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El juez Hugo Sosa Pasmor ha decidido procesar por lesión de confianza a Omar Ramos, destituido presidente de la telefónica estatal Copaco, y a Luis Reinoso, ex titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), y pidió el desafuero del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Bogado, para procesarlo por la supuesta comisión del mismo delito atribuido a los anteriores, cuando este se desempeñaba como presidente de Conatel. Un grupo de empresarios también ha sido procesado por la misma causa sobre la base de la imputación presentada por el fiscal Arnaldo Giuzzio, de la unidad fiscal anticorrupción. Existen informes y documentos que comprometen a todos ellos en graves hechos ilícitos, como se demostró en la investigación realizada por nuestro diario desde septiembre del año pasado.
Víctor Bogado, quien ocupó la presidencia de Conatel entre 2000 y 2002; Omar Ramos, entre 2003 y 2004, y Luis Reinoso, entre 2004 y 2005, están imputados en un millonario robo al Fondo de Servicios Universales (FSU) de la Conatel, que se habría registrado a lo largo de seis años, robo que difícilmente pudo haberse realizado sin el apoyo y sin la complicidad de altos funcionarios del Gobierno. Los procesados habrían desviado unos 3,5 millones de dólares que debían ser destinados a la instalación de teléfonos públicos en el sector rural. Más de 1.000 cabinas telefónicas contratadas y pagadas por Conatel jamás fueron instaladas por las empresas contratistas, según las denuncias. Las coimas pagadas con seguridad habrán pasado a financiar campañas electorales del oficialismo.
El ex presidente de Copaco Omar Ramos soporta, a su vez, otras denuncias de corrupción sobre su gestión al frente de la telefónica Copaco. La última denuncia por hechos punibles presentada contra Ramos ante la Fiscalía General del Estado corresponde a la bancada de Diputados de Patria Querida, que lo acusó de realizar millonarias contrataciones directas con una empresa multinacional extranjera, T-Systems. Este caso es típico del robo feroz y la permanente malversación de fondos que se registran desde hace décadas en las millonarias compras y contrataciones de la administración pública y las empresas del Estado, incluidas Copaco, la cementera INC, Petropar, la corporación sanitaria Essap, la ANDE, las binacionales Itaipú y Yacyretá, la administración de puertos y aeropuertos, etc.
La técnica utilizada para el robo por los directores de entes consiste en declarar el suministro, equipamiento o servicio a ser contratado como de "urgencia impostergable", lo que supuestamente impide su llamado a licitación, por ende, permite la contratación directa en los precios, condiciones y coimas discrecionalmente pactados por el contratista y el ente público. Con esta simple artimaña, los funcionarios se desentienden de la Ley 2051, "De Contrataciones Públicas", y de todas sus normativas creadas para asegurar la transparencia, limpieza y abierta competencia en las licitaciones del sector público. Ramos explicó que era necesario seguir contratando en forma directa, sin concurso ni licitación, a la empresa T-Systems, dado que un cambio de proveedor significaría "pérdida de tiempo y molestias innecesarias". Después de 10 años y 10 millones de dólares facturados, se sigue utilizando el mismo argumento absurdo.
La inmensa podredumbre en la telefónica estatal finalmente está saliendo a luz. La población debe exigir al Gobierno que los hechos se esclarezcan totalmente y que los culpables del robo de los fondos públicos sean severamente castigados. Los sindicalistas de los entes públicos pueden y deben colaborar en la lucha contra la corrupción, denunciando los ilícitos como lo hicieron en Copaco. El procesamiento de Omar Ramos, Luis Reinoso, Víctor Bogado y los empresarios José María Manzoni, Juan Alcides Cuenca, Víctor Butlerov, Juan Alberto Piccolo y Enrique Antonio Vita debe ser el comienzo de una profunda operación de limpieza del sector público, y no el "cierre piadoso" de un caso que, como es tradición en nuestro medio, vaya a terminar en el olvido y el silencio de la impunidad. Como se sabe, es común en nuestro país que los destituidos sean declarados libres de culpa y pena y pronto reaparecen en otros importantes cargos públicos desde donde continúan prestando sus invalorables servicios de recaudadores para el sostenimiento y permanencia del grupo en el poder.
