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Entre junio y julio de cada año suele hacerse una de las cumbres semestrales para el cambio de la presidencia pro tempore del Mercosur. En esta ocasión le corresponde ejercer dicha responsabilidad al Gobierno de Venezuela. Pero el actual presidente de este país, Nicolás Maduro, es indigno de presidir el bloque porque oprime, roba y hambrea al pueblo venezolano. Carece de toda autoridad moral para encabezar ni siquiera por un momento un bloque regional integrado por países regidos por Gobiernos democráticos, respetuosos de los derechos humanos.
Por todo cuanto antecede, es correcta y destacable la firme postura asumida por el Gobierno paraguayo en el sentido de oponerse a la “declaración unilateral” de los cancilleres Susana Malcorra (Argentina) y Rodolfo Nin Novoa (Uruguay) de que la presidencia pro tempore sea entregada a Venezuela este mes, pese a que la Cumbre de presidentes prevista habitualmente para fines junio no se realizó.
No se trata solo de que una decisión de esa naturaleza compete a los jefes de Estado, sino también –y sobre todo– de que quien ejerza ese cargo debe “tener credenciales democráticas y de respeto a los derechos humanos”, como bien dijo el canciller Eladio Loizaga. Esa es la cuestión de fondo que indujo al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a emitir un lapidario informe de 132 páginas y a convocar al Consejo Permanente porque en Venezuela se habría producido la situación prevista en el art. 20 de la Carta Democrática Interamericana, es decir, “una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático” de un Estado miembro.
Nuestro Gobierno dio un apoyo explícito a la acertada iniciativa de Almagro y calificó de inapropiada la declaración posterior del Consejo, pues no reflejaba la gravedad de la situación ni satisfacía las urgentes demandas de los venezolanos. Maduro respondió al secretario general con un insulto, y se vengó de la honrosa actitud paraguaya exigiendo el pago inmediato de la deuda contraída en mala hora con PDVSA.
Se comprende que los presidentes demócratas del Mercosur no quieran posar en una Cumbre en compañía de un personaje de semejante calaña, que en 2012 se atrevió a dictar órdenes a los militares paraguayos desde el Palacio de López, que calificó de “golpe de Estado” el juicio político constitucional al que está sometida Dilma Rousseff y que agravió al gobernante argentino Mauricio Macri. Desde luego, estos no son sus peores pecados, ni mucho menos.
En efecto, el somero recuento de sus atrocidades incluye además la muerte de 43 manifestantes provocada en 2014 por sus matones motorizados, y la condena a casi catorce años de reclusión del dirigente opositor Leopoldo López, dictada por un Poder Judicial sometido al Ejecutivo, al que se suman dos mil presos políticos, cuya liberación fue solicitada por el Parlamento Europeo en una resolución en la que también pidió el respeto al procedimiento revocatorio para destituir al mandamás, impulsado por una Asamblea Nacional en la que los demócratas tienen una mayoría absoluta de dos tercios, que hoy los chavistas quieren “abolir” mediante la intervención del Tribunal Supremo de Justicia que manejan. Si ya ha sido cuestionable la legitimidad de origen del mandato de Maduro, dadas la inconstitucionalidad de su candidatura y las serias denuncias de un masivo fraude electoral, hoy es indudable que, en todo caso, ha perdido legitimidad de ejercicio porque los venezolanos sufren de hecho un régimen dictatorial.
El Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, Bolivia y Chile dice que “la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados” firmantes, que “toda ruptura del orden democrático” en uno de ellos dará lugar a consultas entre los Estados partes y el afectado, y que si ellas fueran estériles, se verán las medidas a aplicar, que irán desde “la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes” de ellos. La membresía del Paraguay fue suspendida hace cuatro años porque el Congreso destituyó al presidente de la República mediante el juicio político previsto en la Constitución. En Venezuela se violan flagrantemente los derechos humanos, lo que implica violar la Constitución, sin que hasta ahora la dictadura haya sido sancionada.
La ruptura del orden democrático no supone necesariamente un golpe de Estado: también puede producirse mediante el ejercicio arbitrario del poder, tolerado por unos jueces complacientes, tal como ocurría aquí en los duros tiempos de Alfredo Stroessner.
El canciller Loizaga ha señalado que el Paraguay analiza esa dramática situación desde la perspectiva del Protocolo de Asunción, cuya adopción en 2010 consagró “la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, pilares indispensables del desarrollo y del proceso integrador del Mercosur”. Justamente, son condiciones que brillan por su ausencia en Venezuela, por lo que es plausible la firme postura que viene demostrando el Gobierno del presidente Horacio Cartes en la cuestión venezolana.
Ya no debe sostenerse un Mercosur de papel, ideologizado, que ha retrasado la verdadera integración que se propusieron los fundadores del bloque. Se debe avanzar hacia un proceso más sincero, donde se comience por un respeto a los procesos democráticos, que constituyen la base para intentar el desarrollo de los pueblos en justicia y libertad.