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La condenable decisión de la Cámara de Diputados de conceder una ampliación presupuestaria de 34 millones de dólares, destinada a la contratación de operadores políticos en la Justicia Electoral, abrió el debate en torno a la deteriorada imagen del Congreso Nacional. Sin embargo, para centrar la discusión en su punto correcto y en su verdadera dimensión, se debe destacar que no es el Parlamento en sí como institución el problema, sino la baja ralea moral de la mayoría de las personas que entraron en él mediante el Caballo de Troya representado por el oprobioso régimen cerrado de “listas sábana”, por el cual los caciques partidarios se aseguraron en el transcurso de las últimas dos décadas que sus legisladores se aboquen de forma exclusiva a darle cumplimiento a su voluntad antes que a representar y velar por los intereses de los ciudadanos y del país. Les deben fidelidad a quienes los colocaron en “la lista” antes que a sus electores. ¡Qué ignominioso!
Efectivamente, este sistema decadente y nefasto es el que los líderes de los diversos movimientos de los partidos políticos pusieron en práctica durante todo este tiempo para integrar las listas de candidatos a ocupar bancas en el Congreso, ya sean de diputados o senadores. Gracias a este espurio mecanismo, las bancas parlamentarias se llenaron de gente de cualquier calaña, sin ningún tipo de formación cultural y moralmente averiada, pero dispuesta en todo momento a cumplir incondicionalmente las órdenes que los dirigentes hicieran bajar desde el trono de ignominia y venalidad desde el que “gobiernan” sus partidos.
Desde luego que estos caciques están obsesionados por cuestiones que son completamente ajenas a las necesidades del pueblo, solo preocupados con aumentar constantemente su caudal de poder y sus cuentas bancarias, de allí que no hayan faltado casos en los que les hicieran firmar pagarés a sus candidatos a legisladores, de forma tal a asegurarse que, de llegar estos a ocupar un puesto en el Parlamento, hicieran siempre y en todo momento lo que ellos les mandaran.
Queda en claro, pues, que parte de los interesados en acceder a una banca en el Congreso no hicieron más que comprarla, pagando por ella en efectivo contante y sonante –los ricos– o mediante pagarés –los pobres–, y sometiéndose a todas las órdenes que provengan de aquel a quien deben estar en “la lista”. Funesta práctica que viene a evidenciar el repugnante comercio que la clase política criolla ha montado con las instituciones de la República, vaciándolas de contenido y exponiéndolas al descrédito que hoy erosiona gravemente su imagen.
De allí que no sea de extrañar que parte de la vergonzosa repartija de 34 millones de dólares aprobada el pasado jueves por la Cámara de Diputados tenga por objetivo que ciertos legisladores cuenten con los fondos frescos que urgentemente requieren para pagarles a sus caciques partidarios los montos que les adeudan en virtud de pagarés firmados hace cinco años, y al mismo tiempo financiar a sus punteros en una nueva campaña que les asegure otra vez un lugar en la “lista sábana”.
Es contra este régimen perverso de compraventa de las bancas parlamentarias que el pueblo debe manifestarse, saliendo a la calle para expresar su repudio contra el despilfarro del dinero público dispuesto por los diputados, pero sobre todo para exigir que se ponga de una vez por todas término al modelo político de las nefastas “listas sábana”: que dio y continúa dando pie a que este tipo de abusos y atropellos sean descaradamente cometidos en perjuicio de la ciudadanía.
Hay que sepultar en un mar de protestas las denigrantes “listas sábana”, urgiendo remover el parche que recientemente le pusieron al desbloqueo total de las mismas, con el objetivo de hacerle creer a la población que va a tener el derecho a elegir a sus representantes, cuando en realidad no se le hizo más que un maquillaje para que todo siga completamente igual.
El ciudadano debe tener el pleno derecho de elegir, con absoluta libertad e independencia de criterio, a qué personas desea apoyar con su voto para ingresar al Congreso. El elector debe tener el derecho de elegir a aquellos que le inspiren confianza por su experiencia en el trabajo, por la solvencia de su formación profesional y su integridad moral, sean estos del partido político que fueren.
Este es el criterio correcto para decidir por quién votar a los cargos ejecutivos –ya sea presidente de la República, como gobernadores e intendentes– así como también lo es para escoger a aquellos que tendrán la delicada función de representar los intereses del pueblo en el seno del Congreso Nacional, una institución de primer orden en todo sistema verdaderamente democrático, y a la que es preciso jerarquizar y sanear moralmente para que su reputación no sea definitivamente aniquilada por los facinerosos que se infiltraron en ella escondidos en las “listas sábana”.
Por lo tanto, se impone que la ciudadanía emplace con manifestaciones públicas a la clase política a sepultar definitivamente el perverso sistema de las “listas sábana”, responsable absoluto de todo el sufrimiento, el atraso y la pobreza que ha padecido este país en los últimos 20 años.