Cargando...
La mitad de la energía de Itaipú es de Paraguay. El calificado estudio del historial financiero de Itaipú hecho por el prestigioso economista norteamericano de fama mundial Jeffrey Sachs ha demostrado fehacientemente que, si no fuera por los abusos financieros cometidos por las autoridades brasileñas del ente binacional, ya en el 2012 Paraguay habría saldado la totalidad de la deuda que le corresponde por los empréstitos contraídos para financiar la construcción de la represa.
Para infortunio de nuestro país, en 1997 el gobierno del presidente Juan Carlos Wasmosy tuvo el desatino –por decir lo menos– de convalidar esos abusos, aceptando a ciegas las cuentas consolidadas unilateralmente por las autoridades brasileñas del ente. También en la ocasión, el gobernante paraguayo convalidó una deuda espuria de más de 4.100 millones de dólares, resultante de la aplicación de la “Ley Funaro”, que en abril de 1986 obligó a Itaipú a reducir su tarifa de US$ 14,75/kW/mes a US$ 10/kW/mes. Esta reducción, violatoria del Anexo C del Tratado, fue aceptada sin chistar por el entonces director general paraguayo, ingeniero Enzo Debernardi, pese a que menos del 5 por ciento de esa electricidad era consumida entonces por el pueblo paraguayo. Con igual largueza, el presidente Wasmosy aceptó el abuso financiero de la “doble indexación”, con lo que en el final la deuda total de Itaipú –cuya mitad terminará de pagar el Paraguay en el 2023– aumentó de unos US$ 16.000 millones a US$ 20.000 millones en menos de 10 años.
Ante semejante ultraje, impúdicamente consentido por nuestros codiciosos gobernantes de turno, la suerte del futuro del Paraguay se jugará en las negociaciones marcadas para la revisión del Anexo C, ocasión en que, concomitantemente, el Paraguay debe exigir la enmienda del Tratado. Esta enmienda no tiene muchas vueltas que dar. Debe consistir simplemente en la incorporación al Tratado de lo convenido por ambos gobiernos en la carta fundacional del mismo: el Acta Final de Foz de Yguazú, suscrita por los cancilleres de Paraguay y Brasil, doctor Raúl Sapena Pastor y general (R) Juracy Magalhaes, el 22 de junio de 1966, y que con toda mala fe no fue incluido por los taimados negociadores brasileños. En su punto IV, la misma establece:
“CONCORDARON en establecer, desde ya, que la energía eléctrica eventualmente producida por los desniveles del río Paraná, desde e inclusive el Salto del Guairá o Salto Grande de las Siete Caídas hasta la boca del río Yguazú será dividida en partes iguales entre los dos países, siendo reconocido a cada uno de ellos el derecho de preferencia para la adquisición de esta misma energía a justo precio, que será oportunamente fijado por especialistas de los dos países, de cualquier cantidad que no sea utilizada para satisfacción de las necesidades del consumo del otro país” (las negritas son nuestras).
La enmienda del Tratado debe consistir básicamente en la literal incorporación del texto del parágrafo IV del Acta Final de Foz de Yguazú al mismo, junto con una cláusula que derogue todas las disposiciones en contrario de lo allí establecido. Este debió ser el objetivo central alrededor del cual tuvieron que girar el acuerdo Lugo-Lula y cualesquiera otras reivindicaciones subsidiarias hasta ahora impulsadas por el Gobierno paraguayo, que no debería aceptar perder más tiempo en discusiones bizantinas con su par de Brasil sobre la enmienda del Tratado, porque el Acta de referencia ya es un acuerdo de Gobierno a Gobierno. Forma parte del prólogo del Tratado de Itaipú y, por lo tanto, es plenamente válida en el contexto de la ley internacional, no habiendo nada que discutir acerca de su legitimidad.
Aunque legalmente dueña de la mitad de Itaipú desde el principio, por culpa de sus gobernantes codiciosos el Paraguay tiene todavía una abultada deuda que mantiene hipotecado su activo en la misma. Pero, en el 2023, cuando haya cancelado la totalidad de la deuda asumida, su dominio sobre la mitad será irrestricto, como lo es sobre su territorio. De ahí que la estrategia de nuestro Gobierno debe tener como premisa básica que el Paraguay tiene total y absoluta soberanía sobre su mitad, con derecho a disponer de ella libremente, según su propio interés y sujeto solo a las normativas de condominio que se establezcan como joint venture igualitariamente concertado.
Esta es la visión optimista sobre el futuro de las relaciones del Paraguay con el Brasil con relación a Itaipú, que el presidente Horacio Cartes debe anticipar a su colega Michel Temer como prenda de la buena fe del pueblo paraguayo, y su esperanza en que su Gobierno abrirá el camino hacia el fin del abuso que nuestro país sufre actualmente en la usina binacional.
El peor escenario será si el Gobierno de Brasil se niegue a enmendar el Tratado en los términos más arriba señalados. En ese hipotético caso, Paraguay no tendrá otra opción que recurrir al Tribunal de Justicia Internacional de La Haya, para rescatar la parcela de soberanía actualmente conculcada en la binacional.
Finalmente, se debe también expresarle al presidente Temer que, invocando el privilegio geopolítico de ser el Paraguay el único de los 10 países con los que limita Brasil que comparte con él un emprendimiento binacional de importancia estratégica, a más de ser el país que concentra la mayor inmigración brasileña en la región y el mundo, su gobierno no debería retacear buena voluntad para hacer de Itaipú una bisagra geopolítica que articule los intereses mutuos de nuestros dos países, mediante una alianza estratégica que deje en el olvido la vil explotación colonialista que allí prevalece hoy día en perjuicio de nuestro país.
Aunque no suficiente, en términos de la ley internacional, tal actitud equivaldría a la reparación histórica que Brasil todavía le debe al Paraguay por haber arrasado su infraestructura y aniquilado el 80 por ciento de su población en la inicua Guerra de la Triple Alianza que lideró.