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La laguna Agropil, ubicada en el noroeste del departamento de Boquerón, se ha convertido en un cruel y lastimoso cementerio de animales silvestres, frecuentado por buitres que se alimentan de los restos de centenares de yacarés y esperan la muerte de otros ejemplares de la fauna que dan sus últimos estertores en el barro. El espectáculo, que se repite en otros reservorios de agua hoy igualmente secos, es sobrecogedor, y suele presentarse casi cada año, sin que a los funcionarios de los sucesivos Gobiernos de los últimos 25 años les haya conmovido esta terrible catástrofe ambiental. Ya ni se recuerda, por ejemplo, la laguna Tinfunké, otrora paraíso de la naturaleza, y otros lugares igualmente paradisíacos. Hasta las entidades ambientalistas y la Asociación Rural del Paraguay (ARP), que deberían haber pegado el grito al cielo ante tanta negligencia y tantas pérdidas, ahora se llaman a silencio o tienen tímidas reacciones que no condicen con la gravedad del caso.
A más de los animales silvestres, se han perdido centenares de reses, pues la reserva de agua de numerosos ganaderos de la zona quedó vacía porque el agua del Pilcomayo de nuevo no llegó, esta vez por culpa de la negligencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y de la Comisión del Pilcomayo, cuyos funcionarios no tuvieron siquiera el valor de reconocer, hace un par de semanas, el resultado de su indignante desempeño. La catástrofe desatada –que el Presidente de la República mal puede seguir negando– no debe sorprender a quienes leyeron las notas publicadas por nuestro diario, en las que, a su tiempo, conocedores del tema advertían con mucha anticipación lo que iba a ocurrir si nuestro Gobierno no iniciaba con la premura requerida la limpieza del canal paraguayo de desvío.
En la presente crisis, el 10 de noviembre del año pasado nuestro diario recordaba que en el 2014 el territorio paraguayo apenas había recibido las aguas del río Pilcomayo porque no se trabajó a tiempo, y advertía que todo indicaba que la historia se repetiría este año. Y así ocurrió. “Paraguay no dispone del tiempo necesario para rehabilitar en forma tanto la embocadura como el canal que conduce al río hasta el fortín General Díaz”, expresábamos ese día. Al día siguiente, 11 de noviembre, las autoridades informaban que recién se iniciaban unos trabajos que deberían haber empezado a más tardar en junio, lo que implicaba que sería “absolutamente imposible esperar que los trabajos terminen a tiempo”, es decir, a fines de octubre, agregábamos. El 29 de noviembre se dio cuenta de que pobladores de la cañada La Madrid habían informado inútilmente a los técnicos de la Comisión del Pilcomayo del riesgo de que se repita el “problema gravísimo” de 2014, cuando tuvieron “meses de aislamiento, animales muertos, daños en infraestructuras”.
Siguiendo con el rosario de negligencias y desaciertos que las autoridades se empeñan en ignorar y buscan inútilmente desmentir, el 28 de enero de este año ABC Color anticipó que “este verano, Paraguay no recibe ni recibirá las aguas del Pilcomayo” porque, aparte de haberse iniciado con retraso, los trabajos de rehabilitación fueron mal diseñados y ya no hubo tiempo para corregirlos, habiéndose dilapidado, además, nada menos que cinco millones de dólares.
Poco después, y recién luego de que el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, constatara que el taponamiento del canal del río impediría por segundo año consecutivo que el agua del Pilcomayo ingrese en nuestro territorio, el ministro Ramón Jiménez Gaona intervino la Comisión y destituyó a su director Daniel Garay, para luego denunciarlo ante el Ministerio Público por el delito de lesión de confianza. El denunciado se desligó de toda responsabilidad, tanto en lo que respecta a las demoras como a las erogaciones, afirmando que la licitación comenzó en julio de 2015, que el proceso duró tres meses y que en octubre se firmó el contrato para el inicio de los trabajos, es decir, cuando ya debieron estar concluidos. En cuanto al uso de los fondos públicos –el presupuesto de la Comisión supera los diez millones de dólares–, se lavó las manos alegando que la administración estuvo a cargo del MOPC: “Todo lo que implique desembolsos, pagos e inversiones tiene lugar a través del ministerio”, dijo.
Es indudable que la responsabilidad recae tanto sobre el MOPC como sobre la Comisión: ninguno de ellos puede rehuirla para desligarse de las incalculables consecuencias anunciadas con mucha antelación. No se trató de un hecho imprevisto. Como nuestro diario señaló el año pasado, “la desidia, inoperancia e irresponsabilidad en iniciar los trabajos de rehabilitación del canal paraguayo en el Pilcomayo se traducen en graves pérdidas ambientales y económicas para una extensa área que ocupa el valle de inundación en el Chaco paraguayo”. Como puede verse, las advertencias sobraban, pero la negligencia y la indiferencia continuaban.
Es una historia de larga data. Se puede filmar una película con el mismo argumento año tras año. Apelando a la hemeroteca, se puede mencionar, por ejemplo, que en su edición del 23 de mayo de 1993, durante el gobierno de Andrés Rodríguez, nuestro diario publicaba un editorial titulado “Negligencia en el tratamiento del problema del Pilcomayo”, en el que afirmaba que “la desidia, la negligencia y la minimización del problema permitieron el desvío del río hacia territorio argentino”. Y concluía señalando que “a la urgencia de las obras ha de sumarse la certeza de su calidad. Algo que hoy no parece existir, en gran parte motivado por la desidia con que los funcionarios responsables han manejado este asunto”. Casi un cuarto de siglo después, podría publicarse, con puntos y comas, el mismo editorial, mientras la mentalidad de los funcionarios gubernamentales tampoco ha variado un ápice.
En efecto, meses después de estallada la presente previsible crisis, el ministro Jiménez Gaona sostuvo, muy suelto de cuerpo, que se había montado todo un “circo político”, por haberse pretendido que una “situación natural sea responsabilidad de un ente que tiene capacidad presupuestaria de poder intervenir apenas puntualmente en unos pocos sitios”. Esa situación natural, cabe reiterarlo, se repite cada año, sin variación.
La Asociación Rural del Paraguay, las entidades ambientalistas, los organismos públicos y privados que se ocupan de los indígenas, y los ciudadanos y las ciudadanas en general deben despertarse y exigir con firmeza al Gobierno que encare como corresponde, con inteligencia y honestidad, el grave problema del río Pilcomayo, el que, por negligencia y corrupción de funcionarios y sus cómplices en el sector privado, somete regularmente a una rica región del país a una situación de sufrimientos y pérdidas incalculables.