Cargando...
En una reunión con empresarios chilenos en Santiago, el presidente Horacio Cartes criticó a las organizaciones gremiales del sector privado de nuestro país. Suponemos que su auditorio valoró aún más sus dichos porque el Presidente paraguayo proviene del sector cuestionado por él. Sabía, en efecto, de lo que hablaba y ya lo sabía, probablemente, desde antes del último 15 de agosto. Puede que ahora ese conocimiento se haya ampliado al observar a los empresarios locales desde la perspectiva que ofrece la primera magistratura. También su anfitrión Sebastián Piñera se dedicó a la actividad empresarial antes de ser presidente. Que sepamos, nunca criticó al sector privado de su país; no, al menos, en una visita oficial al extranjero y ante un público de composición similar al que tuvo Horacio Cartes. Seguramente, no tuvo motivos para hacerlo, porque Chile tiene una bien ganada fama de país serio, en el cual la corrupción no está, ni de lejos, tan difundida como en el nuestro.
En el Paraguay la corrupción no solo afecta al sector público, sino también al privado. No habría tantos funcionarios corruptos si no hubiera tantos “empresarios” de la misma índole. Tuvo toda la razón el Jefe de Estado al decir que “el sector privado es el gran cómplice, el gran actor de las debilidades del Gobierno”, y al agregar que basta con ser proveedor del Estado para respaldar cualquier cosa. En efecto, muchos de los que contratan con el Estado no son víctimas, sino cómplices de la corrupción. Las víctimas son los empresarios honestos, que ni ofrecen ni aceptan coimas.
Desde hace décadas, hay un “empresariado” fraudulento, incapaz de competir sin el amparo de autoridades corruptas, a las que suele estar ligado por lazos de amistad, de parentesco o de simple complicidad para delinquir. Esos supuestos empresarios hicieron fortuna contratando con el Estado o evadiendo impuestos, aprovechando sus relaciones con los mandamases de turno. Para citar solo algunas de sus prácticas ilícitas, son los que han venido sobrefacturando mercaderías y obras públicas, incumpliendo las exigencias técnicas al construir rutas, escuelas u hospitales, influyendo en la confección de pliegos de bases y condiciones de las licitaciones públicas o simplemente dejando de pagar el salario mínimo a sus trabajadores al prestar servicios de limpieza o de seguridad a las entidades públicas.
Los empresarios honestos suelen limitarse a condenar duramente, sin dar nombres ni apellidos, la corrupción que campea en el sector público. Es deplorable que no tengan la misma energía para poner en la picota a los grandes cómplices de las “debilidades” –léase corruptelas– del Gobierno, como dice Horacio Cartes. Algunos, tal vez, teman sufrir represalias y quieren conservar la esperanza de alguna vez ser adjudicados con un contrato.
Con el tiempo, más de uno se cansa de ser honesto y decide aceptar las reglas del juego vigentes. Es que el Estado puede ser una importante fuente de ingresos, tanto que hay empresas de “garaje” que se montan para contratar con él y no precisamente para satisfacer las demandas del mercado. Sus dueños, capaces de proveer todo tipo de bienes, saben cómo cultivar los contactos con las autoridades e incluso con los funcionarios de nivel medio que pueden influir a la hora de elaborar el pliego de bases y condiciones o de adjudicar un contrato.
Las organizaciones gremiales del sector privado deberían defender con mucho mayor vigor a los empresarios que se ajustan a la ley y repudiar con mucha firmeza a los supuestos empresarios que participan en el saqueo de los fondos públicos. Los grandes contribuyentes deberían velar por el buen uso del dinero que abonan y distinguirse claramente no solo de los ladrones, sino también de los evasores de impuestos. Estos evasores, además de violar la ley y privar al Estado de recursos para impulsar el desarrollo económico y social, hacen una competencia desleal a quienes cumplen sus obligaciones tributarias. También en este caso el empresario podría cansarse de cumplir la ley y, para sobrevivir en el mercado, caer en la tentación de recurrir a prácticas contables fraudulentas, entre otras cosas. La evasión impositiva es un delito, y quien tenga conocimiento cierto de ella debería denunciarla.
No creemos que en todo el sector privado se evadan impuestos. Quienes los pagan en tiempo y forma no deberían tener reparos en informar al Ministerio Público o a la autoridad administrativa de las omisiones ilícitas.
Las organizaciones empresariales le prestarían un gran servicio al país si contribuyeran a depurar el sector privado. Tienen el deber de denunciar a los delincuentes, agremiados o no, que se hacen llamar empresarios y no son más que ladrones de guante blanco. Y, desde luego, harían bien en pedir a sus miembros que tengan el coraje de resistir a los funcionarios que pretendan arrancarles algún soborno, porque quien lo paga incurre a su vez en un delito, es decir, se convierte en cómplice, como diría el Presidente de la República.
Es de esperar, en verdad, que el sector privado también empiece a ver la viga en el ojo propio, y que, si es cierto que condena la corrupción, no se quede solo en la declaración y pase a combatirla con la energía y la perseverancia que el futuro del país se merece. Tenemos que salir de la inmunda cloaca moral en la que estamos inmersos.