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En lo que constituye otra muestra de la sistemática persecución a la que el presidente boliviano Evo Morales somete a sus adversarios políticos, se conoció esta semana la determinación del senador opositor del país andino Roger Pinto de solicitar asilo político en la Embajada de Brasil en La Paz, debido al insoportable hostigamiento que venía sufriendo por parte de las autoridades a raíz de sus denuncias sobre la implicación de ciertos funcionarios del Gobierno con el narcotráfico.
“Después de varios años de lucha intransigente por la defensa de los derechos humanos, la plena vigencia del sistema democrático y el respeto a disentir y pensar diferente, hoy me veo en la difícil y dolorosa circunstancia de solicitar refugio en la Embajada de la República del Brasil”, señala una nota dada a conocer por el parlamentario boliviano a la opinión pública.
De más está decir que en un régimen democrático resulta inconcebible que no se respeten los fueros de un legislador cuando presenta graves denuncias contra altos funcionarios del Gobierno. En cualquier país en el que esté vigente el estado de derecho sería normal que las autoridades investiguen dichas acusaciones, no que persigan a quien las formula, menos aun hasta el extremo de que este se sienta en la obligación de solicitar asilo a una nación extranjera.
A estas alturas de los acontecimientos, nadie puede mostrarse sorprendido por las políticas de corte dictatorial que continuamente impulsa el presidente Evo Morales desde que asumió el poder, hace ya seis años y medio. Según informaciones divulgadas recientemente por la agencia AFP, al menos una veintena de políticos, empresarios y legisladores siguieron la misma senda del senador Pinto, encontrándose actualmente refugiados en Argentina, España, Estados Unidos, Perú y Paraguay.
En nuestro país fue de público conocimiento el caso del popular exgobernador de Tarija Mario Cossío, quien, ante el hostigamiento del oficialismo boliviano, se vio en la necesidad de solicitar refugio en Paraguay con toda su familia, el cual le fue concedido ante la abrumadora cantidad de pruebas que evidenciaban la persecución a la que venía siendo sometido por negarse a secundar los planes dictatoriales del presidente Morales y su partido Movimiento al Socialismo (MAS).
Sin embargo, a estas alturas produce indignación el espeso y cómplice silencio de los gobiernos proclamados “democráticos” y “progresistas” de la región ante tantos atropellos de Evo contra sus opositores. Gracias a esta connivencia con los oscuros planes totalitarios del mandatario boliviano izquierdista, es que este se cree con el respaldo político de los países de la región para profundizar aun más su ensañamiento con la oposición.
Es incomprensible que mientras los presidentes de la región se pavonean suscribiendo protocolos con sendas “cláusulas” en las que se disponen bloqueos políticos, económicos y comerciales para aquellos países que supuestamente vulneren procesos democráticos o violenten derechos humanos, nadie, ni siquiera representantes de partidos democráticos o parlamentarios de otros países, levanten un dedo para señalar los violentos atropellos que los opositores bolivianos están soportando por defender un principio fundamental de toda democracia, cual es el de expresar libremente sus opiniones y ejercer las funciones a las que fueron investidos por decisión popular.
En menos de un año, la región adoptó dos protocolos sobre compromiso con la democracia, tanto en el ámbito de la Unasur como en el del Mercosur, en los que mucho se habla de respetar los procesos políticos, pero resulta que, finalmente, cuando en uno de los Estados miembros, desde la izquierda se producen graves violaciones contra los derechos humanos de políticos opositores, como es el caso de la Bolivia de Evo Morales, todos guardan un silencio cómplice.
Esta nueva prueba viene a demostrar, por enésima vez, lo que ABC Color viene sosteniendo de manera invariable: que este tipo de protocolos tienen por único objetivo blindar SOLO el poder presidencial en la región, sin ninguna consideración hacia los demás órganos del Estado –los poderes Legislativo y Judicial– que encarnan similar representatividad del pueblo soberano. Ellos fueron concebidos única y exclusivamente para que los presidentes que gobiernan bajo la férula del chavismo marxista bolivariano puedan cometer arbitrariedades a troche y moche sin ningún tipo de sanción.
En el caso específico del senador Roger Pinto, es de esperar que el Gobierno brasileño actúe con la sensibilidad del caso, respondiendo favorablemente y con sentido humanitario a su pedido de auxilio.
Al mismo tiempo, más allá de otorgar una y otra vez asilo político a los opositores de Evo Morales, es de esperar que los partidos democráticos del continente, en el gobierno o no, sus representantes y sus parlamentarios tengan la valentía de reclamarle al Presidente boliviano que se comprometa en los hechos, no solo en los dichos, a promover la democracia y proteger los derechos humanos de sus ciudadanos.