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A pocas semanas de que este Gobierno termine su mandato, el próximo 15 de agosto, se ha filtrado la información de que hubo, en forma “camuflada”, una concesión de gratificaciones, equivalentes a un aguinaldo, a funcionarios de Petropar. Se trata de una práctica corriente en las instituciones públicas, generalmente en pago de apoyo político a algún candidato, como se reveló en la Essap, audio mediante, en ocasión de la compra de votos para el candidato cartista, Santiago Peña, en las elecciones internas coloradas de fines del año pasado. Mientras estos despilfarros para mantener contenta a la clientela son frecuentes, se ha revelado que el Ministerio de Hacienda y el equipo técnico del Gobierno entrante se aprestan a infligir a los contribuyentes de siempre un “impuestazo”, mediante un proyecto de ley que sería presentado próximamente.
El Colegio de Contadores expresó hace unos días su desacuerdo con la suba de impuestos, proponiendo, en cambio, que se combatan la evasión y el contrabando y que se amplíe la base de contribuyentes. Estas palabras de su titular, Alba Talavera, ponen el acento, con todo tino, en que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) deben mejorar la recaudación mediante la honestidad y la eficiencia de su personal.
En efecto, si es prioritario aumentar la recaudación, según Daniel Correa, miembro del equipo económico de Mario Abdo Benítez, es inadmisible que ello se logre castigando aún más a quienes pagan con regularidad sus impuestos. Mientras los delincuentes de guante blanco sigan haciendo de las suyas en complicidad con funcionarios de la SET y de la DNA, tanto en perjuicio del erario como de los comerciantes y productores honestos, no habrá igualdad ante la ley tributaria y la recaudación será inferior a la que cabría esperar.
El economista Correa señaló también que para recaudar más sin elevar las tasas vigentes habría que reducir las deducciones y exenciones en ciertos impuestos. O sea que los sujetos obligados que cumplen con el fisco deberán tener menos posibilidades de liberarse –legalmente– de su intervención y que otros, que aún escapan a ella, deberán tributar. El problema es que, como siempre, estas medidas no alcanzarán a los contrabandistas y evasores y que, por tanto, la economía subterránea, que equivale al 40% del producto interno bruto y mueve unos diez mil millones de dólares anuales, seguirá floreciendo.
Por lo demás, según los trascendidos, lo que se está planeando va mucho más allá de las deducciones y de las exoneraciones, pues también se pretende, entre otras cosas, aumentar la tasa del impuesto a la renta empresarial (Iracis), elevar la tasa máxima del impuesto a la renta personal (IRP) y unificar en 10% la alícuota del impuesto al valor agregado (IVA). O sea que se asestaría un mazazo a los contribuyentes habituales para sostener un aparato estatal paquidérmico, cuyo personal devora alrededor del 70% de los ingresos fiscales, en forma de salarios y remuneraciones adicionales, sin que los servicios públicos brindados se distingan por su excelencia, ni mucho menos.
Al respecto, debe darse la razón a Beltrán Macchi, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), quien señaló que es “inmoral” aumentar los impuestos cuando el Estado no brinda nada que justifique un mayor esfuerzo de los contribuyentes habituales. Para dicho gremio, lo que se impone es mejorar los servicios públicos que tan mal prestan, por ejemplo, la ANDE y la Essap, combatir el contrabando y la subfacturación en la DNA, así como racionalizar y mejorar la calidad del gasto público.
Cabe agregar, en particular, que, aparte de aumentar la recaudación tributaria persiguiendo a los bandidos y a sus compinches empotrados en el aparato estatal, hay que eliminar o al menos reducir notablemente el gasto superfluo que implican la manutención de decenas de miles de funcionarios y contratados ociosos, los viajes oficiales de placer al exterior, los cupos de combustible malversados y las dietas de los “parlasurianos”, entre otras tantas erogaciones innecesarias que alimentan el déficit fiscal. Lamentablemente, ellas son autorizadas por la Ley del Presupuesto General de la Nación, que es sancionada por el mismo Congreso y promulgada por el mismo Poder Ejecutivo que pondrían en vigor el “impuestazo” comentado. Para sus integrantes, muchos de los cuales acaso no pagan lo que deben en concepto de IRP o de impuesto inmobiliario, lo más tentador será desangrar a los contribuyentes, que no están organizados como sí lo están, por ejemplo, los funcionarios públicos, tan activos en la defensa de sus prebendas.
Por supuesto, tampoco haría falta elevar las tasas impositivas ni reducir o eliminar deducciones y exoneraciones, si no hubiera sobrecostos en las licitaciones o concursos de ofertas, ni se desviara el dinero público para abonar el sueldo de empleados domésticos, tal como lo hicieron al menos dos legisladores que, seguramente, votarán a favor de cualquier manotazo al bolsillo de sus conciudadanos decentes.
Mientras se haga la vista gorda ante el contrabando y la evasión impositiva, se derroche a diestra y siniestra y se robe a mansalva, sin contraprestaciones apreciables en favor de los contribuyentes, cualquier aumento de la carga tributaria será del todo injustificable.
En las penosas circunstancias actuales, ni los legisladores ni el jefe del Poder Ejecutivo tendrán la menor autoridad moral para propinar un “impuestazo” a quienes se ajustan a la ley. Se tiene a estos por idiotas que deben pagar aún más para que en un aparato estatal lleno de parásitos se siga malversando, sobrefacturando y derrochando, mientras que los avivados se aprovechan abiertamente de su corrupción y de su indolencia.
Para la mencionada CNCSP, es “inadmisible hablar de aumento de impuestos cuando se observa que frente a las instituciones responsables se ofertan productos de contrabando”. Se delinque en sus propias narices, pero ahora resulta que incluso quien prometió combatir la impunidad se dispone a respaldar un indignante paquete de medidas, que recaerá sobre los de siempre para que todo siga igual.
Esta pretensión abusiva merece el repudio de los paraguayos y las paraguayas de bien, que deben manifestarse firme y sostenidamente para que los políticos y funcionarios sinvergüenzas no les sigan metiendo las manos en los bolsillos para enriquecerse e incrementar su clientela parásita.