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Hace 28 años, un golpe militar liderado por el general Andrés Rodríguez derrocó al dictador Alfredo Stroessner, liberando así a la nación paraguaya de las garras de una autocracia que la oprimió durante casi 35 años. Con sus luces y sombras, el sistema democrático de gobierno instaurado en un régimen de libertad ha servido para que nuestro país transitara sin mayores sobresaltos por el camino de una convivencia pacífica, al amparo de una Constitución cuyo mejor recaudo democrático es la prohibición de la reelección presidencial, dada la duradera mentalidad stronista de la que han dado muestras la mayoría de los presidentes de la República que se han sucedido desde el fin de la dictadura, los que de una forma u otra han intentado hacer el rekutu, no obstante la clara prohibición constitucional.
El presidente Horacio Cartes no ha sido la excepción. Por el contrario, aparece como el que con más obstinación está empeñado en pasar por encima de la prohibición constitucional de la reelección, visionaria cláusula democrática que, para la época y el ambiente que vivimos, ha probado ser el mejor reaseguro contra la emergencia de una nueva dictadura en nuestro país.
Para la consecución de su nefasto propósito, el Primer Mandatario está recurriendo a las típicas prácticas de persecución e intimidación del régimen stronista contra quienes se oponen a su ilegal proyecto de reelección. Mientras el Paraguay sufre graves necesidades en educación, salud e infraestructuras que han sido desplazadas de la agenda gubernamental por la vorágine del rekutu, instalando la sensación de que el país está a la deriva, la población es víctima de una galopante inseguridad pública por acción de los “motochorros” y otros delincuentes en las ciudades, y del EPP en el norte del país.
En esta aventura política contra el orden constitucional de la República, el presidente Horacio Cartes cuenta con un cómplice que en sus tiempos de Primer Mandatario también tuvo la veleidad de aspirar a la reelección, y que, si no fuera porque se lo defenestró tempranamente, tal vez hubiese recurrido a las mismas artimañas que Cartes en ese empeño: Fernando Lugo. Aunque la “lugomanía” que siguió a su remoción del cargo es hoy una memoria distante, el exobispo de San Pedro continúa siendo una figura política suficientemente popular, por lo que Cartes lo ha escogido como un aliado clave para el atropello de la Constitución, manipulando a la gente que lo sigue.
Otro aliado con que Cartes cuenta en su conspiración para lograr la reelección es el también expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos. Este sujeto, del mismo pelaje que Lugo y con las mañas de Cartes, entre bambalinas está accionando fuertemente para que se habilite la reelección vía enmienda. No resulta extraño, entonces, que los tres conspiradores se hayan anticipado a lanzar sus respectivas candidaturas a la presidencia de la República en las elecciones generales del 2018, aun cuando la parte del león de la metáfora le corresponderá sin duda a Horacio Cartes, porque, con el manejo del aparato y los recursos estatales, es quien tiene la sartén por el mango, debiendo Lugo y Duarte Frutos contentarse con lo que el rey de la selva se digne finalmente a darles en pago por su colaboración para usurpar el poder.
Dentro de esta conspiración política así orquestada, el presidente Horacio Cartes está trabajando asiduamente para desalentar o prevenir disturbios políticos resultantes de la oposición de la ciudadanía a la enmienda constitucional de marras. Como en los tiempos de Stroessner, los medios de comunicación social están siendo ajustadamente monitoreados. También, a esta altura de los acontecimientos, ya son muchos los ciudadanos que sospechan que el Gobierno tiene controlados sus teléfonos inteligentes a fin de grabar sus comunicaciones personales, como recientemente ocurrió con una conversación vía WhatsApp entre el presidente del Congreso, Robert Acevedo, y la senadora Desirée Masi, caso aprovechado por el asesor de la EBY Luis Canillas para denunciar que ambos estaban conspirando para “matar” al presidente Cartes.
Como en la oprobiosa época de la dictadura, desde que se inició la campaña a favor de la enmienda constitucional, las autoridades gubernamentales se están moviendo muy rápidamente para arrestar a cualquiera que parezca estar planeando protestas contra el Gobierno, como es el caso del activista Paraguayo Cubas, el concejal esteño Celso “Kelembu” Miranda y un reducido grupo de acompañantes, contra quienes fueron movilizados nada menos que unos 300 policías.
Como resultado de esta campaña de intimidación y represión, hasta algunos sectores de los partidos políticos opositores tienden a alinearse con el oficialismo, o al menos no manifestarse en contra de la campaña pro reelección impulsada por el Gobierno, tal como sucedía también en los tiempos de la dictadura. A los autoritarios nunca les faltaron títeres para apuntalar su régimen.
La ciudadanía está a tiempo de despertar de su letargo ante este torbellino de regresión autoritaria, que amenaza con cercenar la libertad que nos dieron los militares en la noche del 2 y 3 de febrero de 1989, y la democracia que, con sus luces y sombras, la sociedad civil ha logrado instaurar y sostener por una generación.