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Tras causar incomodidad y enfado a la ciudadanía en general, e ingentes perjuicios a los frentistas en particular por casi tres años, finalmente la empresa portuguesa contratista, Mota-Engil, ha decidido dar la cara denunciando implícitamente su virtual contubernio con concusionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) residente hasta hace poco en el país, el brasileño Eduardo Almeida, en la implementación del proyecto metrobús.
Al menos, eso es lo que inequívocamente se desprende del extenso comunicado a la opinión pública emitido por la empresa en espacio reservado de un diario capitalino ayer lunes, a los efectos de supuestamente deslindar cualquier responsabilidad de su parte en cuanto a la desastrosa ejecución de los trabajos en la vía pública que hasta la fecha ha ocasionado enormes daños económicos a la gente que tiene sus viviendas y locales comerciales a la vera de las avenidas afectadas por los trabajos.
En su descargo “ex post facto”, Mota-Engil pone al descubierto el mecanismo articulado por la tríada de actores centrales para robar impunemente al Estado. La métrica del fraude utilizada por los ladrones era muy expeditiva: las autoridades del MOPC con vela en el entierro demoraban intencionalmente en formalizar la liberación y entrega al contratista en tiempo contractualmente útil las parcelas de terreno (privadas o públicas) a ser afectadas por los trabajos de construcción. Al respecto, la pertinente cláusula contractual dice: “Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algún Costo debido a que el Contratante no le ha concedido dicho derecho o posesión en el plazo establecido, el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 20.1 (Reclamaciones del Contratista), tendrá derecho a lo siguiente: a) una prórroga del plazo por cualquier demora de esa índole, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 (prórroga del Plazo de Terminación), y b) el pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el precio del Contrato” (las negritas son nuestras). Ya era muy difícil pensar que la empresa aguantara tanto tiempo sin avanzar en los trabajos por simple altruismo.
Vía esta artimaña burocrática fraudulenta es que, en los meses finales de la gestión del ministro Ramón Jiménez Gaona, el MOPC le reconoció a Mota-Engil un sobrecosto de contrato de 34,4 por ciento, con lo que el costo de la obra trepó de G. 300.417 millones a G. 403.900 millones. Concomitantemente, el consorcio fiscalizador contratado por el MOPC para fiscalizar los trabajos recibió por cuerda separada un aumento de 33 por ciento, con lo que su contrato pasó de G. 16.320 millones a G. 21.638 millones. Detalle no menor que hace sospechar que el citado consorcio también formaba parte de la rosca conformada para estafar al Estado.
No deja de ser una ironía, entonces, que ante la presumible renuencia del ministro Arnoldo Wiens de avenirse a integrar el circulo áulico de los ladrones que medran con el proyecto metrobús, Mota-Engil haya optado por sacar al sol los trapos sucios de la gavilla. Ciertamente, no por filantropía, sino buscando sacar una buena tajada final ante la posibilidad cierta de que el MOPC le rescinda el contrato, dado que el fraudulento proyecto no puede seguir adelante a menos que el presidente Mario Abdo Benítez decida seguir el corrupto rumbo de su antecesor, Horacio Cartes, y que también el ministro Wiens decida emular a su predecesor, Ramón Jiménez Gaona.
Obviamente, a diferencia de lo ocurrido con Marcelo Odebrecht y otros empresarios brasileños que han optado por el recurso legal atenuante del “arrepentimiento”, los directivos de Mota-Engil se han cuidado muy bien de que algún experto pudiera descifrar la clave del acceso a la cueva de Alí Babá y ventilar al público la métrica de repartija de los G. 103.483 millones concedidos de yapa a Mota-Engil y los G. 5.318 millones entregados al consorcio fiscalizador, hasta ahora.
Acertadamente, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, señaló que, aparte de solucionar el desastre ambiental causado por las obras inconclusas del metrobús y dar un corte final al problema contractual con la empresa contratista, la prioridad del Gobierno es investigar la administración del proyecto para dar con los responsables del daño ocasionado al Estado, a cuyo efecto tomará cartas en el asunto la Secretaría Nacional Anticorrupción.
Mientras tanto, el repentino cambio de actitud de la empresa contratista –tras haber permanecido en el molde durante tanto tiempo, pese a las protestas ciudadanas– configura una indirecta admisión de culpa que debe inducir al Gobierno a profundizar la investigación acerca de cómo ha sido administrado el malhadado proyecto de transporte urbano de pasajeros, para castigar a los culpables, como lo hicieron las autoridades de la Caja de Jubilaciones de Itaipú (Cajubi) mandándolos a la cárcel con ejemplares condenas. En modo alguno el Gobierno debe confiar en la buena fe de la empresa contratista en el sentido de que de aquí en adelante ella va a dejar de lado sus intereses centrados en el lucro como único objetivo.
De una vez por todas, el Gobierno debe convencerse de que, así como está, el proyecto del metrobús es inviable y no hay enmienda que le calce, razón por la cual, por el bien de la ciudadanía y de las arcas públicas, el proyecto debe ser desechado definitivamente, sin perder de vista su reemplazo en el futuro por otro honestamente analizado, más conveniente para el fisco y la ciudadanía.
Quienes se emperraron en llevar adelante este proyecto contra toda lógica, deben ser identificados, enviados a la cárcel y resarcir con sus bienes las pérdidas ocasionadas.