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Las fuertes lluvias y las crecientes de los últimos meses han vuelto a evidenciar el abandono del Chaco por parte de los organismos estatales y, en especial, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Es un verdadero escándalo que la falta de caminos transitables durante todo el año impida que miles de pobladores se provean de alimentos, reciban atención sanitaria y sean socorridos por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
Valga como ejemplo de la patética situación que solo en el municipio de Tte. Irala Fernández, del departamento de Presidente Hayes, hay doce mil damnificados, sobre todo en las comunidades indígenas, que perdieron entre el 70 y el 100% de sus cultivos, y hace unos días, una criatura de la parcialidad maskoy falleció deshidratada porque no pudo ser atendida a tiempo en el puesto de salud, de muy difícil acceso. La Municipalidad local pidió alimentos, remedios y abrigos para las víctimas, así como un helicóptero para trasladar enfermos y medios de transporte que lleven ayuda a las comunidades aisladas. Incluso las cooperativas menonitas del Chaco Central resultan afectadas, en la medida en que sus camiones no pueden ingresar en las comunidades para retirar la leche a ser procesada.
Capítulo aparte merecen los habitantes del abandonado Alto Paraguay, que están sufriendo, como siempre, las penosas consecuencias de la falta de infraestructura vial, atribuible a décadas de indolencia gubernativa. Varios tramos de los caminos que unen tres comunidades con el resto del departamento se hallan inundados, siendo imposible optar por los que cruzan las estancias, pues los dueños solo permiten por ahora el paso de vehículos que transportan enfermos. Por lo demás, como sus inmuebles están inundados, no contratan a lugareños para trabajos temporales, lo que impide que estos puedan comprar alimentos aunque los hallen en los desprovistos locales comerciales. Recién en los últimos dos días y luego de dos meses, la Fuerza Aérea, empleando pistas de aterrizaje de firmas ganaderas, logró entregar alimentos a los pobladores que están aislados. Entretanto, unos cuatro mil habitantes de Bahía Negra siguen aguardando el auxilio de la SEN.
El duro trance por el que están pasando nuestros compatriotas de la Región Occidental, como también los de varios otros lugares, como en los departamentos de Ñeembucú, Concepción, San Pedro, refleja la incapacidad estatal para dotar al país de una red vial que pueda utilizarse en todo tiempo. Es cierto que las lluvias de los últimos meses han sido intensas y que las inundaciones resultantes también han sido considerables, pero no constituyen catástrofes naturales imprevisibles. No es la primera vez que ocurren fenómenos semejantes y la desesperante situación que hoy enfrentan los damnificados no carece de precedentes. Es una vieja y dolorosa historia, que se viene repitiendo para vergüenza de todos y, en particular, de los responsables del MOPC que se han sucedido a lo largo de los años.
La desidia gubernamental tradicional contrasta con la actitud de hacendosas colonias extranjeras que, con prontitud y firmeza, enfrentan sus problemas. Hace un mes, un gran incendio ocurrido en un frigorífico de la Cooperativa Chortitzer en el Chaco Central, que cuenta con 600 trabajadores, causó daños evaluados en unos 25 millones de dólares. La empresa ya acaba de reiniciar sus actividades con 490 trabajadores, faenando 192 reses el primer día. El gerente Armin Friesen informó que en dos o tres meses invertirán en nuevas cámaras en las instalaciones incendiadas: “Nuestro personal estaba ansioso ya de volver a producir; estamos contentos, hicimos capacitaciones (...) el miércoles (por hoy) esperamos embarcar el primer cargamento rumbo a Asunción”, afirmó.
Compárese la rapidez con que se ha vuelto al trabajo, mediante la iniciativa privada, con la sempiterna abulia del sector público, a la que deben sumarse la corrupción y la ineficiencia. Ocurre que en las instituciones y empresas del Estado nadie se ocupa con la debida celeridad del interés general ni existe el menor sentido de solidaridad con la población necesitada. Los pobladores del Chaco no les quitan el sueño a sus autoridades, quizás porque allí no hay muchos votos que recoger. Pero ellos tienen derecho a ser bien atendidos por los organismos estatales, más aún atendiendo que, pese a todas las dificultades, en esa región marginada se produce mucho y bien. Es hora de que se priorice su infraestructura vial, porque sus carencias de siempre generan calamidades alimenticias, sanitarias y económicas.
Alegra saber que el MOPC, según informó, se ocupará sobre todo del Chaco y que allí se están ejecutando o serán ejecutadas, bajo la actual administración, obras viales por un valor total de 2.500 millones de dólares, entre las que figuran la rehabilitación de la ruta Pozo Colorado-Concepción y de la Transchaco, el Corredor Bioceánico y el puente Carmelo Peralta-Puerto Murtinho (Brasil). Valga el ilustrativo dato de que se construirá una ruta “de la leche” (tramo Cruce Pioneros-Paratodo-Cruce Douglas) y otra “del arroz” (Fundación a Piedad-Estancia Loma Porã, a 30 km del puente de Concepción), lo que significa que se pretende favorecer la comercialización de esos productos. Es de esperar que los trabajos sean concluidos dentro de los plazos previstos y que las licitaciones públicas convocadas no tengan tantos tropiezos, como los ha tenido la referida al Corredor Bioceánico.
El Chaco necesita ser redimido del abandono para no ser recordado solo cada 12 de junio o cuando sus habitantes pasan penurias. Se debe dar solución a la indignante falta de infraestructura en esta región, y en todo el país.
