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Mientras Venezuela se debate en su peor crisis política desde los tiempos del “caracazo”, la revuelta popular desatada a fines de 1989 en protesta por las duras medidas económicas dispuestas por el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, sangrientamente reprimida por las fuerzas armadas, con más de 3.000 civiles muertos, y que marcó el principio del fin de la corrupta democracia del Pacto de Punto Fijo, los gobiernos bolivarianos de la región, liderados por la presidenta brasileña Dilma Rousseff, han emprendido una esquizofrénica carrera a fin de impedir que la Organización de los Estados Americanos intervenga en la crisis desatada por la violenta represión que el presidente Nicolás Maduro está llevando a cabo contra el pueblo venezolano, mediante el empleo de la fuerza armada y las milicias chavistas contra la indefensa población que solo reclama sus derechos humanos, democracia y pan.
En efecto, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), bajo el liderazgo de Brasil, y con el respaldo de los gobiernos ideológicamente afines al castrismo bolivariano dentro del bloque regional, está empeñada en una frenética campaña de cooptación de los gobiernos genuinamente democráticos y no necesariamente proclives al chavismo castrista, como Paraguay, Perú, Chile y Colombia, a fin de lograr su adhesión para que por unanimidad ese bloque plantee a la OEA abstenerse de intervenir en la crisis venezolana, dejando a su cargo tomar cuenta de ella en la búsqueda de una solución supuestamente democrática, que no será otra cosa que apañar la sanguinaria represión política que el autoritario régimen venezolano viene ejerciendo contra su pueblo, invocando con total cinismo el principio de la no intervención en los asuntos internos de las naciones soberanas y su consiguiente derecho de autodeterminación.
Como lo experimentamos dolorosamente los paraguayos en ocasión de la crisis política que culminó con la destitución constitucional del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, por mal desempeño de sus funciones, la actitud asumida en estos momentos por los gobiernos de Unasur es diametralmente opuesta a la que tuvieron con nosotros. Primero, intentaron por todos los medios que la OEA condenara al Paraguay por haber ejercido democráticamente su soberano derecho de autodeterminación destituyendo constitucionalmente a su presidente. No habiendo conseguido este objetivo, optaron por pisotear el principio universal de la no intervención en los asuntos internos de otros países, enviando en patota a sus cancilleres para presionar al Congreso nacional a rever su decisión de destituir a Fernando Lugo, por la única razón de ser un mandatario afín a la ideología castro-chavista. Entre estos se contaba precisamente Nicolás Maduro, entonces canciller de Venezuela, quien con total desfachatez y prepotencia irrumpió en el Palacio de Gobierno instigando a los altos mandos militares a resistir con un alzamiento armado la destitución del entonces mandatario paraguayo.
Ahora resulta que la Unasur, como organismo regional, pretende actuar de modo totalmente contrario a lo accionado contra Paraguay. Pretende que la OEA no intervenga en el caso venezolano, aviniéndose a que lo haga el Mercosur y la Unasur. De conseguirlo, lo que esta va a hacer es muy claro: invocando cínicamente el principio de autodeterminación de las naciones, van a tomar abierto partido a favor del régimen de Nicolás Maduro, justificando la persecución política y la sangrienta represión militar que su régimen está llevando a cabo contra el pueblo venezolano que solo reclama sus derechos políticos y humanos.
La Unasur, el ALBA y la propia CELAC son bloques políticos regionales ideológicamente concebidos en forma conjunta por el expresidente de Brasil Luiz Lula da Silva, los hermanos Fidel y Raúl Castro de Cuba y el fallecido expresidente Hugo Chávez, con la finalidad de ponerles la proa a los Estados Unidos de América y a la OEA, bajo el liderazgo geopolítico del Brasil que pretende asumir el control político y económico de Latinoamérica en reemplazo de la primera potencia económica y militar del mundo; una ambición intempestiva que arrastrará a los gobiernos regionales ingenuos a alinearse con un fútil eje de confrontación regional, antes que con uno de integración y cooperación. En tal sentido, aunque Brasil podría no ser aún suficientemente poderoso para delinear la política de Latinoamérica en el corto plazo como le gustaría hacerlo, con la crisis en Venezuela está demostrando claramente su intención de obstruir lo más que pueda los planes de los Estados Unidos en la región y de desarticular el sistema continental de la OEA.
Aunque le irrite, a Washington le importa poco la relación de Brasil con Cuba, por la simple razón de que la isla ha dejado de tener para ellos la importancia que antes tenía. Sin embargo, la actual intromisión de Brasil en Venezuela, aunque indirecta, es probable que cause roncha a los Estados Unidos. Por esa razón, importantes países latinoamericanos, como Chile, Perú, Colombia, México, se están mostrando cautos a nivel regional y subregional para apoyar al régimen cuasi dictatorial de Nicolás Maduro en su afán de sustraerse a la autoridad continental de la OEA.
La posición de Paraguay en la Unasur respecto de la crisis en el país caribeño no deja de ser paradójica, por dos razones básicas. Una, por haber sufrido en carne propia una injusta agresión política por parte de la organización regional en la comentada ocasión de la destitución del expresidente Fernando Lugo, sin haber merecido siquiera disculpas a posteriori. Otra, por no haber recibido de parte de sus agresores la reparación política a que tenía derecho por la afrenta sufrida. El presidente Horacio Cartes aceptó resignadamente que nuestro país retornara al bloque que injustamente le obligó a pasar bajo las horcas caudinas. Por tales razones, en la presente coyuntura hemisférica, el gobierno del presidente Cartes debe oponerse con toda firmeza a que el tema Venezuela sea manejado entre compinches como se propone que sean el Mercosur y Unasur.
El pretender que el caso sea tratado solamente en estas instituciones ya demuestra la cola de paja que existe en muchos países latinoamericanos respecto del violento atropello a los derechos de los venezolanos que está efectuando Maduro, instruido, ayudado y controlado por las decenas de miles de cubanos que los Castro se encargaron de ubicar dentro de la estructura del Gobierno venezolano y de sus fuerzas armadas. No deja de ser una vergonzosa ironía que ahora sus protectores levanten la bandera de la no injerencia en asuntos internos de otros países, cuando que a nosotros nos basurearon, humillaron y perjudicaron en Mendoza, sin darnos siquiera la oportunidad de entrar a la sala, menos aún de defendernos. Ahora resulta que no hay que intervenir en Venezuela y dejar que los venezolanos resuelvan sus problemas. Sucede que en Venezuela, así como ocurrió siempre con las dictaduras, lo primero que se hace es poner a la “justicia” del lado del que manda (los paraguayos y las paraguayas tenemos en nuestras costillas la experiencia sufrida con el dictador Stroessner). Entonces se pretende que el caso Venezuela sea juzgado por gente de su propia ideología.
El problema de fondo en Venezuela no es de los venezolanos, sino del castrismo que está defendiendo su sobrevivencia en esa nación. Si cae el régimen chavista, Cuba se muere de hambre. Antes Chávez y ahora Maduro envía a Cuba como ayuda 12.000 a 13.000 millones de dólares al año en petróleo, que el Gobierno cubano se encarga de revender y con eso se sostiene el castrismo en la isla. Si Cuba no tiene petróleo gratis, ya que los paga con servicios de sus compatriotas esclavizados, el castrismo se va al mismo lugar a donde fue el marxismo en la extinta Unión Soviética: a la cloaca de la historia.