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Una comitiva fiscal-policial halló en Lambaré al menos dos depósitos de medicamentos e insumos robados del Instituto de Previsión Social (IPS), del Hospital de Clínicas y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Lo halló por casualidad, pues lo que buscaba era un centro de distribución de drogas ilícitas. Muchos de los fármacos ya perdieron su vida útil, incluso hace cinco años, lo que significa que la operación delictiva es de larga data, de lo que puede concluirse que, inexplicablemente, ninguno de los responsables del control del stock de medicamentos de los citados organismos advirtió que estaban siendo sustraídos, o son cómplices de este vergonzoso tráfico contra la salud de la población.
La envergadura del robo hace suponer la intervención de numerosos funcionarios, farmacéuticos y médicos, a quienes no les importó en absoluto que se tratara de remedios que deberían haber sido entregados gratuitamente a los enfermos de escasos recursos, ni que la expiración de su fecha de vencimiento pudiera agravar el estado de salud de quienes los compraran de farmacias no habilitadas por el Ministerio o de otras que, estando registradas, tenían y tienen un lote de medicamentos robados que venden a menor precio. Es de presumir que en todo el Paraguay habrá otros depósitos clandestinos y farmacias “de garaje” similares, que vienen funcionando sin la menor interferencia de las autoridades.
El mayúsculo descontrol reinante tanto en lo que hace al stock de los medicamentos e insumos de las entidades públicas como a la apertura de farmacias evidencia que la salud pública está en manos de unos irresponsables y corruptos de tomo y lomo.
Tras el fortuito hallazgo, el Ministerio de Salud resolvió auditar varios hospitales del departamento Central, como si nunca antes hubieran sido controlados. Aparte de que el sistema de distribución de los fármacos e insumos debe estar plenamente informatizado, la auditoría interna debe ser constante y abarcar los hospitales y centros de salud de todo el país. El Ministerio reaccionó al menos en forma inmediata, pero no así el IPS ni el Hospital de Clínicas, cuyas autoridades tampoco sabían del hurto sistemático perpetrado durante años en beneficio de bandas de miserables delincuentes que trafican con la salud de la población. El caso del hospital universitario es aún más patético, ya que no sería difícil llevar un control exhaustivo de sus existencias: solo la corrupción arraigada en los últimos años podría explicar la rapiña continua de sus bienes.
Resta mucho por investigar para identificar a todos aquellos delincuentes que se confabularon con Jorge Antonio Penayo y Etelvina Alcaraz, detenidos en el primer allanamiento e imputados por la comisión de los delitos de “comercialización de medicamentos no autorizados, producción de documentos no auténticos y hurto”. Ellos deben ser castigados con la máxima severidad establecida en el Código Penal, lo mismo que los negligentes o cómplices que les permitieron practicar el latrocinio a gran escala, quienes además deben ser expulsados con deshonra social de la función pública.
Nadie debe quedar impune en este repulsivo caso, y las pesquisas deben extenderse a lo largo y a lo ancho del país para poner fin a una práctica criminal que afecta tan directamente a las clases más necesitadas del país.