El pueblo debe castigar implacablemente a los corruptos y sus padrinos, negándoles su VOTO en todas las elecciones que se realicen en el país.
Víctor Bogado, quien ocupó la presidencia de Conatel entre 2000 y 2002; Omar Ramos, entre 2003 y 2004, y Luis Reinoso, entre 2004 y 2005, están imputados en un millonario robo al Fondo de Servicios Universales (FSU) de la Conatel, que se habría registrado a lo largo de seis años, robo que difícilmente pudo haberse realizado sin el apoyo y sin la complicidad de altos funcionarios del Gobierno. Los procesados habrían desviado unos 3,5 millones de dólares que debían ser destinados a la instalación de teléfonos públicos en el sector rural. Más de 1.000 cabinas telefónicas contratadas y pagadas por Conatel jamás fueron instaladas por las empresas contratistas, según las denuncias. Las coimas pagadas con seguridad habrán pasado a financiar campañas electorales del oficialismo.
El ex presidente de Copaco Omar Ramos soporta, a su vez, otras denuncias de corrupción sobre su gestión al frente de la telefónica Copaco. La última denuncia por hechos punibles presentada contra Ramos ante la Fiscalía General del Estado corresponde a la bancada de Diputados de Patria Querida, que lo acusó de realizar millonarias contrataciones directas con una empresa multinacional extranjera, T-Systems. Este caso es típico del robo feroz y la permanente malversación de fondos que se registran desde hace décadas en las millonarias compras y contrataciones de la administración pública y las empresas del Estado, incluidas Copaco, la cementera INC, Petropar, la corporación sanitaria Essap, la ANDE, las binacionales Itaipú y Yacyretá, la administración de puertos y aeropuertos, etc.
La técnica utilizada para el robo por los directores de entes consiste en declarar el suministro, equipamiento o servicio a ser contratado como de "urgencia impostergable", lo que supuestamente impide su llamado a licitación, por ende, permite la contratación directa en los precios, condiciones y coimas discrecionalmente pactados por el contratista y el ente público. Con esta simple artimaña, los funcionarios se desentienden de la Ley 2051, "De Contrataciones Públicas", y de todas sus normativas creadas para asegurar la transparencia, limpieza y abierta competencia en las licitaciones del sector público. Ramos explicó que era necesario seguir contratando en forma directa, sin concurso ni licitación, a la empresa T-Systems, dado que un cambio de proveedor significaría "pérdida de tiempo y molestias innecesarias". Después de 10 años y 10 millones de dólares facturados, se sigue utilizando el mismo argumento absurdo.
La inmensa podredumbre en la telefónica estatal finalmente está saliendo a luz. La población debe exigir al Gobierno que los hechos se esclarezcan totalmente y que los culpables del robo de los fondos públicos sean severamente castigados. Los sindicalistas de los entes públicos pueden y deben colaborar en la lucha contra la corrupción, denunciando los ilícitos como lo hicieron en Copaco. El procesamiento de Omar Ramos, Luis Reinoso, Víctor Bogado y los empresarios José María Manzoni, Juan Alcides Cuenca, Víctor Butlerov, Juan Alberto Piccolo y Enrique Antonio Vita debe ser el comienzo de una profunda operación de limpieza del sector público, y no el "cierre piadoso" de un caso que, como es tradición en nuestro medio, vaya a terminar en el olvido y el silencio de la impunidad. Como se sabe, es común en nuestro país que los destituidos sean declarados libres de culpa y pena y pronto reaparecen en otros importantes cargos públicos desde donde continúan prestando sus invalorables servicios de recaudadores para el sostenimiento y permanencia del grupo en el poder.
El pueblo debe castigar implacablemente a los corruptos y sus padrinos, negándoles su VOTO en todas las elecciones que se realicen en el país.