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En el difícil trance que nuevamente le toca vivir a la República, es conveniente que los hombres que están al frente de su gobierno actúen con sensatez y grandeza de espíritu. El país, que viene de atravesar una de sus horas más negras con la trágica muerte de humildes campesinos y abnegados policías, no tiene por qué seguir siendo sometido a una prueba tan tremenda ni en los cimientos de su moral ni en la solidez de sus instituciones.
En el mensaje pronunciado por el presidente Lugo ayer por la tarde, tras habérsele iniciado el proceso constitucional de juicio político, el titular del Poder Ejecutivo sostuvo que se sometía voluntariamente al procedimiento legislativo, al mismo tiempo que denunciaba ante el pueblo que “la voluntad expresada en las urnas el 20 de abril del 2008 está siendo objeto de un ataque inmisericorde”, que se pretendía “robar” con un “hecho político”.
Ahora bien, tal usurpación no existe, porque la Constitución Nacional, que de hecho prescribe la elección de las más altas autoridades de la República –presidente y vicepresidente– mediante el voto popular, también contempla, en su artículo 225, que estas puedan ser sometidas a juicio político “por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes”.
Si hacemos números, el voto popular que él invoca está hoy mayoritariamente en su contra. Fernando Lugo accedió a la Presidencia de la República mediante el voto de 766.502 paraguayos. El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), miembro principal de la Alianza Patriótica para el Cambio que lo aupó al poder, le aportó 507.000 votos, es decir, el 66% del total.
Con la lógica de la voluntad de las urnas planteada ayer por el presidente Lugo, el PLRA, al apartarse del Gobierno que él encabeza, lo dejó automáticamente huérfano de ese impresionante 66% del total de votos recibidos. Y si se considera que la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria ahora están impulsando el juicio político al titular del Poder Ejecutivo, también debe concluirse válidamente que estos tienen en su haber la cantidad de votos obtenidos en las elecciones generales de 2008, es decir, los colorados más de 530.000; Unace, 379.000, y Patria Querida, unos 40.000. En total, 1.500.000 votos del pueblo paraguayo están hoy contra Fernando Lugo.
No obstante, más allá de lo que las cifras digan o puedan decir, lo cierto y lo concreto es que el Presidente de la República ha perdido el respaldo de la mayoría del pueblo paraguayo, y que en sus manos está la posibilidad de salir del poder por la puerta grande o hacerlo de manera indigna.
En cualquier país razonablemente civilizado, si el principal partido político que sostiene políticamente a un jefe de Estado le retira su apoyo, este se va, no espera que lo echen.
Más allá de estas consideraciones, y en el caso de que Fernando Lugo salga finalmente de la Presidencia, es de esperar que las nuevas autoridades que asuman la máxima conducción del país tengan un plan debidamente elaborado y presto a ser ejecutado para restituir al país su inmediata pacificación y entendimiento, designando un gabinete con mujeres y hombres probos y eficientes, que trabajen con ahínco y presteza por el desarrollo económico y social del Paraguay.
Nuestro país no merece seguir perdiendo el tiempo en eternas querellas políticas. Es hora de comenzar a trabajar firmemente por la reconstrucción de su tejido social, el crecimiento económico, el combate a la inseguridad y la pobreza, y la multiplicación de las oportunidades laborales para todos y cada uno de sus habitantes.
De Fernando Lugo depende que esta tarea se inicie inmediatamente, o que el creciente proceso de su agónico desgaste político siga manteniendo al país en vilo por más tiempo.