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Una durísima y maliciosa arremetida contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encabezaron los gobiernos bolivarianos marxistas de Bolivia, Ecuador y Venezuela durante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada esta semana en Cochabamba. Al mismo tiempo, de forma nada casual, se anunció la creación de una instancia de Derechos Humanos en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). El objetivo, claro está, es contar con un organismo que se dedique a justificar los crecientes y reiterados atropellos que los gobernantes de estos países y sus aliados vienen cometiendo sistemáticamente en la región.
Según dijo el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en la reunión de Cochabamba, la CIDH es defensora de la “libertad de extorsión del periodismo”, y la calificó “como uno de los últimos vestigios del neoliberalismo en la región”. A su vez, el embajador chavista ante la OEA, Roy Chaderton, afirmó que el organismo “es un instrumento del imperio compuesto por cómplices y pusilánimes”.
Evidentemente, tanto Ecuador como Venezuela sangran por la herida. A ambos gobiernos les resulta intolerable la defensa y promoción de los derechos humanos que la CIDH ejerce de manera imparcial y sistemática en el hemisferio. Las severas críticas y señalamientos que durante los últimos años ha formulado la Comisión –antes, cuando Correa persiguió a periodistas, mandándolos condenar por una Justicia domesticada, como ahora que el gorila Hugo Chávez intenta eliminar toda forma de disidencia, castiga y manda al exilio a sus adversarios políticos y cierra medios de comunicación– ponen el verdadero rostro de sus respectivos regímenes en evidencia ante la comunidad internacional, denuncias que hacen dudar a la opinión pública de los distintos países que tales gobernantes encarnen democracias pluralistas.
De manera “coincidente” al ataque contra la CIDH, a fines de mayo se realizó en Quito, según informó aquí el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, una “reunión del Grupo de Trabajo para estudiar la propuesta de Ecuador sobre la creación de una instancia de coordinación de Derechos Humanos en el ámbito de la UNASUR”.
Queda entonces claro que, siendo el mismo país el que encabeza la embestida contra la CIDH, su objetivo de crear un nuevo órgano de “coordinación” en materia de derechos humanos en el ámbito subregional está orientado al reemplazo de uno por el otro.
Es decir, Rafael Correa y sus compinches bolivarianos pretenden convertir en realidad el sueño dorado de los dictadores: la creación de una Comisión de Derechos Humanos propia, que esté totalmente subordinada a los planes y políticas de los gobiernos que la componen, al servicio de los mismos, destinada única y exclusivamente a la justificación de los atropellos que constantemente sus presidentes están cometiendo en perjuicio de sus conciudadanos.
Desde luego, no les será fácil demoler el enorme prestigio que la CIDH ha venido acumulando en el transcurso de décadas de invaluable labor al servicio de la plena vigencia de los derechos humanos de los pueblos en el continente.
Para citar un caso, su corajuda actuación durante la dictadura militar argentina, entre 1976 y 1983, permitió que el mundo entero conociera de primera mano los desmanes y abusos cometidos en aquel entonces por los responsables políticos del denominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
También en nuestro país la CIDH prestó invalorables servicios de lo que los paraguayos fuimos testigos y protagonistas, sobre todo a mediados de la década del 80, cuando la dictadura stronista le negó la autorización para realizar una visita “in loco” al Paraguay, con el objeto de certificar las alevosas violaciones a los derechos humanos cometidas por el tirano y sus esbirros. La cerril actitud del régimen reveló al mundo entero su condenable conducta en materia de derechos humanos.
¿Qué les molesta, pues, a Chávez, Correa y Evo Morales de la CIDH? Su independencia, su trayectoria y su prestigio; de allí la necesidad de atacarla, de disminuirla y poner el máximo empeño en suprimirla, inventando en su reemplazo un órgano hecho a medida, con funcionarios a sueldo de los mismos presidentes, que disfracen a sus jefes ante el mundo y los presenten distintos de lo que realmente son: un club de gobernantes autoritarios, enemigos de la libertad y violadores de los derechos humanos de los pueblos a los que miserablemente subyugan.
Los paraguayos, que tuvimos que soportar por décadas el brutal atropellamiento de nuestros derechos humanos más elementales por parte de la sanguinaria dictadura stronista, de ninguna manera podemos quedarnos callados ante esta burda maniobra del boliviarianismo chavo-marxista. Los positivos avances registrados en la materia durante las últimas dos décadas hacen preciso que defendamos la labor de la CIDH en nuestro hemisferio, bregando para que ella, consolidando su autonomía, continúe siendo un instrumento efectivo de promoción de la dignidad humana en el continente americano.