Cargando...
Desde su independencia, el Paraguay ha librado una dura lucha por preservar su soberanía y su libertad, y para continuar siendo una Nación digna, dueña de su propio destino, en el concierto de los países libres del mundo. Con la misma firmeza con la que ha encarado los desafíos de su pasado turbulento, hoy el Paraguay se halla empeñado en secundar las iniciativas de convivencia pacífica entre las naciones, en particular con los países limítrofes y de la región. Política de buena vecindad y cooperación condicionada únicamente a la prevalencia del derecho internacional que exigen también para sí otras naciones hermanas y amigas.
En la apuesta que hizo el Paraguay al suscribir el Tratado de Asunción, constitutivo del Mercosur, supuso que prevalecería la ley de las naciones y no la voluntad política discrecional de ninguno de sus miembros.
Lamentablemente, la destitución del expresidente Fernando Lugo mediante un juicio político constitucional motivó una injusta represalia diplomática contra el Paraguay por parte de los demás gobiernos del Mercosur, Argentina, Brasil y Uruguay, en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, que consagra el derecho de autodeterminación de los pueblos y el principio de no injerencia foránea en los asuntos internos de los Estados. Todo, al solo efecto de admitir irregularmente a Venezuela dentro del bloque regional sin la conformidad del Paraguay, como manda el Tratado.
No satisfechos con la injusta suspensión de nuestro país del Mercosur y la arbitraria admisión de Venezuela en el mismo, nuestros socios iniciaron una feroz persecución diplomática contra el Paraguay, en procura de que la OEA convalidara su atropello a nuestra soberanía con una condena a nivel hemisférico. Por suerte, esa inamistosa actitud despertó escepticismo entre los países miembros de la organización continental, que acabaron dando la razón a nuestro injustamente agredido país, al mismo tiempo que recibimos la solidaridad espontánea de los países de la Unión Europea, con mucha tradición de apego a los tratados y a la ley de las naciones.
El hecho de que celebremos la presencia de las presidentas Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner, junto con el presidente José Mujica, de Uruguay, en ocasión de asumir el señor Horacio Cartes la alta responsabilidad de dirigir los destinos del Paraguay en el próxima lustro, es una oportunidad que tiene el pueblo paraguayo para manifestarles a los gobernantes del Mercosur que, así como el Paraguay respeta y cumple los tratados internacionales, exige a su vez que la arbitrariedad no suplante a la ley de las naciones y que lo político no prime sobre lo jurídico.
Como socio con Brasil y Argentina en las usinas hidroeléctricas binacionales, el Paraguay tiene reclamos puntuales que afectan a nuestros intereses, y que, pese al tiempo transcurrido, hasta ahora no han sido debidamente atendidos.
El reclamo paraguayo al Brasil, en la persona de su presidenta Dilma Rousseff, se centra en el fin de la indignante expoliación colonialista que viene sufriendo el Paraguay en ITAIPÚ desde hace más de 40 años, como directa consecuencia de la mala fe con la que el Gobierno brasileño del momento omitió incluir en el posterior Tratado el compromiso de “precio justo”, acordado para la energía paraguaya vendida a dicho país en el Acta Final de Foz de Yguazú, suscrita por los cancilleres de ambos países el 22 de junio de 1966, que expresa claramente: “IV. CONCORDARON en establecer, desde ya, que la energía eléctrica eventualmente producida por los desniveles del río Paraná, desde e inclusive el Salto del Guairá o Salto Grande de las Siete Caídas hasta la boca del río Yguazú será dividida en partes iguales entre los dos países, siendo reconocido a cada uno de ellos EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA MISMA ENERGÍA A PRECIO JUSTO (las mayúsculas son nuestras), que será oportunamente fijado por los especialistas de los dos países, de cualquier cantidad que no sea utilizada para satisfacción de las necesidades del consumo del otro país”.
Por ser este documento parte fundamental del Tratado de ITAIPÚ, el Paraguay tiene derecho de reclamar un precio justo (que por definición comercial es el precio de mercado) por los 887 Terawatt de electricidad exportada al Brasil entre 1985 y 2012, y por lo que le continúa vendiendo hasta ahora, según lo consigna el reciente estudio de un equipo de expertos financieros internacionales liderados por el renombrado economista estadounidense Jeffrey Sachs.
Aun cuando la deuda del ente binacional pudiera ser la que consta en los libros, el Paraguay también reclama que los abusos financieros que la llevaron por las nubes deben ser imputados exclusivamente a la responsabilidad de las autoridades brasileñas del ente, quienes hasta ahora manejan sus finanzas de modo unilateral, por lo que nuestro país no tiene por qué cargar con su indebido incremento.
En consecuencia, la parte de la deuda que le corresponde al Paraguay ya ha sido totalmente saldada, como lo constató una auditoría realizada por la Contraloría General de la República del Paraguay, conclusión que fue recientemente confirmada por el minucioso estudio del doctor Sachs y su equipo de expertos. El Gobierno del Brasil, actualmente presidido por la señora Rousseff, ya no puede seguir dando la espalda a esta agraviante situación.
A la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se le reclama la urgente regularización de la caótica administración de la usina binacional Yacyretá, que debe retornar a lo estrictamente estipulado en el Tratado y no a las antojadizas decisiones del Gobierno argentino, que en la práctica ignoran también el derecho de cogestión del Paraguay. La oportunidad para poner fin a tan infame situación es la revisión del Anexo C del Tratado, a realizarse indefectiblemente el próximo año, para lo cual es necesario cuantificar exactamente la deuda de la entidad binacional según lo originalmente convenido, y no sobre la base de las leoninas Notas Reversales de 1992 –invocadas como válidas por el Gobierno argentino pero violatorias de la letra y el espíritu del Tratado–, algunas de las cuales no aprobadas por el Congreso paraguayo, deviniendo, por tanto, nulas.
La persistencia del Gobierno argentino en reclamar al Paraguay el pago en partes iguales de un débito de casi US$ 20.000 millones es un abuso financiero absolutamente inaceptable. Categóricamente, el Paraguay no va a aceptar jamás lo actuado al margen del Tratado, ni tiene por qué pagar la mitad de una deuda que ha alcanzado sus absurdas magnitudes actuales precisamente por la espiral inflacionaria que genera el atropello del Gobierno argentino en Yacyretá, de donde se lleva el 96 por ciento de la energía eléctrica que la usina produce, pagando por ella un precio mísero muy por debajo del costo de producción.
Por lo tanto, para mantener la amistad y el respeto entre ambos gobiernos es necesaria una pronta y justa solución a la deuda de la entidad binacional, condición sine qua non para avanzar hacia otros aprovechamientos hidroeléctricos del río Paraná, como el potenciamiento del brazo Aña Cua y la proyectada represa de Corpus, emprendimientos que la Argentina, al menos en un futuro inmediato, necesita más que nuestro país.
Finalmente, el pueblo paraguayo no tiene reclamos que formular al señor presidente del Uruguay, José “Pepe” Mujica, similares a los citados a los presidentes de Brasil y Argentina.
Sin embargo, el pueblo paraguayo tiene la esperanza de que, algún día, algún presidente de ese país repare de alguna manera la afrenta infligida por su Gobierno a la dignidad del Paraguay al convalidar su injusta suspensión del Mercosur con una fraseología de escaparate confesando que, a su criterio, “lo político supera largamente a lo jurídico”.
Esta visita es propicia para que el presidente Mujica aclare al pueblo paraguayo si continúa pensando de la misma manera, porque, si su respuesta es afirmativa, el Paraguay no tiene nada que hacer en el Mercosur.