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A pesar de que el presidente Carlos Menem había declarado al proyecto Yacyretá como un verdadero MONUMENTO A LA CORRUPCION, lo ocurrido en Buenos Aires con el contralor general de la República, Octavio Airaldi, en ocasión del primer intento de auditar seriamente los documentos correspondientes a la inmensa deuda de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) con el Gobierno argentino, demuestra que la corrupción y los fraudes financieros en perjuicio del Paraguay son mucho más graves de lo que suponía la declaración del ex presidente Menem.
Es claro que si el presidente Nicanor Duarte Frutos no estuviera comprometido en las inaceptables entregas de nuestra soberanía en estas negociaciones de la binacional, o si conservara un poco de vergüenza y coraje, instruiría a la Cancillería nacional requerir de inmediato las disculpas del Gobierno argentino por el grosero comportamiento de sus funcionarios para con el equipo técnico de la Contraloría General del Paraguay que tenía la misión de examinar las cuentas de la EBY, o inclusive contactaría personalmente con el presidente argentino, Néstor Kirchner, para discutir la preocupante y enojosa cuestión, y establecer mecanismos que permitan a las autoridades de la CGR auditar apropiadamente los documentos de la deuda.
Ante hechos semejantes, cualquier país con un mínimo de dignidad adoptaría medidas firmes, comenzando por el llamado a la Cancillería del embajador argentino para pedir explicaciones. La agresión de funcionarios argentinos no puede tomarse a la ligera, como pretende el director de la EBY, Paul Sarubbi, dado que si los mismos son capaces de llegar a la agresión física para evitar que la población paraguaya conozca la verdad sobre la deuda de la EBY con el Gobierno argentino, que según los registros contables argentinos asciende a 10.885 millones de dólares, es porque existen grandes robos, malversaciones y estafas en el financiamiento de la EBY que no desean que tomen estado público.
Lo sucedido en la sede de Buenos Aires de la EBY demuestra también que el Paraguay, a pesar de supuestamente ser socio condómino en la EBY en partes iguales con la Argentina, realmente es solo un socio de segunda, un convidado de piedra. En la sede de Asunción de la EBY evidentemente no existen los documentos relativos a la deuda de la binacional, documentos que al parecer ninguna autoridad paraguaya, ni el director Paul Sarubbi, conocen. ¿Por qué en un ente binacional como es Yacyretá solamente uno de los socios, la Argentina, dispone de la documentación financiera y administrativa básica, en tanto que el otro socio desconoce el manejo financiero y el origen y la evolución de una deuda?
Los directores y consejeros paraguayos de la EBY jamás revisaron y menos aun controlaron la deuda de la EBY con el Gobierno argentino. Esta deuda, a más de ser espuria por estar basada en la ilegal NR 1992, al parecer está abarrotada no solamente de intereses usurarios, ajustes e intereses punitorios indebidos, sino también millonarias porciones fraudulentas o inexistentes creadas por los funcionarios argentinos con el único propósito de apoderarse de la central Yacyretá y su valiosa energía, como ahora pretenden hacerlo con el Preacuerdo que otorgaría a la Argentina el 42% de la electricidad durante 42 años a precios por debajo del costo.
La justicia y el Congreso deben investigar los hechos de corrupción en contra del Paraguay que los funcionarios argentinos del ente binacional pretendieron ocultar a la Contraloría General, y exigir el procesamiento y el castigo de los funcionarios paraguayos venales involucrados en la defraudación y malversación financiera en su calidad de cómplices, encubridores y traidores a la patria.
Es claro que si el presidente Nicanor Duarte Frutos no estuviera comprometido en las inaceptables entregas de nuestra soberanía en estas negociaciones de la binacional, o si conservara un poco de vergüenza y coraje, instruiría a la Cancillería nacional requerir de inmediato las disculpas del Gobierno argentino por el grosero comportamiento de sus funcionarios para con el equipo técnico de la Contraloría General del Paraguay que tenía la misión de examinar las cuentas de la EBY, o inclusive contactaría personalmente con el presidente argentino, Néstor Kirchner, para discutir la preocupante y enojosa cuestión, y establecer mecanismos que permitan a las autoridades de la CGR auditar apropiadamente los documentos de la deuda.
Ante hechos semejantes, cualquier país con un mínimo de dignidad adoptaría medidas firmes, comenzando por el llamado a la Cancillería del embajador argentino para pedir explicaciones. La agresión de funcionarios argentinos no puede tomarse a la ligera, como pretende el director de la EBY, Paul Sarubbi, dado que si los mismos son capaces de llegar a la agresión física para evitar que la población paraguaya conozca la verdad sobre la deuda de la EBY con el Gobierno argentino, que según los registros contables argentinos asciende a 10.885 millones de dólares, es porque existen grandes robos, malversaciones y estafas en el financiamiento de la EBY que no desean que tomen estado público.
Lo sucedido en la sede de Buenos Aires de la EBY demuestra también que el Paraguay, a pesar de supuestamente ser socio condómino en la EBY en partes iguales con la Argentina, realmente es solo un socio de segunda, un convidado de piedra. En la sede de Asunción de la EBY evidentemente no existen los documentos relativos a la deuda de la binacional, documentos que al parecer ninguna autoridad paraguaya, ni el director Paul Sarubbi, conocen. ¿Por qué en un ente binacional como es Yacyretá solamente uno de los socios, la Argentina, dispone de la documentación financiera y administrativa básica, en tanto que el otro socio desconoce el manejo financiero y el origen y la evolución de una deuda?
Los directores y consejeros paraguayos de la EBY jamás revisaron y menos aun controlaron la deuda de la EBY con el Gobierno argentino. Esta deuda, a más de ser espuria por estar basada en la ilegal NR 1992, al parecer está abarrotada no solamente de intereses usurarios, ajustes e intereses punitorios indebidos, sino también millonarias porciones fraudulentas o inexistentes creadas por los funcionarios argentinos con el único propósito de apoderarse de la central Yacyretá y su valiosa energía, como ahora pretenden hacerlo con el Preacuerdo que otorgaría a la Argentina el 42% de la electricidad durante 42 años a precios por debajo del costo.
La justicia y el Congreso deben investigar los hechos de corrupción en contra del Paraguay que los funcionarios argentinos del ente binacional pretendieron ocultar a la Contraloría General, y exigir el procesamiento y el castigo de los funcionarios paraguayos venales involucrados en la defraudación y malversación financiera en su calidad de cómplices, encubridores y traidores a la patria.