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En un editorial publicado en nuestro diario el 4 de julio del año pasado, afirmábamos que “Una nueva amenaza de grandes proporciones, proveniente de la Argentina, comienza a asomar en el horizonte del Paraguay”. Nos referíamos a la planta de fabricación de combustible nuclear que el Gobierno del vecino país planeaba instalar en la provincia de Formosa, a pocos kilómetros de la frontera con nuestro país, y que tal noticia resultó de una filtración, porque hasta entonces no había información oficial alguna que hiciera referencia a tan delicado tema.
Desde entonces, la Cancillería paraguaya hizo poco o nada respecto a este asunto. Su titular se limitó a mostrar indiferencia; o, últimamente, apremiado por la opinión pública, que es unánimemente adversa al proyecto (de uno y otro lado de la frontera), se refirió a un informe de la Secretaría del Ambiente en términos negativos, diciendo que “Ellos (técnicos de la Seam) se basan mucho en un dictamen de una ONG argentina”, como si esto, de ser verídico, fuera de por sí descalificatorio. ¡Con defensores de los intereses paraguayos como el canciller Loizaga, no debemos preocuparnos de los enemigos!
Aunque el jefe de la diplomacia paraguaya no lo crea, quienes están en mejor posición para juzgar la inocuidad o peligrosidad de una instalación de esas características son precisamente los técnicos y expertos argentinos, que están en posesión de mucha mayor cantidad de información que ningún otro y que, en caso de eventuales consecuencias nocivas, serán las primeras víctimas.
En efecto, son muchas las organizaciones ambientalistas y centros de estudios científicos argentinos que objetan el proyecto de la fábrica de dióxido de uranio que se planea construir y poner en funcionamiento en Formosa, por medio de una empresa del Estado denominada Dioxitek SA. Uno de ellos, el biólogo Raúl Montenegro, no dudó en calificar el mentado proyecto de “faraónico, improvisado y peligroso”, resumiendo lo que piensa la mayoría de la gente directamente afectada.
Un punto importante destacado por el informe de la Seam es que, en el estudio de impacto ambiental que le fue aprobado a la empresa estatal argentina (el Gobierno, como juez y parte, se aprueba a sí mismo sus planes), no se hace constar que el proyecto tome en cuenta la legislación internacional en materia de seguridad y, sobre todo, de efectos transfronterizos, respecto de lo cual Argentina es signataria de la Convención sobre Seguridad Nuclear de Viena, de 1994, y de varios otros instrumentos internacionales que se suscribieron posteriormente con relación a la misma cuestión. Así como algo más concreto: que, junto con el Paraguay y otros países, Argentina forma parte de la organización internacional denominada ARCAL –Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nucleares en América Latina–, en virtud del cual asumió obligaciones especiales de información y participación con sus coasociados en iniciativas de este tipo.
Estas son las cosas que hacen pensar que estos instrumentos jurídicos multilaterales, supuestamente promovidos y suscritos para asegurar la participación y protección de derechos comunes entre varios Estados y pueblos, no son más que tinta seca sobre papel muerto, que los Gobiernos de países más fuertes pueden ignorar fácilmente, en especial si los eventuales afectados por esta omisión son países más pequeños, más débiles o incapaces de tomar represalias.
Las posturas asumidas en nuestro Gobierno son lamentablemente –una vez más– contradictorias. Mientras el canciller Loizaga se muestra muy tranquilo ante el peligroso proyecto criticado y resistido por tanta gente, contándonos que el Gobierno argentino entregó al nuestro los informes apropiados e invitó a nuestros congresistas a visitar las instalaciones nucleares que ya están en funcionamiento en la provincia de Buenos Aires y en Bariloche, el senador Arnoldo Wiens, presidente de la Comisión de Energía del Senado, manifestó: “Veo más bien (en el canciller Loizaga) una convicción de que está bien que Argentina lo instale. O sea, a nosotros nos preocupa esa convicción; es más, creemos que el principal promotor de esa planta nuclear en Formosa es el canciller paraguayo”.
La cuestión de oponerse a la construcción de una planta industrial de esas características no debe reducirse a “expresar preocupación”: tiene que ser todo lo exigente que permitan los convenios internacionales; e incluso ir aún más lejos: reclamar el cumplimiento de las obligaciones políticas naturales recíprocas que tienen los Estados limítrofes. La posición del Gobierno paraguayo –expresada a través de la Cancillería– ante esta cuestión conflictiva es, hasta este momento, débil, timorata y contentadiza.
¿Qué explicaciones, qué informes, qué seguridades proporcionó el Gobierno argentino al nuestro? Si es que existen realmente, como asegura el canciller Loizaga, ¿por qué no se han dado a conocer ampliamente a las ciudadanías de ambos lados del río Paraguay, para que se tranquilicen los ánimos y se facilite la concreción del proyecto? ¿O se va a recurrir al viejo y gastado pretexto de la “confidencialidad” de los proyectos que afectan a la seguridad nacional?
Si nuestros políticos, que en sus discursos, declaraciones y campañas electorales se llenan la boca con la palabra “transparencia”, llegado el momento concreto en que tienen que hacer realidad esa cualidad, la eluden olímpicamente, prefiriendo el secretismo y el “ñembotavy”, entonces la gente tiene derecho a pensar que dentro de la olla que se está cocinando hay algo podrido.
Y este asunto de la planta nuclear de Formosa ya comienza a despedir un tufo nauseabundo.