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Desde la Cámara de Diputados se impulsa un proyecto de ley de protección a los periodistas, que según la promotora, diputada Olga Ferreira, tiene como objetivo otorgar una protección integral a la labor periodística frente al narcotráfico, la narcopolítica, el contrabando, entre otros factores que ponen en permanente riesgo a los hombres de prensa en su misión de informar.
La mencionada diputada trajo a colación los asesinatos de periodistas, como el de Pablo Medina, para destacar la vulnerabilidad en que se desenvuelven los informadores frente a la mafia y otras organizaciones delictivas que no dudan en liquidar a cualquiera que se interponga en el camino.
Las leyes especiales de protección son los primeros síntomas de un país en crisis en su seguridad y su justicia, que si bien cuenta con ordenamientos jurídicos, estos solo existen en los papeles, como las garantías constitucionales y las instituciones responsables de prevenir, revelar y reprimir crímenes y delitos.
En los países que requieren de estas leyes especiales, las Constituciones son letra muerta, las instituciones policiales y los ministerios públicos están infiltrados y contaminados por representantes de la mafia, y los jueces también son funcionales al estado general de corrupción. En las democracias consolidadas, en cambio, antes que protección, los periodistas necesitan mayor libertad y garantías reales del Estado para el ejercicio de la profesión, sin necesidad de ley especial.
En los países donde se implantaron leyes de protección a los periodistas, como es el caso de México, los resultados no fueron muy favorables, por lo menos en algunos aspectos: la falta de acceso a los recursos para crear el comité técnico de fideicomiso del fondo para la operación del mecanismo; falta de personal calificado para atender los casos, y el incumplimiento de algunas instituciones de aplicar las medidas.
En nuestro país, aunque el ejercicio del periodismo es libre y los últimos gobiernos generalmente respetaron y respetan este precepto, sin embargo no tuvieron ni tienen la suficiente fuerza para poner freno y menos aún extirpar las organizaciones ilícitas que operan en la clandestinidad, cada vez con mayor violencia, y que en la mayoría de los casos actúan en torno al contrabando, lavado de dinero, narcotráfico, secuestro y otros crímenes.
El periodista solo necesita garantía para expresarse, un buen soporte empresarial para su independencia, y libertad de conciencia para todo lo que éticamente tenga que hacer. Con un comité técnico estudiando los casos de quienes deben ser protegidos y luego con uno o dos gendarmes a su espalda, el periodista pierde irremediablemente una parte de su libertad para trabajar.
El periodista es un ciudadano más del país, que se guía por las mismas leyes y la única Constitución que rige para todos, aun cuando esté expuesto a mayores riesgos que los demás. Una ley especial de protección lo colocaría en situación de privilegio y, por tanto, de desigualdad frente a los demás, que desnaturalizaría su función.
Lo que la ciudadanía espera de sus autoridades es que se concentren en la eliminación de todo tipo de obstáculos para el ejercicio libre del periodismo, que los agentes de policía actúen limpia y profesionalmente, que los fiscales investiguen con sentido de justicia y que los jueces ejerzan sus funciones con valor e imparcialidad frente a los tentáculos de la corrupción y la violencia.
Desde el momento que todos somos iguales ante la ley, no cabe ningún privilegio para nadie, menos aún cuando no se cuenta con los medios y recursos idóneos para garantizar la vida de nadie. Sí, de nadie, ya que se ha llegado al extremo de que fueron igualmente víctimas de la mafia quienes mejor están protegidos por disposición legal. Para ello citemos solo a manera de ejemplo los casos del vicepresidente de la República, Luis María Argaña, y del general Rosa Rodríguez, jefe antidrogas.
Por consiguiente, el mejor obsequio que las autoridades nacionales pueden hacer al periodismo en el Día del Periodista es poner mayor empeño en desmantelar las organizaciones ilícitas que operan en el país, y desde donde se atenta contra la vida de los comunicadores en general y de los demás miembros de la sociedad.