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La salud moral de la República exige que el Senado expulse de su seno al infame Víctor Bogado (ANR), condenado –el primero en la historia legislativa del Paraguay– por haber sido cómplice en un delito de cobro indebido de honorarios en perjuicio del pueblo paraguayo. El demorado fallo del Tribunal de Sentencia, que le impuso la irrisoria pena de un año de prisión, aún no está firme y ejecutoriado, de modo que sería prematuro tildarlo de delincuente. Pero solo desde el punto de vista formal, pues resultó claro, al cabo de cinco años y seis meses de chicanerías impunes, que el sujeto de marras no debe seguir integrando una Cámara que tiene el tratamiento de “Honorable”. Como carece del menor sentido de la dignidad personal, le tiene sin cuidado que hoy sea echado con la merecida ignominia. Anunció que no renunciará a la investidura que deshonra, esto es, que ni siquiera ante una inminente destitución seguiría el ejemplo de su excolega Jorge Oviedo Matto. Tampoco imitaría al exdiputado José María Ibáñez, quien dejó la banca pese a ser apañado por sus colegas de entonces, o al contralor general de la República, Enrique García, quien dimitió tras defenderse agraviando en un juicio político. Si las declaraciones de Bogado en la última sesión ordinaria del Senado anticiparan el contenido de la defensa que ejercerá en la extraordinaria de hoy, bien podría afirmarse desde ya que estará llena de mentiras y de disparates.
Faltó descaradamente a la verdad al afirmar que era inocente porque hasta entonces no había sentencia escrita. Ofendió así no solo la inteligencia de sus pares, sino también la de todos aquellos ciudadanos que pudieron escuchar, en vivo y en directo, la lectura del fallo condenatorio hecha por el presidente del Tribunal, Elio Ovelar. Las partes –el Ministerio Público y los acusados– recibieron el último viernes una copia de toda la sentencia para que la apelen dentro del plazo de diez días hábiles, si lo creen oportuno. El caradura sumó a esa tomadura de pelo la de que nunca abusó de su derecho a la defensa, recurriendo a múltiples maniobras dilatorias con el fin de que prescriba la acción penal. Llegó al colmo de afirmar que él quiso que se abra el juicio oral y público para demostrar allí su “inocencia”, siendo de pública notoriedad que actuó de mala fe desde un principio para evitar ser juzgado, precisamente por saberse culpable.
En cuanto a los desatinos proferidos por el susodicho, se lleva la palma el de que este diario, a través de sus portadas, manejaría al Poder Judicial, a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, al Presidente de la República y a algunos senadores no identificados. Es obvio que, si lo anterior fuera cierto, no habría sido absuelto del delito de estafa y que la pena de cuatro años de cárcel, solicitada por los agentes fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz, le habría sido aplicada con toda justicia. La supuesta “presión terrible” sobre el Tribunal de Sentencia, por él denunciada, habría resultado tan inútil que, tras escuchar el benévolo fallo, el condenado mostró una amplia sonrisa. El dislate referido es tan evidente que no necesita mayores comentarios, salvo quizá el de que si este diario fuera omnipotente, quien aún no puede ser tratado de delincuente por razones formales, ya habría sido juzgado y condenado hace mucho por el hecho punible de enriquecimiento ilícito, encubierto mediante un mecánico testaferro que, como su empleada doméstica, estuvo a sueldo como “asesor” de la Cámara Baja cuando él la presidía. Por lo demás, cabría preguntarse en qué medida el jefe del Poder Ejecutivo estaría siendo “manejado” por ABC Color y cómo es posible que, entre otras tantas aberraciones, el Tribunal de Justicia Electoral y la Corte Suprema de Justicia hayan avalado las irregulares candidaturas al Senado de los expresidentes de la República Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes, pese a la clara opinión contraria expresada en estas páginas.
La cuestión no es con nosotros, sino con la ley y la moral. Este desvergonzado legislador ofende a todos los compatriotas de bien, que se ganan el pan con el sudor de su frente, y pagan los impuestos que financian la dieta y los privilegios de los que él sigue gozando. Lo dijimos más de una vez: el Palacio Legislativo no debería ser un aguantadero, sino un recinto en donde personas honestas y capaces, aparte de sancionar leyes, controlen a quienes ejercen los otros poderes del Estado. Como atentan contra el bienestar de sus conciudadanos, quienes delinquen en la función pública deben abandonar sus bancas para ingresar en una celda. Los parlamentarios decentes, por su parte, tienen que apartar a los apestados, porque podrían contaminarlos con el paso del tiempo. También les convendría atender que la opinión pública podría introducirlos en la misma bolsa en la que ya están metidos los malandrines con fueros. Deben comprender que la ciudadanía ya no soporta sus desmanes y les están pasando la factura en el momento de depositar sus votos, como ocurrió recientemente en Ciudad del Este, que sin duda servirá como un gran incentivo y ejemplo a seguir en futuras elecciones.
En el anterior periodo legislativo, los senadores hicieron muy bien en privar de su investidura al repudiable Óscar González Daher, hoy en prisión preventiva por el delito de enriquecimiento ilícito, entre otros. Esa plausible autodepuración debe repetirse ahora, para bien de la institucionalidad republicana y para mal de los facinerosos que desde sus escaños ofenden la conciencia jurídica y moral de la nación. Es de suponer que la votación será nominal, así que la ciudadanía podrá identificar a quienes la defienden de su agresor y a quienes lo protegen porque son de la misma calaña. Es de esperar que triunfen la dignidad y el buen sentido.
