fuerzas Armadas de la Nación”.
Las FF.AA. no constituyen un grupo de interés en particular dentro de la sociedad, ni un estamento separado del Estado; menos aún un partido político. Son el brazo armado de la nación y están directamente subordinadas al Comandante en Jefe, el ciudadano democráticamente electo por el pueblo soberano como Presidente de la República. Por tanto, independientemente de lo que puedan pensar en forma individual los miembros activos y retirados de la institución militar en cuanto al proyecto de ley de su reorganización, lo que al pueblo le interesa es que finalmente los legisladores opten por una reestructuración que atienda, no a los intereses burocráticos de los generales en servicio activo, ni a las críticas de los que están en situación de retiro, sino a dos requisitos básicos: que las FF.AA. sean capaces de garantizar la seguridad de nuestra población, la inviolabilidad de nuestras fronteras y la estabilidad del Estado, por un lado, y que los contribuyentes puedan sostenerlas con los impuestos que pagan, por el otro.
Con su actual estructura orgánica, las FF.AA. cuentan con 44 oficiales generales a la cabeza (en los tiempos de la dictadura eran solo 25), 2.542 oficiales superiores y subalternos (de subteniente a coronel), 8.149 suboficiales y sargentos (60% combatientes y el resto de los servicios administrativos) y apenas 3.523 soldados. La exagerada cantidad de oficiales generales en servicio activo correspondería en promedio a un ejército de más de 40.000 hombres en las modernas organizaciones militares, en tanto que la cantidad de soldados que tenemos no alcanza al efectivo de una brigada del Ejército de los Estados Unidos desplegada durante la guerra en Irak (4.300 hombres en promedio).
En cuanto a la polémica suscitada entre el actual ministro de Defensa, general (SR) Bernardino Soto Estigarribia, y algunos oficiales generales en situación de retiro por la inclusión de aquel en la cadena de mando en el proyecto de ley de referencia, ella no hace a la cuestión de fondo, sino más bien a intereses burocráticos de los comandantes de Fuerzas (Comando de las Fuerzas Militares, Ejército, Armada y Fuerza Aérea), quienes temen perder la autonomía administrativa de la que actualmente gozan, y que, al no serles permitido deliberar públicamente sobre sus intereses administrativos, se valen de algunos oficiales generales retirados para hacerlo. Eso, y nada más que eso, es lo que motiva su disconformidad con que el ministro de Defensa Nacional integre la cadena de mando militar, como sucede en la mayoría de los países, incluido Estados Unidos, la única superpotencia militar del mundo en la actualidad.
Otro motivo de celo burocrático podría ser la posibilidad de que, con la inclusión del ministro de Defensa en la cadena de mando, el Comando de las Fuerzas Militares deviniera innecesario en la nueva estructura orgánica de las FF.AA. y debiera, por tanto, eliminarse por prescindible. A propósito, lo que ya no existe en las modernas organizaciones de defensa de los países occidentales es justamente el equivalente al actual “Comando de las Fuerzas Militares”, un escalón de alto mando orgánico y operacional híbrido adoptado por el expresidente Andrés Rodríguez por razones político-coyunturales antes que institucionales, tras defenestrar a su consuegro, el dictador Alfredo Stroessner.
Como en el proyecto de ley en estudio el Poder Ejecutivo mantiene este escalón de mando, en caso de optar por la inclusión del ministro de Defensa dentro del mismo, se plantea a los legisladores el dilema de mantenerlo o suprimirlo. Deberían suprimirlo.
De hecho, una de las razones básicas de la reforma de la ley de organización de las FF.AA. es económica y, por tanto, sería un despropósito mantener ambas organizaciones de comando y control absolutamente superpuestas, que solo serviría para retener una plantilla mayor de oficiales generales en servicio activo, que es uno de los intereses burocráticos encubiertos de los que se oponen a la inclusión del ministro de Defensa Nacional en la cadena de mando de las FF.AA.
Con la inserción del ministro en la cadena de mando y la supresión del Comando de las Fuerzas Militares, a más de economía en dinero y personal, se tendría la ventaja de potenciar el Estado Mayor Conjunto, que en otros países es la máxima instancia de planificación administrativa, logística y de adiestramiento de las fuerzas militares, siendo su jefe el oficial general de más alto rango, que funge como asesor tanto del ministro de Defensa como del Comandante en Jefe.
En lo concerniente a los detalles de la nueva estructura orgánica del Ejército, el proyecto contempla el reemplazo de los tres cuerpos de Ejército ficticios –existentes solo en el presupuesto de la nación– por dos divisiones, una en la Región Oriental y otra en el Chaco, atendiendo la disponibilidad actual de soldados y de recursos económicos para mantenimiento, equipamiento y entrenamiento de las unidades de combate. En la reglamentación de la nueva ley, el Comandante en Jefe debe autorizar la organización y equipamiento de una fuerza efectiva de unos 2.500 hombres por división (incluido un 25% de personal de apoyo administrativo). Así, el efectivo total de las fuerzas de combate del ejército sumaría unos 5.000 hombres, cantidad comparable con el tamaño del ejército uruguayo. La Armada y la Fuerza Aérea deberían ser restructuradas con sus efectivos actuales para apoyar con mayor eficacia a las fuerzas terrestres.
Sin incluir compra de armamentos ni equipos, el mantenimiento operativo de esta fuerza terrestre costaría al Estado unos US$ 450 millones al año, presupuesto al que deberían agregarse los de la Armada y la Fuerza Aérea, que, sumados al del Ejército, elevarían el presupuesto anual de sostenimiento de las FF.AA. de la Nación a unos US$ 900 millones por año, vale decir, 3% del producto interno bruto (PIB) estimado para el corriente año. El presupuesto asignado al Ministerio de Defensa Nacional para el ejercicio fiscal de 2015 es de unos US$ 357 millones (1,2% del PIB).
Con base en estas cifras estimativas de costo, lo que los legisladores deben tener en cuenta al tratar el proyecto de ley de reorganización de las FF. AA. no debe ser la retórica de tirios ni de troyanos, sino el bolsillo de los contribuyentes y que ellas tengan la capacidad de cumplir con eficacia con su rol constitucional básico.
El pueblo paraguayo ya no debe seguir sosteniendo unas pesadas y deficientes FF.AA. que existen solo en los papeles.