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Toda nación tiene derecho a repudiar los pactos que la humillan. Por desafortunada ironía del destino, hace cuarenta años que el dictador Alfredo Stroessner miserablemente entregó al Brasil un filón vital de nuestra soberanía nacional, la mitad del inagotable y portentoso caudal del río Paraná, sin la cual los brasileños jamás hubieran podido construir Itaipú. Esta repudiable traición de lesa patria perpetrada contra los intereses de la nación paraguaya por el autócrata y su gavilla ha hecho que, desde hace cuarenta años, generaciones sucesivas de paraguayos se vean obligadas a pasar bajo las horcas caudinas del leonino Tratado, sin que ninguno de los gobernantes que le sucedieron se haya animado a cortar ese nudo gordiano de afrenta nacional, hasta hoy día.
En vez de eso, atraídos por la piñata que Brasil tiene colgada en la usina hidroeléctrica binacional para sobornar a las autoridades paraguayas con salarios exorbitantes y dinero abundante para despilfarrar a gusto, algunos de ellos han fungido más bien como alcahuetes para la consumación de la colosal estafa perpetrada por Brasil contra los intereses del pueblo paraguayo en Itaipú, como el expresidente Juan Carlos Wasmosy, quien en 1997 aceptó una “deuda espuria” vencida de US$ 4.193 millones, generada en un 98 por ciento por las empresas brasileñas FURNAS y ELECTROSUL, que campantemente rehusaron pagar la electricidad retirada de la usina binacional, como consta en los registros contables del ente.
El nuevo gobierno del señor Horacio Cartes, que el pueblo paraguayo eligió el pasado domingo 21 de abril con el 45,8% de los votos de la ciudadanía, tiene por delante la imperativa tarea de impulsar el desarrollo económico del país en función de las ventajas comparativas que ofrece el Paraguay a la inversión extranjera. La principal de ellas, sin duda alguna, es la abundante disponibilidad de energía eléctrica, limpia y renovable, por lo que para cumplir con sus objetivos, de una vez por todas, el nuevo Gobierno paraguayo tiene que tomar la decisión de rescatar ese espacio vital de soberanía hipotecada a favor del Brasil en Itaipú. Debe revertir la ingenua y timorata estrategia hasta hoy puesta en juego y dejar de mendigar al Brasil lo que en justo derecho nos corresponde. Es hora de darnos cuenta de que la métrica económica de nuestro socio en Itaipú pasa por una ecuación de suma cero: ventaja para Paraguay –por más justa que sea– implica desventaja para Brasil. Entonces, ¡dejémonos de pedir peras al olmo!
En tal sentido, nuestra diplomacia debe despojarse del síndrome de mendicidad que la caracteriza y frena, y centrarse, no en éxitos tácticos para aparecer en los titulares de la prensa –como hasta ahora–, sino en victorias estratégicas fundamentadas en la legitimidad de nuestros justos reclamos.
Menos aún debe dejarse intimidar por la retórica altisonante y bravucona de Itamaraty, como el manido principio del “pacta sunt servanda” que sistemáticamente nos aplican con relación al Tratado de Itaipú cuando denunciamos su inequidad, pero que ellos no hesitan en violar impunemente cualquier otro si les conviene. A la presidenta Dilma Rousseff le importó un bledo pisotear el Tratado de Asunción que dio origen al Mercosur para meterlo por la ventana a Hugo Chávez. Si en el pasado tuvimos el coraje de enfrentar su poderío militar en defensa de nuestro derecho existencial, ¿por qué ahora debe desahuciarnos su poder de fuego diplomático para reclamar lo que en justicia nos corresponde, por más de que nos consideren su “prisionero geopolítico”?
Tanto en Itaipú como en Yacyretá, el Paraguay ya no necesita reclamar renegociación de los ignominiosos tratados respectivos, devenidos letra muerta por el paso del tiempo y las flagrantes violaciones de que fueron objeto por parte de nuestros taimados socios, sin que nuestros corruptos gobernantes atinaran a alzarse en defensa de los intereses nacionales. Lo que le corresponde al Paraguay es reclamar con toda firmeza su irrenunciable derecho de soberanía sobre la mitad del caudal hídrico del río Paraná en todo el curso compartido con nuestros vecinos y socios. Se trata del más valioso recurso natural de que dispone nuestro país, en parte ya en explotación, y mucho aún por explotar.
