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Cuatro sindicatos del Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), declararon una huelga general por treinta días, es decir, tomaron a los pacientes como rehenes para forzar el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo en beneficio de más de 5.000 funcionarios, la recategorización de 700 de ellos y el nombramiento de 475 contratados.
En otros términos, reclaman una ampliación presupuestaria de 28.000 millones de guaraníes mediante una medida de fuerza que no fue decidida con el voto secreto de los dos tercios de los presentes en las respectivas asambleas generales, que hayan firmado su asistencia, tal como manda el art. 128 de la Ley de la Función Pública. De hecho, entonces, fue dispuesta por sí y ante sí por unos dirigentes sindicales que nunca se ocuparon de denunciar a los clanes corruptos que durante años han tenido en sus manos dicho nosocomio. Uno de ellos, Derlis Torres, se permitió instar a la gente –sobre todo a la del interior del país– a que no venga a San Lorenzo para ser atendida, porque los servicios de consultorio estarán resentidos. Tampoco se realizarán las cirugías programadas, de modo que mientras los prepotentes no se salgan con la suya, quienes necesiten someterse a una operación tendrán que seguir soportando sus dolencias. El citado sindicalista tuvo a bien “garantizar”, por otra parte, que proseguirán las atenciones en servicios tales como “urgencias, internados, terapias, pediatría, estudios auxiliares de apoyo y todos los considerados imprescindibles”.
En otras palabras, él y sus “compañeros de lucha” tienen el descaro de establecer cuáles son los servicios “imprescindibles” en el Hospital de Clínicas. Y bien, el art. 130 de la ley mencionada dice que son “servicios imprescindibles (...) aquellos cuya interrupción total o parcial pongan en peligro la vida, la salud o la seguridad de la comunidad o de parte de ella”. Uno de ellos, según la misma norma, es “la atención sanitaria y hospitalaria”, en general: ella no distingue entre la atención imprescindible y la que no lo es. El art. 131, a su vez, dispone que, al declararse en huelga, quienes presten servicios públicos imprescindibles deben garantizar su funcionamiento regular, en este caso, el de toda la atención del nosocomio referido. Establece también que la autoridad administrativa de la entidad afectada debe comunicar al sindicato propiciante “la nómina del personal necesario para el efecto”. ¿La hizo llegar el Decanato de la Facultad a los sindicalistas, o estos resolvieron por su cuenta quiénes prestarían solo los servicios que ellos mismos creen “imprescindibles”, sin importarles un bledo la ley?
Valga recordar que el art. 68 de la ley aludida califica de “falta grave” que los designados incumplan el deber de atender los servicios esenciales y que el 69 la sanciona con el despido, con inhabilitación para ocupar cargos públicos por dos a cinco años. Los pésimos antecedentes de los dirigentes sindicales del hospital hacen que la ciudadanía no deba sorprenderse de la arbitraria actitud asumida en perjuicio directo de los enfermos de menores recursos y no precisamente de los legisladores que deben aprobar la ampliación presupuestaria. Uno de estos desalmados es Julio Villalba, un gran defensor de los poderosos hermanos Jaime y Emiliano Ibarrola, denunciados en 2015 por los estudiantes debido a serias “irregularidades administrativas” y hoy investigados, aunque siguen cobrando sus salarios de más de 32 millones de guaraníes cada uno. Es jefe de transporte y seguridad del Centro Materno-Infantil, habiendo sido denunciado porque habría robado repuestos de ambulancias, combustibles y un generador eléctrico, en su lugar de “trabajo”. Tras la victoria de Mario Abdo Benítez en los comicios internos colorados, difundió un audio entre sus compinches del Hospital de Clínicas, en el que afirmó que “esto debe servir de ejemplo a esos zurditos hijos de p...”, es decir, a los estudiantes. También integra la claque allegada a los hermanos Ibarrola la jefa del Departamento de Nutrición, Sara Mongelós, sumariada en 2010 por la desaparición de 400 kilos de carne del no violentado frigorífico.
Si las corruptelas proliferaron en los últimos años en el nosocomio es no solo porque los sindicalistas de esta ralea se callaron la boca, sino también porque ellos mismos estaban o siguen estando involucrados. Y tienen ahora la desvergüenza de provocar el desamparo de los pacientes para ejercer una intolerable presión, sin atender los procedimientos legales, y discriminando, a su antojo, entre las prestaciones imprescindibles y las que no lo son. La evidente inmoralidad e ilicitud de la medida extrema a la que están recurriendo, ocasionando de paso un caos vehicular, debe ser repudiada con toda energía y sus promotores castigados de acuerdo a la ley. Lo único que les interesa es ganar más y trabajar menos. Todo lo demás, como la salud pública y el respeto a los derechos de terceros, les resulta absolutamente secundario. Que no salgan con la cantinela de que solo quieren brindar un mejor servicio, porque, habiendo tolerado e incluso intervenido en la corrupción reinante en el Hospital de Clínicas, no pueden alegar que les preocupan quienes concurren allí para ser atendidos.
En ese lugar se ha venido robando a lo grande, durante largos años, para mal, especialmente, de las personas carenciadas, y para bien de unos pocos caraduras. Ahora se valen de ellas como si fueran un arma con la que se puede apuntar a la cabeza de quienes deben resolver si acceden o no a sus abusivas pretensiones, demostrando así su total insensibilidad ante el dolor ajeno. Semejante actitud solo puede tildarse de miserable y ser condenada por los ciudadanos y las ciudadanas cada vez más hartos de los facinerosos y de los “mbarete”.