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Nuestro país está pasando por un momento particularmente importante para el futuro de su democracia. Se está destapando una gigantesca olla de cuyo olor a podrido puede inferirse que se trata de un caldo del peor contenido político imaginable.
La “narcopolítica”, de la que hasta ahora se hablaba bastante pero no se sabía mucho, comienza a dejar ver sus primeros tentáculos. Se conocía la existencia de magistrados, jueces, fiscales, intendentes, gobernadores, concejales, policías, militares, funcionarios, etc., ligados al tráfico de productos prohibidos, sea como miembros activos de las organizaciones de traficantes, sea como cómplices, encubridores o favorecedores; pero nunca se llegó a detectar su presencia en lugares tan altos como en el propio seno del Poder Legislativo.
La pregunta que la gente informada, consciente y cívicamente responsable se está formulando en estos días es: ¿Cómo es posible que los partidos políticos, en particular los tradicionales, hayan permitido que bandidos, directa o indirectamente ligados al tráfico ilícito, al vicio y la corrupción organizada y practicada en las formas más abiertas y descaradas, hayan logrado anotarse como candidatos electorales, resultar elegidos y, por este medio, convertirse en “representantes del pueblo”?
¿Es que los colorados, por ejemplo, no se avergüenzan de tener en los más altos cargos de la República, portando las banderas de la ANR, a gente como los intendentes Vilmar “Neneco” Villalba y Carlos Antonio Villalba, los diputados Cristina Villalba, Marcial Lezcano y Rubén “Chicharõ” Sánchez? Y estos no son más que algunos, porque la putrefacta olla recién está siendo destapada y exhiben los primeros nombres que emergen. ¡Quién sabe hoy lo que aparecerá después!
Para sacudirse las salpicaduras de lodo que está recibiendo todos los días, la reacción de las autoridades de la ANR es más que tímida. Sus dirigentes parecen desorientados –por decir lo menos–, no saben qué actitud asumir, qué medida tomar. No se atreven a expulsar a los narcopolíticos del partido, pero tampoco los pueden seguir sosteniendo porque el precio social –que pagan ahora– y electoral –que pagarán después– por el descrédito es demasiado alto.
¿Qué es lo que ligó a ciertos partidos y sus dirigencias con gente de la ralea de los “narcos”? En un primer análisis, podría aventurarse que se trata simplemente de dinero. Los partidos consumen muchos recursos en sus campañas electorales, deben ganar gobernaciones, intendencias, mayorías en los cuerpos colegiados y cubrir con sus operadores todos los departamentos, ciudades, pueblos y hasta compañías del interior. Una organización de tal envergadura y el aparato capaz de manejarla cuestan mucho dinero y exigen mucha gente trabajando. Aquí es donde aparecen los narcos, como ángeles caídos del cielo, con miles de millones en las manos, poniéndolos generosamente al servicio de “la causa”, pidiendo a cambio tan solo un poco de impunidad, de fueros parlamentarios, de sobreseimientos judiciales. ¿Cómo rechazar semejante oferta en momentos políticos tan críticos?
Y pensar que el mayor argumento empleado por los políticos para intentar justificar los aportes y subsidios estatales a los partidos –actualmente alrededor de 70.000 millones de guaraníes anuales– era que, si el Estado no las sostenía, las organizaciones políticas caerían en manos de financistas particulares, con riesgo de que fuesen, lógicamente, los de carácter criminal. Pues ahora resulta que los fondos que los partidos reciben del erario no constituyen impedimento alguno para que también acepten el dinero del narcotráfico y de otras fuentes ilícitas, como, desde luego, siempre se supo que podía suceder.
La olla que se está destapando nos está mostrando cuán profundamente los grandes criminales lograron penetrar en las estructuras del Estado y de la sociedad, en lo que toca, específicamente, a las organizaciones políticas. Tenemos legisladores, gobernadores, intendentes, concejales, comisarios, jueces y fiscales narcos, o manejados por narcos o cómplices de narcos. Operan calladamente; por eso pasaban desapercibidos. El grave error del crimen perpetrado contra nuestro corresponsal Pablo Medina y su acompañante Antonia Almada pone hoy a los “narcopolíticos” en las portadas periodísticas y en la boca de la gente, que comienza a preguntar a las autoridades qué están haciendo al respecto.
Es una circunstancia muy especial para el futuro de la democracia esta que estamos viviendo en el Paraguay en este momento. Nos hallamos en un cruce de caminos, en el que tendremos que optar por tomar el sendero de una democracia de fachada, ese régimen entendido apenas como mecanismo de legitimación formal del poder asumido por bandidos, mediocres sobornados y traidores a su pueblo y a su patria, o emprender por el otro camino, por el cual se llega al régimen de representatividad y participación realmente colectiva, libre y regulada por las normas consensuadas y firmemente eficaces, esa democracia que la mayoría anhela y por la cual lucha. Por la cual han dado la vida nuestro compañero Pablo Medina y Antonia Almada.
La ciudadanía, una vez más, tiene en sus manos la posibilidad de enderezar este rumbo por el que nos condujo la narcopolítica. Deberá vigilar atentamente desde ahora a quienes se postulan como candidatos para las próximas elecciones municipales. En cada villa, en cada pueblo, en cada barrio de las ciudades, los vecinos que conocen de cerca a los candidatos tienen que denunciar a los sospechosos de ser delincuentes, traficantes, corruptos, ladrones de dinero público. Si por algún motivo no pueden hacerlo personalmente, está la prensa a disposición para recibir los elementos que pueden servir de base para una investigación de los personajes averiados.
Ningún deshonesto hubiera llegado a ocupar un cargo electivo sin los votos de los electores, de modo que la limpieza moral de esta democracia debe comenzar por la base.
Nunca más votar por un candidato bandido.