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A medida que se iba acercando la fecha para la firma del memorándum de entendimiento para sanear la administración y finanzas del “monumento a la corrupción”, como denominó el expresidente argentino Saúl Menem a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), todo venía indicando que el presidente Horacio Cartes se apresta a consumar otra antipatriótica entrega de los intereses nacionales en juego en la misma, cuando se reúna mañana para el efecto con su par de Argentina, Mauricio Macri.
Desde el inicio de las conversaciones bilaterales para la revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá, y en su contexto poner en orden la corrupta administración de la usina binacional, nuestro diario se ha hecho eco de la inquietud de la ciudadanía. Inquietud técnicamente traducida por calificados exponentes del sector eléctrico nacional, en el sentido de que el gobierno del presidente Cartes no aparenta estar conduciendo con el debido patriotismo las tratativas en aras de un justo entendimiento para poner en el rumbo correcto a ese costoso barco a la deriva, de conformidad con los términos del Tratado.
Esa desconfianza pública ha sido alimentada por ciertos indicadores llamativos. Por un lado, la actitud contradictoria del presidente Cartes, quien había prometido defender con honestidad y patriotismo el interés nacional allí comprometido y, por el otro, la reticencia de los responsables de conducir las conversaciones (el canciller Eladio Loizaga y el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira, incluido el director de la binacional, ingeniero Ángel María Recalde), quienes sistemáticamente se han mostrado reacios a brindar a la opinión pública detalles del progreso de las negociaciones con sus pares argentinos.
Esa desconfianza subió de punto cuando apenas meses después de iniciadas las conversaciones, la ciudadanía se desayunó con el parto de los montes de la Nota Reversal Nº 6 (RN 6/14), concertado entre gallos y medianoche en las postrimerías del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, modificando irregularmente el Anexo A del Tratado. A partir de ese momento, la inquietud pública cristalizó en abierta desconfianza, habida cuenta de que la negociación de ese leonino acuerdo de supuesta cogestión paritaria no era objeto de la ronda de negociaciones convenida con el Gobierno argentino, como sí lo era la revisión del Anexo C del Tratado. A esto se sumó el llamativo sigilo con que la misma fue negociada y la premura con que el Poder Ejecutivo la envió al Senado para su aprobación constitucional. Afortunadamente para el país, la mayoría de los senadores se opuso a su aprobación, lo que obligó al Poder Ejecutivo a retirarla antes de su rechazo formal.
Desde entonces, la ciudadanía tuvo la premonición de que el presidente Cartes actuaba con doblez en cuanto a su promesa de precautelar los intereses de la nación en esa instancia. El hermetismo de los voceros del Gobierno acerca del progreso de las negociaciones se tornó una señal ominosa para la opinión pública paraguaya, y así lo trasuntó nuestro diario. La sospecha de los paraguayos y paraguayas ante la duplicidad de actitud del gobierno del presidente Cartes se hizo viral, y esta es la hora en que la conciencia pública paraguaya está convencida de que, como Stroessner en su tiempo con Itaipú y la EBY, Horacio Cartes va a entregar en la mesa de negociación una parte vital de la soberanía nacional, la que como un todo fue heroicamente defendida en los campos de batallas de dos guerras internacionales.
En este orden de cosas, según trascendió en medios argentinos, el arreglo de la deuda de la EBY se concretará mediante “aporte de energía”, vale decir, de conformidad con los términos del malhadado “Preacuerdo Técnico” concertado por el presidente Nicanor Duarte Frutos con su homólogo Néstor Kirchner en el 2006, siendo entonces casualmente director de la EBY el ingeniero Ángel María Recalde, el principal impulsor de la cláusula de “novación”, la que con toda probabilidad, cambiada su denominación, nos impondrán de nuevo los argentinos pese a que la misma ya fue rechazada por la Contraloría General de la República.
Pese a la insistencia de los medios de comunicación para conocer detalles de este punto, y de otros fundamentales en cuanto al interés nacional que contiene el memorándum de entendimiento a ser firmado por los presidentes Cartes y Macri, los máximos responsables del mismo han optado por el silencio. Ni el canciller Eladio Loizaga ni el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira, menos aún el director de la EBY, Ángel María Recalde, se dignaron en reconocer el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de conocer el documento a firmarse con la Argentina.
A estar por declaraciones del consejero argentino de la EBY Martín Goerling, la deuda consolidada de la entidad quedará en unos US$ 4.000 y pocos millones a pagarse durante 30 años con energía eléctrica generada en la usina. Por tanto, nuestro país pagará la mitad de dicha deuda (US$ 2.250 millones), cuando que de conformidad con el numeral IX del Anexo C del Tratado, el saldo de la deuda debe ser honrado en proporción con la cantidad de electricidad consumida por cada país. O sea, como nuestro país consume hasta ahora un máximo de 15% de la electricidad generada en la usina, le correspondería pagar solo unos US$ 600 millones. Vale decir que le estaremos regalando a la rica nación argentina US$ 1.500 millones. ¿A cambio de qué? De no otra cosa que alguna suculenta coima, con seguridad.
La gran ironía es que una y otra vez el presidente Cartes había prometido públicamente que, en la negociación con Argentina sobre la EBY, su gobierno iba a defender a ultranza los intereses nacionales. Por su parte, el señor López Moreira también había prometido que antes de la firma del documento de acuerdo haría públicos los términos del mismo. Por lo sucedido, ambos han mentido al pueblo paraguayo.
Si se confirma la ominosa presunción ciudadana, el presidente Horacio Cartes, y quienes le acompañen en la aventura, se convertirán en reos de alta traición a la Patria, y los paraguayos y paraguayas deben salir a las calles a demandar a los diputados y senadores de la nación que le exijan rendición de cuentas por su irresponsabilidad en la defensa de los intereses superiores del Paraguay, le inicien un juicio político y lo destituyan del cargo.