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“Cree el ladrón que todos son de su condición”. El conocido dicho viene a cuento del presunto intento de soborno atribuido a Óscar Chamorro Lafarja, administrador de las firmas Security Service Technology SA y Bullers SA, con el fin de “parar las publicaciones” que el periodista de este diario Juan Carlos Lezcano viene haciendo con respecto a una licitación pública, a todas luces direccionada, del Instituto de Previsión Social (IPS). Ella concluyó con la adjudicación de sendos contratos, por un valor total de casi 140.000 millones de guaraníes, con sobreprecio, a las citadas empresas del exdiputado José Chamorro, padre del sinvergüenza de marras.
Un detalle significativo de la repulsiva maniobra fue la intervención, como intermediario, del indigno senador Dionisio Amarilla (PLRA), sobre quien pesan serias denuncias de enriquecimiento ilícito, hasta hoy no investigadas por el Ministerio Público. En la conversación grabada por el periodista se lo escucha decir que a él solo le interesaba que se cumpla lo acordado (“lo que se pacte, se cumpla”), es decir, que Chamorro entregue el dinero prometido y que el redactor deje de ocuparse del caso. La primera parte del trato fue cumplida con creces, pero no así la segunda, pues Lezcano seguirá ventilando las corruptelas en las que haya estado o esté involucrado el dilecto amigo del legislador liberal. Los cuarenta millones de guaraníes fueron entregados al periodista a través de la señora María Luz Peña, con el fin de acallarlo a platazo limpio y, por extensión, a nuestro diario.
Lo ocurrido permite extraer algunas conclusiones, no solo en cuanto a la catadura moral de los Chamorro y de Amarilla, sino también a la licitación pública mencionada, ahora “suspendida” –lo menos que se podía esperar– por el presidente del Consejo de Administración del IPS, Armando Rodríguez. Anunció la decisión un día después de haber defendido el procedimiento en un extenso comunicado a la opinión pública, y tras haberse reunido con el jefe del Poder Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, una vez que el escándalo saltó a la luz. En sus palabras: “La intención del Presidente de la República es que no estemos bajo sospechas en ninguna circunstancia, bajo ningún proceso turbio que pueda existir. Por ello, (...) ha ordenado que se reinicie el proceso; vamos a llamar a una nueva licitación para que las empresas se presenten con todas las garantías”. Llama la atención que Rodríguez se muestre ahora tan pulcro, cuando que antes hizo caso omiso de las denuncias de los pésimos antecedentes de la firma, conocidos por todos, y por supuesto, por el propio IPS, pues Chamorro fue denunciado más de una vez por no pagar el seguro social de sus trabajadores.
En efecto, aquí hay cuestiones muy llamativas, como el hecho de que, de pronto, el presidente del Consejo de Administración haya descubierto que “quizás” el precio por el servicio –unos 140 mil millones de guaraníes– haya sido caro. “Lo que pretendemos ahora es que haya mayor participación, porque una mayor competencia hace que disminuyan los precios”, lo que naturalmente implica que la nueva convocatoria no vuelva a estar direccionada. Alegra saber que las empresas oferentes tendrán ahora “todas las garantías”, es decir, las que antes no existían porque el viejo amigo de la casa –José Chamorro– las tenía todas consigo.
Por cierto, cabe preguntarse si la medida habría sido tomada en el caso de que nuestro diario no hubiese denunciado la licitación pública amañada y el posterior presunto intento de soborno. La respuesta debe ser rotundamente negativa: el negociado hubiera sido concluido a las mil maravillas, para bien del dueño de Security Service Technology SA y Bullers SA, y para mal de los asegurados del IPS.
También es relevante que la licitación pública haya sido “suspendida” sin la menor intervención de los consejeros. El Presidente de la República ordenó y el del Consejo de Administración del IPS obedeció, porque es evidente que los miembros de este organismo “no pinchan ni cortan”, salvo, quizás, en el momento de recibir algún “estímulo” por su vista gorda. Vale la pena mencionarlos, indicando a sus representados, para que la ciudadanía sepa al menos de su insignificante pero bien remunerada existencia: Edsel González (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social), Julio César Velázquez (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), Miguel Ángel Doldán (empleadores), Juan Torales (trabajadores) y Roberto Brítez (jubilados). Quienes propusieron al Poder Ejecutivo la designación de los tres últimos deberían estar bastante abochornados, si es que no consideran normal que hayan consentido lo que ahora queda en agua de borrajas por “orden” del Presidente de la República.
Deben de ser muy grandes los incentivos, para que empresas tan cuestionadas como las de los Chamorro continúen acaparando licitaciones en el IPS, pese a incumplir la propia ley del ente previsional. Y también para que sus autoridades salgan a defender, en una solicitada, una operación a todas luces amañada, tal como lo ha venido denunciando nuestro diario.
El IPS siempre fue un antro de corrupción. Como ejemplo, se puede recordar que un presidente del ente alimentaba a sus animales con productos de esa institución.
El periodista Lezcano ha formulado denuncia ante el Ministerio Público, por lo que es de esperar que las fiscalas asignadas a la investigación, Josefina Aghemo y Susy Riquelme, impulsen ejemplarmente la acción penal pública y no duden en procesar a todos los sinvergüenzas que por intereses mezquinos lucran a costa de la cosa pública.