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Un episodio ocurrido en los últimos días muestra el estado de terrible abandono en que se encuentran numerosas zonas del territorio nacional, y lo lejos que están de contar con ciertos elementos y comodidades indispensables para atender las necesidades fundamentales de su población.
En Fuerte Olimpo, una joven de 17 años que estaba en su octavo mes de embarazo sufrió una hemorragia, y no pudo ser sometida a una terapia intensiva neonatal porque el centro hospitalario del lugar no tiene el equipamiento apropiado. Los médicos locales pidieron el auxilio del Servicio de Búsqueda y Rescate (SAR) para evacuarla con urgencia por vía aérea. Un avión militar recién pudo partir desde Asunción al día siguiente, porque la pista de aterrizaje de la capital del departamento de Alto Paraguay carece de pavimento y de iluminación. Tras el rescate, la paciente fue operada con éxito en el Hospital Materno-Infantil de San Lorenzo.
Es de celebrar que la madre y el niño ya estén a salvo y aplaudimos a quienes contribuyeron al feliz desenlace de esta historia humana. Con todo, era preferible que nunca hubiese sido necesario trasladar a la joven a 800 kilómetros de distancia por vía aérea para que pudiera recibir el adecuado tratamiento médico. Si hubo que hacerlo, fue porque el Paraguay profundo, muy mentado en los discursos políticos, sigue tan postergado como siempre.
Las misiones de “evacuación aeromédica” serían frecuentes y favorecerían a personas de escasos recursos, lo que es de valorar. Pero resulta que esos compatriotas deberían ser correctamente atendidos en las localidades donde residen. Ellos tienen el mismo derecho que los habitantes de la capital del país y de sus alrededores a acceder rápidamente a hospitales y centros de salud dotados de equipamiento, insumos y personal de blanco suficientes. Nadie será privado de socorro en casos de catástrofes y accidentes, dice la Constitución. Ahora bien, aunque la hemorragia que sufrió la joven no fue una catástrofe ni un accidente, tuvo que intervenir el SAR porque en Fuerte Olimpo era imposible detenerla. Lo mismo ocurre en muchas otras localidades en casos de urgencia similares, lo que explica el frecuente traslado de los pacientes hasta Asunción, y ni siquiera a capitales departamentales cercanas, que sufren también numerosas carencias.
A esa miseria sanitaria del Paraguay profundo respondería, igualmente, el hecho de que cada año mueran de parto más de 150 mujeres, sobre todo en las zonas rurales. Es que no siempre es posible enviar desde la capital del país un avión o una ambulancia para impedir la muerte de compatriotas de alejados lugares.
En el marco de la descentralización sanitaria, 230 Consejos de Salud locales y catorce regionales reciben mensualmente unos 4.500 millones de guaraníes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), monto absorbido por el pago de los salarios de unos tres mil profesionales médicos y paramédicos. Se ignora si el Consejo de Salud de la capital del departamento del Alto Paraguay –el más pobre del país– ha alzado la voz ante la deplorable carencia evidenciada o si el Ministerio ha dado alguna buena explicación sobre lo ocurrido. Hasta ahora, tampoco ha reclamado nada el gobierno departamental, al que le debería inquietar que el hospital de Fuerte Olimpo sea incapaz de parar la hemorragia de una joven parturienta y que la pista de aterrizaje local no esté habilitada para todo tiempo, como no lo está ninguna ruta del Alto Paraguay.
En verdad, la descentralización político-administrativa no les ha venido tan bien a sus habitantes como sí a más de un corrupto gobernador o concejal departamental.
A todos los paraguayos debe indignarnos que vivir en ciertos lugares del interior del país suponga un serio riesgo para la salud, incluso en el caso de que no se requiera una intervención quirúrgica de alta complejidad. Hay un solo Hospital Nacional (Itauguá) y dos Centros de Emergencias Médicas (Asunción y Ciudad del Este), siendo que el pronto tratamiento de quienes sufren un accidente puede ser una cuestión de vida o muerte. Aunque la salud pública fuera realmente gratuita, que no lo es, eso contribuiría poco a que las personas de bajos ingresos sean bien atendidas si los centros hospitalarios están ubicados a gran distancia de sus domicilios, carecen de insumos y medicamentos o no tienen una incubadora.
El Paraguay profundo merece mucha mayor atención. Vivir allí no tiene que implicar la marginación por razones geográficas. Todos los habitantes del país deben recibir una buena terapia aunque vivan lejos de Asunción. Para que eso sea posible, las autoridades y los políticos que distribuyen el presupuesto deben dirigir mejores y mayores recursos a esos departamentos y localidades hoy alejados del desarrollo, por no decir de la civilización.
Para hacer posible este anhelo, en primer lugar hay que prescindir de los parásitos y de los corruptos que infestan las entidades públicas. Sin los despilfarros que ellos significan, ya no sería necesaria ninguna proeza para salvar vidas que hoy se malogran en los paupérrimos hospitales de tierra adentro, privados de recursos por culpa de esos mismos sinvergüenzas y de sus protectores políticos.