Las conclusiones preliminares del informe encargado por el Gobierno paraguayo al economista de prestigio internacional Jeffrey Sachs son aleccionadoras, no por descubrir lo que no sabíamos, sino por confirmar lo que desde hace tiempo es lugar común en la problemática de Itaipú: de conformidad con los registros contables del emprendimiento hidroeléctrico binacional y el análisis de resultados en función de la energía consumida por ambos países socios, el Paraguay canceló sus pasivos ya en el 2008, por lo que le asistiría el derecho de reclamar la devolución de US$ 5.300 millones. En resumen, sus conclusiones son las siguientes:
“Bajo razonables presunciones financieras, Paraguay ya ha pagado la parte que le corresponde de la deuda de Itaipú a través de sus exportaciones de electricidad a Brasil extendidas por más de 25 años.
La deuda remanente en los libros debe ser cancelada mediante un nuevo acuerdo con Brasil. El hecho de que Paraguay aún adeuda en los libros se debe a que a través de los años Paraguay ha sido sobrecargado con pagos de intereses y de exportaciones de electricidad descompensada (…) Se recomienda fuertemente que el próximo gobierno del Paraguay solicite al Brasil la cancelación de la deuda remanente y la fijación de tasas tarifarias más favorables y realistas (las negritas son nuestras).
Por supuesto que los términos revisados deberán basarse en un claro, transparente análisis del historial de pagos de la deuda, tasas de interés, exportaciones de electricidad y otros factores que contribuyen a la dinámica de la deuda”.
La recomendación esbozada por el señor Sachs no podría ser más acertada. Da en el meollo de la cuestión y debe ser implementada al pie de la letra por el nuevo gobierno tan pronto asuma. Obviamente, como “socio”, el Gobierno paraguayo debe iniciar su ofensiva diplomática reclamando al Brasil la minuciosa revisión de la dinámica de la deuda de Itaipú, abusivamente incrementada a causa de medidas macroeconómicas privativas del Gobierno brasileño, como el Plan Real y su consiguiente crisis, por una parte, y la violación del Anexo C del Tratado con la venta de energía eléctrica por debajo de su costo de producción, por la otra. Para tornar más injusta la situación de Paraguay, resulta que antes del 2008 el Brasil se llevaba más del 95 por ciento de la energía generada en la usina binacional. Por lo tanto, para nuestro país, en el peor de los casos, lo justo hubiera sido –y es– que el pago de la deuda vencida del ente energético binacional fuera –y sea– prorrateado entre ambos socios en función de la cantidad de energía eléctrica utilizada por cada uno, y no por partes iguales, como arbitrariamente se estableció.
Por supuesto, una de las razones que con seguridad Itamaraty va a pretextar para negarse a la revisión de la “deuda espuria” es que, en cada oportunidad, el Gobierno paraguayo prestó su correspondiente acuerdo. Este argumento fue siempre el punto central de la reticencia brasileña para corregir las inequidades de gestión y los abusos financieros concomitantes, y que TODOS los inoperantes Presidentes de la República paraguayos después de Stroessner han venido aceptando sin chistar. Esa política de servil obsecuencia tiene que ser descartada definitivamente por el nuevo gobierno, asumiendo con inteligencia, firmeza y coraje la defensa de los intereses nacionales conculcados en las usinas binacionales.
Si el Gobierno brasileño rechaza nuestro reclamo de rectificación de la deuda espuria –como es probable que suceda–, debemos estar preparados para llevar nuestro reclamo a la Organización Mundial de Comercio, exigiendo al Brasil la devolución de lo que el pueblo paraguayo ha pagado de más. Para Itamaraty, por su parte, ese evento futuro es ya apenas el primer movimiento de fichas en el complejo ajedrez de Itaipú. Su vista está puesta en la carambola de la férrea defensa que sin duda hará de la “deuda espuria” con que ha venido estafando tan descarada e impunemente al Paraguay en Itaipú.