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El escandaloso caso del fiscal Rubén Villalba que se ventila actualmente, en el que se le acusa de pedir y recibir coimas, reitera la lamentable situación de inmoralidad e ilegalidad que permea nuestro sistema judicial, una situación que no es nueva pero continúa asombrando por su persistencia, y habla muy mal tanto de los que van cayendo en estos ilícitos como de las autoridades del Poder Judicial que tienen a su cargo el cuidado de la imagen de la institución.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados otorgó el desafuero del fiscal Villalba, para allanar así los trámites para su procesamiento por cohecho pasivo agravado. Esto significa, en términos técnicos, que el referido funcionario exigía coimas para atender los asuntos que le competían por razón de las obligaciones de su cargo. Según los elementos iniciales, este delito le fue comprobado en al menos este último caso, por vía de denuncia de parte interesada, y mediante un procedimiento conducido legalmente.
Mucho más allá de que se le haya filmado, grabado o pillado in fraganti perpetrando un ilícito a un funcionario del Poder Judicial, fiscal, juez o magistrado –hecho tan reiterado en nuestro país que ya se lo toma por habitual–, lo que en este caso debe tenerse en consideración es que el fiscal Villalba debió haber sido investigado mucho tiempo antes por sus propias autoridades, con base en la simple evidencia de la vida fastuosa que llevaba y que de ninguna manera podía permitirse con la remuneración del cargo que tiene. El mismo agente fiscal fue cuestionado en numerosos casos que ponían en duda su honorabilidad, pese a lo cual seguía tan campante en el cargo, apuntalado, según versiones que tienen hoy amplia publicidad, por poderosos políticos, entre ellos el senador colorado Juan Carlos “Calé” Galaverna, el mismo que tiempo atrás se dio el lujo de dictarle a un ministro de la Corte Suprema el “criterio político” para un fallo que el magistrado debía emitir en un caso que era de interés para el legislador.
¿Cómo es posible que al titular del Ministerio Público, a sus segundos y a los colegas honestos de Villalba no les haya llamado la atención el modo de vida que llevaba este funcionario? Todos ellos saben cuánto gana un agente fiscal y les sería muy fácil, como lo es para cualquiera, inferir que nadie que percibe un salario de quince millones de guaraníes puede disfrutar lícitamente de residencia y automóviles de valor completamente desproporcionado. ¿Por qué no lo hicieron investigar?
Se podría pensar en indiferencia simplemente; pero también en ocultamiento deliberado. Se puede creer que los agentes fiscales se encubren entre sí las evidencias de corrupción sea por el motivo que fuese. Sin embargo, al hacerlo, se convierten todos en sospechosos ante la vista pública. El resultado es que la gente cree que todos son iguales, todos sinvergüenzas, todos corruptos, todos cómplices o encubridores.
Se hace muy difícil entender que a los centenares de agentes fiscales que hay en el país les agrade reflejar esa imagen en la comunidad a la que pertenecen. ¿Acaso no van a reuniones sociales, fiestas familiares y eventos deportivos? ¿Acaso, como todo el mundo, no concurren a lugares públicos como bares, restaurantes, discotecas, cines y centros comerciales y no perciben cómo se les mira y cómo se les juzga? El corrupto ya se habrá acostumbrado a todo esto y tal vez le sea ya indiferente; pero, ¿y a quienes no lo son?
Estos, los fiscales, jueces y magistrados que estiman su moral y su reputación, son los que tendrían que tener el coraje de preservar estos valores, cuidando su propia imagen, anticipándose a los hechos y denunciando a sus colegas, jefes o subalternos, con quienes tratan todos los días y a los que ven volviéndose millonarios de la noche a la mañana, conduciendo automóviles de lujo y residiendo en mansiones que, ostensiblemente, están mucho más allá de sus posibilidades.
El fiscal Rubén Villalba es un personaje que viene ligado a políticos colorados y a casos polémicos o de mera venalidad que en su momento fueron publicitados. Por ejemplo, se le designó para “investigar” al senador Galaverna, en su momento acusado de violar la Constitución Nacional, para el que pidió la desestimación de la denuncia. Su amistad con el senador Galaverna proviene, al parecer, de que es sobrino de aquel nefasto “amigo del alma” del senador, Édgar Cataldi, que llevó a la quiebra al Banco Nacional de Trabajadores.
También intervino Villaba en el caso del automóvil “mau” del senador Óscar González Daher. Es de pensar que sus actuaciones favorables a estos influyentes políticos habrán sido gratuitas, precisamente para que estos le deban favores y él, a su vez, por esta vía consiga la impunidad que necesitaba para sus propias aventuras ilícitas.
La sociedad paraguaya está en la gravísima situación en la que las instituciones y los funcionarios encargados de velar por la legalidad y la moralidad pública son los primeros en corromperse; o en acobardarse ante la perspectiva de tener que actuar para impedir que sus colegas incurran en actos ilícitos. Y ante esto, ¿qué cabe hacer?
Entonces, queda por recurrir al único recurso al que en estas circunstancias una sociedad madura puede apelar: que la propia ciudadanía asuma la tarea de vigilar a los ministros, magistrados, jueces y fiscales, observar su comportamiento público, sus estilos de vida y sus resoluciones, dictámenes y métodos de trabajo, para descubrir toda señal de venalidad. El enriquecimiento súbito y sin justificación es casi imposible de ocultar, por lo que no se requiere una perspicacia especial para detectarlo. El que roba, de inmediato comienza a vivir en la abundancia y el derroche.
El fiscal Villalba fue sorprendido y puesto en evidencia gracias al coraje de una de sus víctimas; así también sucedió en todos los demás casos. Este hecho demuestra que lo que hace falta, lo que realmente va a cambiar este vergonzoso estado de cosas que vive nuestro país, en el que los bandidos y desfachatados gozan de respaldo de políticos como ellos, es que la propia ciudadanía asuma la vigilancia de la legalidad y moralidad públicas. Observemos y ejerzamos nuestro derecho a la libertad de expresión, haciendo uso de los medios masivos de comunicación para denunciar públicamente a quienes lo merezcan.