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Desde ya aquel distante 2 de febrero de 1999, cuando Hugo Chávez Frías se hizo del poder en Venezuela, la libertad de expresión y de prensa comenzó a soportar un durísimo y sistemático hostigamiento en esa nación sudamericana. El régimen que venía de ser instalado era perfectamente consciente de que una de las primeras medidas que debía impulsar para hacer tabla rasa de las libertades públicas y consolidar su poder era iniciar un proceso de férreo control de los medios masivos de comunicación.
Desde luego, el objetivo final era que la población recibiera el mensaje estatal, el relato oficialista, la “verdad” gubernamental, de la forma más unidireccional posible: sin ningún tipo de interferencias ni posibilidad de ser contradichos por los medios de comunicación independientes.
En esa tarea, el régimen chavista se abocó con frenético esmero a cerrarle el paso, perseguir, satanizar y, de ser necesario, también clausurar la actividad desarrollada por los diarios, los canales de televisión y las radios privadas que pretendieran seguir trabajando de manera autónoma, es decir, que simplemente propalaran información no debidamente autorizada por el Gobierno o bien de su abierto desagrado.
En este marco se dispuso, a comienzos del año 2007, la clausura del canal RCTV, al que luego siguió el cierre de una treintena de radios y el sistemático hostigamiento al canal privado Globovisión, cuyos directivos debieron incluso optar por la drástica determinación de marchar al exilio para evitar el seguro encarcelamiento que el chavismo les deparaba bajo amañadas acusaciones de supuesta corrupción.
Al mismo tiempo, Chávez ordenó la creación de un canal de televisión propio, que tuviera por misión principal “promover la integración de América Latina”, es decir, difundir con la mayor intensidad posible el mensaje y la cosmovisión del régimen bolivariano al resto de la región, en una operación de carácter político que tiene por objeto realizar una labor de penetración en el resto de las naciones del continente.
Es de este modo que, a mediados del año 2005, se iniciaron las transmisiones de Telesur, el buque insignia de los medios públicos bolivarianos. Según lo define su propio portal digital: “Telesur es un multimedio de comunicación latinoamericano de vocación social orientado a liderar y promover los procesos de unión de los pueblos del SUR. Somos un espacio y una voz para la construcción de un nuevo orden comunicacional”. Ese nuevo orden, debe quedar bien claro, es de carácter netamente estatal y oficialista. No está, pues, al servicio de todos, sino de los que mandan.
Esto es lo que puede observarse en dicho medio ahora mismo, cuando Venezuela está sumida en un proceso electoral destinado a buscar legitimación a la inconstitucional designación de Nicolás Maduro como nuevo mandamás del país, por parte del extinto Hugo Chávez, el pasado mes de diciembre, cuando este había iniciado la etapa final de la enfermedad que finalmente lo llevó a la tumba.
Hoy Venezuela es un país dominado por una enorme red de medios públicos, liderados desde luego por Telesur, a los que la oposición no tiene prácticamente acceso; por lo tanto, no existe ningún tipo de igualdad de oportunidades para que esta pueda dar a conocer a la ciudadanía las bases de sus propuestas, ni las críticas –necesarias en todo sistema democrático– a quienes actualmente detentan el poder.
La instrumentación totalitaria de los medios de comunicación está en plena vigencia. En este sentido, Venezuela marcha hacia la “cubanización” más completa, ya que en la isla caribeña existen unos pocos medios de comunicación independientes, los que, además, están amenazados de clausura.
La Carta Democrática Interamericana, en su artículo 4, prescribe que son “componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”. Evidentemente, en la situación actual estos requisitos no se cumplen de ninguna manera en la Venezuela que Maduro heredó del extinto monarca absoluto Hugo Chávez, sobre todo en lo que atañe a la libertad de expresión y de prensa.
De hecho, mientras los ciudadanos sigan imposibilitados de conocer lo que acontece en su propio país a través de la información brindada por medios de comunicación independientes, y mientras a la oposición se le continúe cercenando su derecho de acceder en igualdad de condiciones a los medios públicos, será prácticamente imposible que Venezuela pueda sacudirse de encima el insoportable yugo opresor con el que el régimen chavista la viene sojuzgando desde hace ya más de 14 interminables años.