Cargando...
En el marco de la Licitación Pública N° 15/2001, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) compró para el Instituto Nacional del Cáncer 26 medicamentos oncológicos, por un valor total de 11.000 millones de guaraníes. Ya se echaron a perder fármacos por casi la mitad de ese monto porque tienen una validez de alrededor de un año y no podrán ser utilizados totalmente antes de su fecha de vencimiento. La cantidad adquirida fue excesiva, pues alcanzaba para una demanda de diez a quince años, según el doctor Emigdio Idoyaga, director del instituto. Las empresas proveedoras –Fusa SA, Norte SA, Distribuidora Policlínica SA y Farmacéutica Paraguaya SA– hicieron tres entregas en el breve lapso de tres meses: la orden de pago de la tercera, cuando el “banco de drogas” ya estaba saturado, fue emitida por la Dirección de Insumos Estratégicos del ministerio, a cargo entonces de José María Ruiz Díaz (actualmente en la Dirección de Apoyo y Servicios del Hospital Central del IPS), contra la opinión de doctor Héctor Dami, exdirector del Instituto del Cáncer. El Instituto solo recibió la mitad del lote; la otra mitad permanece en la Dirección mencionada.
El doctor Idoyaga afirma que la licitación no consideró las necesidades del hospital, sino las de las proveedoras. Habría existido connivencia entre ellas y los funcionarios. Hoy están imputados por el delito de lesión de confianza altos funcionarios del MSPBS, como el administrador de Insumos Estratégicos, Federico Gill Ramírez; el exviceministro de Salud Édgar Giménez; la exdirectora general de Gestión de Insumos Estratégicos Laura María Duarte y la exencargada de la Dirección de Planificación María del Rocío Bogado, quienes continúan en el Ministerio, con excepción del exviceministro Giménez.
Los medicamentos aún utilizables se agotarán en dos meses, así que el Instituto tendrá que comprar un nuevo lote por medio de contratación directa, debido a la urgencia del caso. Esperemos que se efectúe esa compra y que, desde luego, las firmas involucradas en este escándalo mayúsculo no sean incluidas entre las eventuales oferentes hasta que se demuestre que las afirmaciones en su contra no son ciertas.
Por de pronto, el Estado ya sufrió un daño patrimonial. Si llegaran a faltar los medicamentos y ocurriera algún desenlace fatal, serían muchos los que deberían dar una cumplida reparación a los deudos, empezando por la exministra Esperanza Martínez. La gratuidad del tratamiento médico –un engaño promocionado por la exministra– de poco les habrá servido a quienes no puedan ser atendidos con los fármacos adecuados porque los fondos disponibles se destinaron a productos ya vencidos o inútiles para el tratamiento. La hoy senadora tuvo que haber aprobado el pliego de bases y condiciones que preveía la compra de medicamentos oncológicos poco requeridos en nuestro país, y fue durante su gestión que se adquirió una gran cantidad de remedios innecesarios. Es realmente doloroso que esto se produzca en la rama de la salud pública, y justamente en el Instituto Nacional del Cáncer, al que generalmente recurren personas de escasos recursos y muy graves dolencias, cuyo tratamiento requiere de los más costosos medicamentos, para cuya compra sus familiares muchas veces hasta se ven obligados a vender sus bienes.
Estos indignantes hechos, que configuran el delito de lesión de confianza, fueron denunciados por su reemplazante, el exministro Antonio Arbo. Si la doctora Martínez ignoraba lo que ocurría en su ministerio, era incapaz de ejercer su cargo; si lo sabía y no tomó ninguna medida reparadora y sancionadora, incurrió en el hecho punible de encubrimiento.
No sería sorprendente que la licitación pública haya sido realizada a la medida de las empresas proveedoras, tanto en cuanto al volumen a ser adquirido como a las especificaciones de los remedios. Las licitaciones públicas amañadas son comunes en nuestro país. Lo trágico aquí es que se ha jugado con la salud de las personas, como se jugó con la nutrición de los niños cuando desde el ministerio encabezado por la hoy senadora Blanca Ovelar se pagaron 17.000 millones de guaraníes a proveedores fraudulentos de la merienda escolar, contratados directamente.
No se trata solo de que haya habido lesión de confianza, como cree el Ministerio Público, sino también de que se ha puesto de entrada en serio riesgo la vida de los pacientes del Hospital del Cáncer. ¿Ignoraban los responsables del pliego de bases y condiciones que buena parte de los abundantes fármacos solicitados iba a servir para tratar un cáncer poco difundido en la población? ¿No tenían datos estadísticos? Dice la doctora Martínez que el Ministerio se basó en la tasa de incidencia de la enfermedad para hacer las proyecciones. De ser así, los datos fueron muy erróneos. También puede que no hayan sido consultados, ante el deslumbramiento causado por las ofertas de quienes resultarían adjudicados con el contrato. Recuérdese que la compra alcanzó 11.000 millones de guaraníes (2,5 millones de dólares) y que cierto porcentaje de la suma convenida suele terminar en los bolsillos de quienes toman las decisiones en una entidad pública.
Convendría que el Ministerio Público investigue si hubo algo más que una grave negligencia en esta historia cuyos ribetes pueden llegar a ser trágicos. A estas alturas, ya habría suficientes elementos de juicio para presumir que no estamos solo ante un nuevo caso de lesión de confianza. Como el cohecho pasivo agravado y el soborno agravado son delitos que van siempre juntos, también sería oportuno extender la investigación a las empresas involucradas. Aparte de constituir un hecho punible, amañar las condiciones de una licitación pública sobre productos medicinales es un negociado especialmente repugnante.
Urge el total esclarecimiento de lo denunciado en su momento por el exministro Arbo y confirmado ahora por el director Idoyaga. Es más, habrá que ahondar mucho porque este caso de las drogas vencidas e inútiles sería apenas la “punta del iceberg” de un enorme saqueo del patrimonio público a costa de la salud de la población. Lo dijo el doctor Idoyaga y le creemos.