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Es indignante que la cloaca política también infecte la salud pública. Un hecho reciente, enmarcado en la campaña electoral interna de la ANR, muestra que esa área vital para el bienestar de la población sigue estando subordinada a intereses bastardos. Durante la dictadura, el ministerio del ramo estaba al servicio del partido: los nombramientos de médicos y enfermeros dependían de la filiación, del patrocinio del caudillo local y, por supuesto, del visto bueno del supremo mandamás. Pasaron más de dos décadas, pero las cosas no han cambiado: ahora no basta con ser colorado para dirigir una región sanitaria, sino que también es necesario pertenecer al sector partidario apoyado por el Presidente de la República.
En efecto, el doctor Luis Villar fue destituido de la dirección de la región sanitaria de Caaguazú por haberse negado a integrar el “cartismo”, siendo reemplazado por el doctor Christian Vera, miembro de esa fracción. Es decir, el primero no fue apartado del cargo por incompetente y el segundo no lo asumió por ser más idóneo. Las medidas tomadas por el ministro Dr. Antonio Barrios nada tuvieron que ver con las necesidades en materia de asistencia médica: solo importó que el funcionario apoye la postulación del diputado Pedro Alliana a la presidencia del partido oficialista. No se trata solo de una cuestión de intolerancia, sino también de la conveniencia de contar con alguien que pueda poner los recursos humanos y materiales de la región sanitaria al servicio de cierta candidatura. La salud pública está supeditada así al calendario electoral de la ANR y a la adhesión que se preste a alguno de los sectores en pugna.
Primero está un movimiento, luego el partido y, por último, el país. Tal es el aberrante orden de prioridades que surge de la intromisión de la politiquería en el ámbito relativo a la prevención y el tratamiento de las enfermedades. La salud pública es lo de menos: lo relevante es poner la administración sanitaria al servicio del sector partidario apoyado por el Gobierno.
Lo mismo ha venido ocurriendo desde hace décadas en el campo de la educación pública, aunque deba admitirse que últimamente ha disminuido la influencia político-partidaria, al menos en lo que hace a la designación de docentes de escuelas y colegios. Esa influencia sigue contribuyendo, sin embargo, a desviar los recursos materiales hacia el desmesurado personal burocrático, en perjuicio de la capacitación de los docentes y el equipamiento de las aulas, entre otras cuestiones ligadas directamente con la enseñanza: si los dirigentes políticos ya no eligen a los maestros, siguen interviniendo para que sus respectivas clientelas se acomoden en la plantilla administrativa para no hacer nada.
La educación pública es una calamidad como consecuencia de la politiquería que la ha contaminado durante largos años: una serie de ministros y más de una generación de docentes actuaron o fueron nombrados en función de ella, de modo que no debe extrañar que la calidad de las escuelas, los colegios y las universidades sea deplorable. Mejorar la educación pública no depende solo de que el ministerio tenga un buen presupuesto, sino también de que ya no sigan incidiendo quienes encarnan el atraso cultural e impiden que haya igualdad de oportunidades mediante una buena instrucción pública. El año pasado, la grosera intromisión del senador Juan Carlos Galaverna en la elección del rector de la Universidad Nacional de Asunción mostró que los vicios de larga data aún no han sido erradicados.
El nombramiento y la permanencia en el cargo del director de una región sanitaria o de un centro educativo público deben responder a su idoneidad y a su desempeño. Es obvio que su adhesión a ciertos sectores o dirigentes políticos tiene que ser irrelevante, lo mismo que los ascensos y caídas de los capitostes: quienes se ocupan de la salud y de la formación públicas deben escapar a las vicisitudes de la politiquería. Es repudiable que su afiliación al partido oficialista e incluso su apoyo al “caballo del comisario” en unas elecciones internas sean criterios determinantes a la hora de encargarles la salud o la formación académica. Lamentablemente, la realidad indica que sigue siendo necesario recordar estas perogrulladas, pero es que el “nuevo rumbo” aún no ha alterado el derrotero marcado por apetencias repudiables.
Cabe alentar a la ciudadanía a que proteste en las calles cuando se destituye a algún médico o docente por motivos ajenos a su gestión: quienes dedican sus mejores esfuerzos a los enfermos y a los estudiantes merecen el respaldo de la gente ante los atropellos político-administrativos. También corresponde condenar públicamente a los ineptos, haraganes o corruptos instalados en los centros sanitarios y educativos por el simple hecho de contar con la bendición de un poderoso padrino político. Hay que armarles lío, como indicó el propio presidente Cartes.
La salud y la educación públicas son demasiado importantes como para dejarlas en manos de quienes se dedican al tráfico de influencias o tratan de poner a una entidad pública al servicio de un sector político. Es mucho lo que está en juego y ya es hora de que se ponga fin a que los ministerios en cuestión atiendan –con el dinero de todos los contribuyentes– los ruines requerimientos de los políticos antes que las necesidades sanitarias y educativas de la población.